EL NUEVO SIGLO: Se conoció que se iniciará una mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia, ¿qué opina?

MARTA LUCÍA RAMÍREZ: Esto de la negociación ahora con ‘Iván Márquez’ en la mesa es una gran burla a Colombia. El mismo que firmó el acuerdo de Juan Manuel Santos y que de inmediato se desmarcó y se fue luego a Venezuela para continuar su accionar criminal desde allí contra el pueblo colombiano y contando con el apoyo del régimen venezolano. Acá hay aliados muy peligrosos para la estabilidad, el progreso y el futuro de Colombia.

¿Qué de todo esto habrá sido tratado durante las continuas visitas presidenciales a Maduro? ¿Qué acuerdos existen? La única paz total que puede dar garantías a Colombia es el acatamiento de todos los colombianos sin excepción del Estado de derecho, el cumplimiento de la Constitución y la ley, y el mejoramiento de las condiciones de estabilidad y atracción de la inversión para contar con más empresas en Colombia generando millones de empleos y emprendimientos.

¿Cómo así que quienes se hacen elegir dentro de la democracia nos vienen ahora con el cuento de que no les gusta la Constitución del 91, tal como sale a decir la senadora Zuleta, que por fin confesó que sí están trabajando en la reelección de Gustavo Petro? Los procesos de paz tienen sentido cuando ha habido motivaciones políticas que generan tensiones y diferencias sobre la manera de sacar adelante un país. Acá lo que hay son criminales, agitadores, terroristas y delincuentes de todos los pelambres aprovechando la debilidad a la que están llevando a la institucionalidad para tomar control del territorio y someter a la población.

ENS: El excanciller Álvaro Leyva dice que la constituyente se puede tramitar por medio del Acuerdo de Paz. ¿Qué piensa de eso?

MLR: Esa es otra falacia. Los propios negociadores del acuerdo Santos han sido claros en que eso jamás estuvo en discusión. Lo cierto es que ese texto misterioso jamás hizo parte de lo que se hizo público y se consultó al pueblo colombiano

ENS: Petro dijo en su cuenta de X "el papel histórico del Congreso hoy, es tramitar su convocatoria, si no, el poder constituyente más tarde que temprano lo hará". ¿Qué opina?

MLR: Eso suena a una amenaza que es inaceptable. ¡Qué horror que el presidente del Congreso que tanto nos entusiasmó con la defensa de la institucionalidad haya terminado en lo que terminó!

Grupos ilegales

ENS: ¿Cómo ve usted el accionar de los grupos armados en el país?

MLR: Refleja una falta de compromiso total del presidente y su gobierno con el principal deber del Estado en cuanto a garantizar la vida y libertades de los ciudadanos.

No existe en esta administración una verdadera política de seguridad para garantizar esa protección a los ciudadanos. Entretanto, pretenden distraernos hablando de un nuevo proceso de paz que no es genuino, sino que muestra una peligrosa condescendencia con quienes tienen una estrategia bien calculada para explotar las debilidades del Estado.

Según el informe de Coordinadora Humanitaria, durante el año 2023 se habrían presentado 1.047 violaciones al cese al fuego, lo que indica que estos grupos utilizan las treguas para reorganizarse y ampliar su control territorial.

Esta situación se ve agravada por la notable reducción en la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, a la que han limitado en su crecimiento, dotación y directrices, pues mientras se les obliga a un “cese bilateral al fuego”, ven con impotencia que el accionar criminal se multiplica en varios lugares de la geografía nacional.

Es muy grave que no se dé prioridad al equipamiento, mantenimiento y un crecimiento estratégico de las fuerzas capacitadas para enfrentar cada amenaza en cada lugar del territorio.

ENS: ¿Qué está pasando en zonas como el Cauca, Nariño, Valle del Cauca e incluso el Huila?

MLR: En el sur de Colombia, particularmente en zonas como Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Huila, se está viviendo una de las peores crisis de control territorial en la historia reciente del país. Esta región ha experimentado una cesión territorial enorme, que se manifiesta en la consolidación de economías ilegales y la creciente influencia de grupos armados que secuestran comunidades enteras, principalmente indígenas.

La falta de presencia institucional y la pérdida de confianza en el Estado han dejado enormes territorios y comunidades vulnerables a la violencia y expansión de economías criminales.

La desidia del Gobierno para implementar una estrategia de seguridad contundente ha permitido que grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo o Agc, fortalezcan sus posiciones, incrementen su influencia, se ensañen contra esos departamentos, sus ciudadanos y la Fuerza Pública que opera allí.

Esta realidad ha derivado en un aumento de la violencia, impactando gravemente la vida y socavando cualquier fuente de desarrollo.

ENS; ¿Cómo observa usted la paz total, en qué ha fallado el Gobierno en ese sentido?

MLR: La política de paz total promovida por el gobierno de Gustavo Petro ha cometido varios errores decisivos que han impedido alcanzar sus objetivos. En primer lugar, el Gobierno ha iniciado negociaciones con facciones minoritarias de las disidencias, el Eln y las Agc,  presentándolas como representativas de toda la estructura armada, lo cual no es cierto.

Esta falta de representatividad ha resultado en un proceso desarticulado, impidiendo una proyección clara del impacto de estos esfuerzos y, lo que es muy grave, legitimando a cualquier estructura criminal para sentarse a la mesa a acordar con el Gobierno. ¿Acordar qué? Acá hay un Estado legítimo y unas instituciones que funcionan.

No podemos estar reduciendo las capacidades nacionales a la pequeña dimensión de unos criminales que se enriquecen con la droga, el narcotráfico, el contrabando, y la gravísima practica criminal de la extorsión, que afecta a gente muy humilde que apenas tiene un pequeño negocio y deben tributar a los criminales so pena de las amenazas contra ellos, sus familiares y sus lugares de vivienda.

Sin una contraparte legítima y significativa, cualquier acuerdo alcanzado carece de la capacidad de implementar cambios reales y duraderos que acaben la violencia y promuevan condiciones para un desarrollo económico que genere empleos y bienestar a las familias y progreso a la sociedad. Este gobierno ha adoptado una postura permisiva frente al narcotráfico, que es la principal fuente de financiación de la violencia en Colombia. Esta permisividad se ha reflejado en una expansión significativa de los cultivos ilícitos y por ende de la influencia de los grupos armados en diversas regiones del país.