EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste este proyecto de ley y cuál fue la motivación detrás de la iniciativa?

CLARA LÓPEZ: Este proyecto de ley tiene como objetivo eliminar todas las formas de uniones tempranas en las que uno o ambos integrantes sean menores de 18 años, abarcando tanto el matrimonio infantil como las uniones maritales de hecho.

Una de sus propuestas centrales es el Programa Nacional “Proyectos de Vida Digna” para niños, niñas y adolescentes, que busca educar y sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias de las uniones tempranas, promoviendo que los menores desarrollen sus proyectos de vida en un ambiente de protección y sin vulnerabilidad.

La motivación de esta iniciativa es proteger a los menores de edad de prácticas que afectan su desarrollo integral, salud, educación y seguridad, contribuyendo a su bienestar y a la equidad social.

ENS: ¿Cómo afecta esta práctica a los menores, y por qué era tan urgente prohibirla en Colombia?

CL: Las uniones tempranas tienen graves consecuencias para los menores, especialmente para las niñas, afectando su salud, al exponerlas a riesgos de embarazo precoz y violencia; su educación, pues muchas abandonan la escuela; y su bienestar emocional, dado que enfrentan mayores niveles de abuso y dependencia. La prohibición era urgente para proteger a los menores de estos riesgos y romper ciclos de pobreza, vulnerabilidad y violencia que impactan sus vidas y limitan sus oportunidades de crecimiento.

ENS: ¿Cómo aborda esta ley las uniones de hecho y qué limitaciones enfrenta en estos casos?

CL: La ley modifica la Ley 54 de 1990 para regular que las uniones maritales de hecho solo sean válidas entre personas mayores de 18 años. Asimismo, establece que, en los casos en que uno o ambos compañeros sean menores de 18 años, estas uniones no tendrán efectos legales y se deberán activar mecanismos de restablecimiento de derechos para proteger a los menores involucrados.

ENS: ¿Considera que esta ley tendrá un impacto directo en la reducción del embarazo adolescente? Y ¿qué otras políticas cree que deberían acompañar esta medida?

CL: La prohibición de las uniones tempranas puede contribuir a la reducción del embarazo adolescente al limitar la exposición de las menores a situaciones de vulnerabilidad. La ley incluye campañas educativas que abordarán los riesgos y consecuencias de las uniones tempranas, así como la promoción de una educación en derechos y salud para los adolescentes.

Estas campañas serán implementadas en colaboración con instituciones como el ICBF, el Ministerio de Educación y el Sistema de Medios Públicos RTVC, e incluirán contenidos específicos para las instituciones educativas y zonas rurales.

ENS: Sabemos que existen factores socioculturales que influyen en la normalización del matrimonio infantil, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. ¿Qué pasos contempla el Congreso para abordar estos patrones y ofrecer alternativas a las comunidades donde estas prácticas son comunes?

CL: La ley establece que no habrá excepciones en su ámbito de aplicación, por lo que las uniones tempranas estarán prohibidas en todo el territorio nacional, incluyendo en las comunidades indígenas. Sin embargo, el programa preventivo, cuyo objetivo es cambiar mentalidades y prevenir estas prácticas, cuenta con la participación de representantes indígenas, permitiendo que la implementación del programa se adapte a los factores culturales de cada comunidad.

Esta participación busca que el programa no sea visto como una imposición, sino como un esfuerzo conjunto para proteger los derechos de los menores de edad, respetando a la vez la diversidad cultural.

ENS: Este proyecto de ley es un gran avance, pero sabemos que la legislación por sí sola no garantiza un cambio cultural. ¿Qué rol jugarán los sectores de educación y salud en la implementación de programas de sensibilización y prevención en este tema?

CL: Los sectores de educación y salud serán clave para implementar programas de sensibilización y prevención, con la integración de contenidos sobre los riesgos de las uniones tempranas en la formación escolar y en los servicios de salud. Estos sectores colaborarán en campañas nacionales de concienciación, tanto en áreas urbanas como rurales, asegurando que los jóvenes y sus familias reciban orientación adecuada para proteger sus derechos y fomentar decisiones de vida informadas.

ENS: ¿Qué impacto espera que tenga esta medida en la imagen de Colombia en el ámbito internacional y en términos de derechos humanos?

CL: La aprobación de esta ley posiciona a Colombia como un referente internacional en la protección de la niñez y la erradicación de prácticas que vulneran sus derechos. La medida se alinea con los compromisos internacionales de derechos humanos y particularmente con los objetivos de la Conferencia Ministerial por la Niñez, que acaba de celebrarse en Colombia.

Durante este evento, se destacaron áreas prioritarias para proteger a los niños de la violencia y se promovieron compromisos concretos para cumplir con el ODS 16.2, que busca erradicar todas las formas de violencia contra los niños. Esta ley es una contribución directa a este objetivo y permite a Colombia no solo cumplir con un compromiso cuantificable, sino también participar activamente en la creación de una plataforma global para visibilizar y apoyar a los sobrevivientes de violencia infantil.

Además, al adoptar este marco legal progresivo, Colombia fortalece su credibilidad internacional, mostrándose como un país comprometido con los derechos de la infancia y con el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos.

ENS: ¿Cómo planea el Congreso enfrentar posibles resistencias y asegurar una implementación efectiva de esta ley en todo el territorio nacional?

CL: Para enfrentar posibles resistencias, el Congreso ha promovido la colaboración con instituciones como el ICBF, la Defensoría del Pueblo y las Comisarías de Familia, así como con autoridades locales y líderes comunitarios. Se planean campañas de sensibilización y programas de capacitación a funcionarios en todas las regiones, con un enfoque específico en áreas rurales, para asegurar que la ley se entienda y aplique de manera efectiva en todos los contextos.

ENS: ¿Cuáles son los próximos pasos para continuar protegiendo los derechos de los menores en Colombia? ¿Considera que existen otros temas urgentes que deberían ser legislados en pro de la niñez?

CL: Existen temas pendientes en la agenda legislativa que son urgentes para la protección integral de la niñez en Colombia. Entre ellos, la prohibición de la mutilación genital femenina y las llamadas terapias de reconversión son prioridades que requieren una legislación clara para proteger a los menores de estas prácticas. Hay otras iniciativas que pueden ser concordantes, como la creación de un fondo de apoyo para los hijos de víctimas de feminicidio y el reconocimiento legal de la violencia vicaria, que afecta a los hijos en contextos de violencia hacia sus madres.