EL NUEVO SIGLO: El gobierno Petro sostiene que en el proyecto de ley que reglamenta la jurisdicción agraria y rural no se está planteando un mecanismo de expropiación exprés. ¿Usted qué cree?

CECILIA LÓPEZ MONTAÑO: Hay dudas sobre esto. Además, hay muchas cosas que preocupan. En primer lugar, ellos justifican lo que hacen, diciendo que simplemente están reproduciendo lo que se dice en normas actuales.

Por ejemplo, en el caso de la expropiación, ellos dicen que están siguiendo lo que dice la norma actual. Pero la norma actual establece que la expropiación se puede hacer, pero por vía judicial.

La preocupación de fondo que tenemos muchos, porque el Gobierno ha tratado de hacerlo distinto, es que se esté hablando de la posibilidad de una expropiación por la vía administrativa.

Esto genera una cantidad de incertidumbre y un impacto sobre la población. Esta duda surge porque, por ejemplo, cuando dicen que están copiando exactamente la norma que existe sobre extinción de dominio, cuando uno mira lo que está en el nuevo proyecto se agrega una palabra que no estaba en lo inicial: De extinción de dominio, agregan la palabra concentración.

Cuando la norma inicialmente no hace distinción entre pequeños y grandes predios, se ve claramente que hay una intención de profundizar su estrategia en las grandes extensiones de tierra.

ENS: ¿Qué otras preocupaciones hay en torno al proyecto?

CLM: Esa misma preocupación se transmite cuando miramos uno de los parágrafos de uno de los artículos en que le entregan a la Agencia Nacional de Tierras el manejo de muchos procesos que tienen que ver con la tierra. Entonces, queda la duda de que, cómo no es exacto que estén repitiendo lo que las normas actuales dicen, están quedando disposiciones que pueden permitir que hagan algo que ya el Gobierno ha tratado.

Aquí hay una historia. Desde que yo estaba de ministra trataron de sacar un decreto, pero en un artículo para el Plan de Desarrollo donde cambiaban lo que dice la norma hoy, que es que se puede hacer expropiación por la vía jurídica, para que la expropiación fuera por la vía administrativa.

Entonces lo que quiero decir es que hay dudas y no hay transparencia total, por lo que se tiene que aclarar en un debate mucho más abierto en el Congreso.

Quiero agregar que la actitud tanto de la ministra de Justicia, como la de la ministra de Agricultura y la del ministro de Interior, es que están diciendo que nos estamos inventando fantasmas. A mí me parece que eso es una falta de respeto con gente que ha tenido historia y se conoce lo que ha venido pasando con respecto a un tema tan neurálgico como eso.

ENS: El debate central sobre este tema está en quién toma finalmente la decisión, si un juez o la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué cree usted que plantea el proyecto?

CLM: Es muy curioso que en un proyecto cuya idea central es reforzar el papel de los jueces agrarios, lo cual es fundamental y es válido, le están dando muchas atribuciones a la Agencia de Tierras.

Lo que no podemos aceptar, y que se ha caído a través de la Corte con el último intento que hizo el gobierno, es que la expropiación sea por vía administrativas.

Ese es el peligro que queremos estar seguros que no existe con esta nueva propuesta.

Las políticas de tierra

ENS: Hay quienes dicen que el Gobierno está buscando revivir mediante este proyecto reglamentario los temas de políticas de tierra que tumbó la Corte Constitucional en el Plan de Desarrollo, ¿cuál es su opinión?

CLM: Cuando yo era ministra y estábamos tratando de hacer la reforma agraria por una fórmula distinta, usando instrumentos económicos como el Catastro Multipropósito, hacer y llevar ese catastro a las áreas donde sabíamos que hay tierras utilizadas, generaba impuestos mucho más altos, ya que se lleva el valor de la tierra a su valor real.

Ante esos impuestos altos, el propietario de la tierra tenía que tomar una decisión: O la volvía productiva o se la vendía al Gobierno.

Hoy entiendo, por qué eso se acabó. Cuando se estaba discutiendo y se estaba preparando un artículo para hacerlo, sin yo saber, Laura Sarabia y el director de la Agencia, prepararon un artículo para el Plan de Desarrollo, en el cual pasaban la expropiación a una forma administrativa, dándole a la Agencia Nacional de Tierras la potestad de hacer esa expropiación.

Eso lo trataron de pasar. Yo renuncié porque estaba en desacuerdo. El presidente sacó ese artículo en minutos y, por eso, no aceptó mi renuncia. Pero después lo trataron de pasar apenas y yo salí inmediatamente.

La ministra Jhennifer Mónica y el director de la Agencia trataron de meterlo en el Congreso. Finalmente, lograron meter en el Plan de Desarrollo ese artículo que la Corte acaba de tumbar.

El Gobierno no siguió con la idea de usar el catastro, sino que ha tratado, por lo menos dos o tres veces, de hacer la expropiación administrativa.

ENS: Pasados dos años del gobierno Petro, ¿cree que hay tiempo suficiente para cumplir las metas que se hayan planteado en materia de reforma agraria?

CLM: Desde el principio, yo, personalmente, dije que es imposible, si se quiere hacer esto bien hecho, porque no es solamente comprar tierras. Es una reforma agraria. Comprar tierras es un paso para eso.

Pero después hay que ver qué tierra es adecuada, qué se puede producir en esa tierra, agrupar a los campesinos para entregárselos a un grupo de ellos y hacer un proyecto productivo.

Entonces, es imposible esa meta que había puesto al principio el presidente. En lo que insistí, aún en este momento, que se pensaba en usar la vía judicial, era fundamentalmente reducir la meta para hacerlo muy bien.

Si en ese momento sería difícil, ahora que han pasado dos años en donde aquí no ha habido reforma agraria, es imposible que esa meta se vaya a cumplir.

ENS: ¿Por qué no terminó funcionando el tema de la oferta de las 500.000 hectáreas que ofrecieron los ganaderos para venderle al Gobierno?

CLM: Fui la primera que se lo dije al presidente. El presidente se demoró en aceptarme la reunión para explicarlo. Los ganaderos sí ofrecieron tierras, pero donde no se podía hacer la reforma agraria.

Habíamos quedado en que esas tierras debían estar en la región Caribe, donde había una demanda por esas tierras por ser muy productivas, y que fácilmente se podrían convertir en proyectos productivos.

Muchas de las ofertas se hicieron en zonas donde la tierra necesita tratamientos costosos como Los Llanos, por ejemplo.