Condenan al Inpec por la muerte de su exdirector, Víctor Pérez Camacho, pues el Consejo de Estado consideró que no se le proporcionó la seguridad necesaria para proteger su vida en respuesta a las amenazas que recibió durante el desarrollo de su deber y servicio con la institución.

Pérez Camacho había recibido amenazas en su contra 6 meses antes de su muerte en 1997, porque había denunciado a un guardia que podría haber intervenido irregularmente en la salida de algunos presos y el ingreso de armas de fuego y sustancias ilícitas.

El fallo del Consejo declara que "la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio”.