Los defensores de una mayor regulación de armas de fuego en Estados Unidos lo aseguran: el año 2018 marca un punto de inflexión en su lucha, con la adopción de reglas restrictivas en muchos estados, incluyendo la emblemática Florida.

Aunque aún queda mucho por hacer, estos activistas también celebran la elección en noviembre de varios parlamentarios o gobernadores favorables a su causa.

"En 2018 cambiamos el rumbo", dijo Shannon Watts, fundadora de la organización Moms Demand Action (Madres piden acción), en una nota de opinión publicada por The Huffington Post.

Este año, el movimiento por la seguridad en relación a las armas de fuego "ha experimentado un movimiento tectónico", indicó la organización Giffords, fundada por una parlamentaria que sobrevivió a un tiroteo, en alusión a 67 nuevas leyes restrictivas adoptadas en 27 estados, tanto republicanos como demócratas. 

Algunas reglas elevan la edad legal para la compra de armas de fuego, otras refuerzan el control de los antecedentes de los compradores. En otros lugares, permiten el decomiso de las armas de protagonistas de violencia doméstica o de personas señaladas como peligrosas.

Algunos estados sin embargo han aprobado leyes en la dirección opuesta, que incluyen permitir el porte de armas en escuelas o lugares de culto (Dakota del Sur), pero "el lobby de armas ha logrado imponer menos textos en 2018 que en años anteriores", según el grupo Giffords.

A nivel federal, por otro lado, solo se adoptó una medida: la administración prohibió los "bump stocks", dispositivos que permiten disparar en ráfaga. Y no existe intención alguna de modificar las medidas relacionadas con fusiles de asalto.

También Florida

En Estados Unidos, el porte de armas es un derecho garantizado por la Constitución, y el 30% de los adultos dice que posee al menos un arma de fuego. 

La segunda enmienda, que encuentra su origen en la historia conquistadora de los pioneros de Europa, no se discute. Pero el 57% de los estadounidenses exige actualmente reglas más estrictas para minimizar la cantidad de muertes y heridos con armas. Hace un año, era un 52%.

Las armas de fuego han causado más de 36.000 muertes en 2018. La masacre en una escuela secundaria en Parkland, Florida, en la que murieron 17 personas el 14 de febrero, causó un shock en la sociedad: un millón y medio de estadounidenses tomaron las calles para exigir control de las armas, y la súplica de adolescentes traumatizados recorrió todo el país.

Ante estas presiones, incluso Florida, conocido por su flexibilidad en la venta de armas, ha comenzado a implementar tímidas reformas. El republicano Rick Scott, entonces gobernador, firmó en marzo una ley que fija en 21 años la edad legal para comprar un arma de fuego, e impone un período de tres días entre la compra de un arma y su entrega.

Scott, que accedió al Senado de Estados Unidos en noviembre, no recibió el apoyo del poderoso lobby pro-armas, la Asociación Nacional del Rifle (la NRA), como en votaciones anteriores.

Disputa electoral

Durante años, este lobby ha vertido millones de dólares en campañas electorales para asegurar la victoria de sus candidatos que, una vez en el Congreso, torpedean cualquier intento de regulación. 

Pero otro hecho notable de este año es que las organizaciones que buscan regular las armas han gastado más que la NRA.

El poderoso lobby gastó solo 10 millones de dólares en las elecciones de mitad de mandato, frente a 27 millones de dólares en 2014, según su sitio web. 

A la inversa, el exalcalde de Nueva York y multimillonario Michael Bloomberg brindó apoyo a la causa contraria con fondos de campaña, a través de su organización "Everytown for gun safety". La inversión dio sus frutos: el 83% de los 66 candidatos que apoyó, ganaron.

Las victorias notables incluyen a Lucy McBath, cuyo hijo murió tras recibir disparos en 2012 en una gasolinera. McBath ganó un escaño en la Cámara de Representantes frente a un candidato republicano clasificado como "A" por la NRA (favorable a sus principios).

El 3 de enero los candidatos victoriosos ingresarán al Congreso. Los demócratas, que recuperaron el control de la Cámara de Representantes, prometieron presentar en los primeros 100 días un proyecto de ley para fortalecer la verificación de antecedentes de los compradores de armas.