“Ya hemos armado el rompecabezas. Tenemos el autor material. También tenemos a los colaboradores, hoy condenados. Los que entregaron información inteligencia. Y ahora vamos tras el autor intelectual de los hechos, que es el doctor Luis Alfonso Hoyos. En ese sentido se hará la imputación en los próximos días".

Así lo declaró ayer en rueda de prensa Julián Quintana, director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), en referencia a las interceptaciones ilegales realizadas para perjudicar los diálogos de paz con las Farc.

Hoyos salió del país en enero, luego de que la Fiscalía anunciara la imputación de cargos.

Según Quintana, Hoyos, entonces asesor de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, dirigió la operación en la que “por 8 millones de pesos agentes del Estado filtraron información sobre inteligencia de las Farc en caso hacker. La información que recibió el hacker Sepúlveda fue la misma que recibió el asesor espiritual Luis Alfonso Hoyos”.

El mencionado hacker es el ingeniero Andrés Sepúlveda, a quien un miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia y un cabo primero del Ejército Nacional, cuyos nombres no fueron suministrados, vendían información “sobre objetivos militares, nacionales e internacionales”, expresó Quintana, anotando que se entregó " información de las Farc, de inteligencia, de movimientos, de ubicaciones".

Quintana reiteró que "tenemos ya información contundente, avalada por un juez, que nos dice que efectivamente Andrés Sepúlveda obtuvo esta información ilícita, secreta, ilegal, y así mismo la proporcionó a la campaña de Óscar Iván Zuluaga para tener el único objetivo de desestabilizar el proceso de paz".

Los dos agentes del Estado llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía, que fue avalado por un juez con función de conocimiento de Bogotá imponiéndoles a los funcionarios condenas de 4 años y 4 meses de prisión, así como 6 años y 8 meses de cárcel, respectivamente.

Sepúlveda, que trabajaba en la campaña de Zuluaga, ya fue sentenciado en abril a 10 años de cárcel.

 ¿Infiltración?

Por el mismo caso, Zuluaga, hoy director nacional del Centro Democrático, asistió a una diligencia de versión libre que duró cuatro horas para informar sobre las presuntas relaciones de Sepúlveda con el senador Álvaro Uribe.

A la salida, Zuluaga dijo que Hoyos es "una persona íntegra, a quien conozco desde hace muchos años y tiene una trayectoria pública y privada ejemplar".

El dirigente político insistió en que su campaña "fue infiltrada" para hacerle perder las elecciones: “Mi campaña fue infiltrada, se hizo un daño enorme y espero que se aclare cómo fue que se infiltró, de forma mal intencionada mi campaña”.

Sin embargo, Luis Carlos Sepúlveda, hermano del ingeniero Sepúlveda, desmintió a Zuluaga: “Entiendo un poco el dolor que ellos puedan sentir, pero es claro que la campaña no fue infiltrada. Tan así es, y quiero que la gente lo ponga en términos de fecha, que Andrés no termina hablando y colaborando con la justicia sino después de que Santos ya era presidente”.

Investigación

Quintana precisó que en la investigación se determinó que ambos vendieron información de carácter secreto, como la base de datos del Grupo de Atención Humanitaria para el Desmovilizado (GAHD), la cual contenía datos de desmovilizados de la guerrilla colombiana, desde 1993 a 2008.

Quintana recalcó que “en Colombia tenemos ya dos sentencias por los delitos de espionaje, que fueron las primeras en el país”. Los agentes son los dos primeros funcionarios públicos condenados en el país por este delito.

Según lo pactado en el preacuerdo, los procesados también fueron condenados por los punibles de violación de datos personales y cohecho.

Orden de captura

Hace quince días, el fiscal Eduardo Montealegre había confirmado la intención de solicitarle a un juez de Paloquemao en Bogotá la audiencia de imputación de cargos y una medida de aseguramiento para Hoyos, que sería acusado de los delitos de “concierto para delinquir, espionaje, violación de datos personales y uso ilegal de software”, según el alto funcionario judicial.