En un avance en el caso de corrupción que ha sacudido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como "El Pastuso", llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Luis Eduardo López, pieza clave en este entramado corrupto, reconoció su autoría en varios delitos graves. Estos incluyen concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, así como falsedad en documento público y privado. Al aceptar estos cargos, 'El Pastuso' buscó una reducción significativa en su pena potencial.
Como parte del acuerdo, López enfrentará una condena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión. Además, se comprometió al reintegro económico al Estado por más de $7.722 millones, de los cuales ya regresó el 52 % (4.017 millones de pesos). Esta suma es parte del dinero desviado durante los contratos fraudulentos relacionados con carrotanques destinados para La Guajira.
El preacuerdo fue avalado por la juez sexta penal especializada Claudia Alexandra Herrada González. Esta figura legal permite negociar beneficios penales a cambio de colaboración efectiva con las autoridades judiciales. En este caso específico, el reconocimiento temprano y voluntario permitió obtener una pena más leve comparada con lo que podría haber sido si hubiera seguido adelante sin colaborar.
De acuerdo con la Red de Veeduría, las víctimas dentro del proceso penal rechazaron este preacuerdo debido a que los impuestos fueron incluidos como parte de la multa. Además, expresaron su descontento porque se les habría negado el derecho a apelar contra esta decisión judicial.
Impoamericana Roger S.A.S
En octubre de 2023, Impoamericana Roger S.A.S. ganó un contrato por $46.800 millones para suministrar 40 carrotanques. Sin embargo, las investigaciones revelaron sobrecostos significativos y una falta generalizada en su uso efectivo para abastecer agua potable a las comunidades necesitadas. Esto llevó a acusaciones formales contra López Rosero.
La empresa fue constituida el 17 de octubre de 2017 en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Inicialmente, su actividad principal estaba relacionada con el comercio de vehículos automotores nuevos y otros productos como ferretería y alimentos.
Una figura clave en la evolución de esta empresa es Elmer Celis, un negociante cuyo nombre comenzó a figurar en los registros desde febrero del 2019. Fue asesinado en marzo del 2023, justo antes que la empresa ganara un contrato millonario para suministrar carrotanques a la UNGRD. Estuvo investigado por lavado de activos relacionados con importaciones y exportaciones ficticias a través de otra empresa llamada Roymar S.A.
Roymar S.A.S., bajo administración efectiva de Celis entre 2017 y 2019, movió más de $40.000 millones en transacciones que están siendo examinadas por las autoridades debido a posibles vínculos con actividades ilícitas. Además, se reportaron movimientos financieros sospechosos superiores a $2.000 millones solo durante el año 2018