Emisarios estadounidenses y africanos intensificaron sus esfuerzos este jueves en Jartum para encontrar una solución a la crisis entre los militares en el gobierno y el movimiento de protesta en Sudán, donde el derrotado presidente Omar al Bashir fue inculpado por corrupción.

Destituido con un golpe militar el 11 de abril, tras meses de protestas y al cabo de 30 años de férreo control del país, Bashir fue inculpado de "corrupción" tras ser acusado de "posesión de fondos de origen extranjero y adquisición ilegal de riquezas", según la agencia de prensa Suna.

En abril, el general sudanés y nuevo caudillo del régimen Abdel Fattah al Burhan anunció el decomiso de 113 millones de dólares en tres monedas diferentes en la residencia del expresidente.

El juicio contra Bashir era uno de los principales reclamos del movimiento de protesta que exige ahora que el Consejo Militar de Transición en el gobierno transfiera el poder a los civiles.

Para mantener la presión por esta cuestión, una campaña de desobediencia civil paralizó casi por completo Jartum del domingo al martes, a pesar del endurecimiento de la represión iniciada con la sangrienta dispersión el 3 de junio de una sentada frente al cuartel general del ejército en la capital.

Fue gracias a una mediación del primer ministro etíope Abiy Ahmed que los líderes de la protesta detuvieron esa campaña y aceptaron reanudar las negociaciones con los militares.

Demanda de investigación

Estados Unidos y la Unión Africana (UA), que exigen una transferencia del poder a los civiles, enviaron de su lado emisarios a Jartum para reunirse con ambas partes.

El emisario especial de Washington para la crisis en Sudán, el exdiplomático Donald Booth, llegó el miércoles junto al vicesecretario de Estado estadounidense para África, Tibor Nagy.

Booth y Nagy tenían previsto reunirse con Al Burhan, pero no fue posible confirmar si el encuentro tuvo lugar.

La Alianza para la Libertad y el Cambio (ALC), punta de lanza del movimiento de protesta iniciado en diciembre de 2018, declaró que sus líderes informaron a los estadounidenses de la necesidad de una investigación transparente de la represión del 3 de junio, atribuida a las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar.

Según un comité de médicos cercano al movimiento de protesta, más de un centenar de personas murieron y otras 500 resultaron heridas por la represión, la mayoría el 3 de junio.

Las autoridades estiman por su parte en 61 el número de muertos, 49 de ellos por disparos en Jartum.

Los líderes de la ALC también pidieron al retirada de las "milicias" de las calles de Jartum y otras ciudades, el cese de los cortes de internet y el establecimiento de una autoridad civil, según un comunicado.

El jueves, había menos miembros del RSF en las calles de la capital, donde se volvieron a ver embotellamientos, constató un periodista de la AFP.

"Sin excesivo optimismo"

Los enviados estadounidenses tenían previsto también reunirse con diplomáticos sauditas, emiratíes y egipcios. Aliados árabes de Washington Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos apoyan a los militares, según analistas.

El emisario de la UE, Mohamed El Hacen Lebatt, afirmó que un grupo de diplomáticos extranjeros trabajaba para resolver la crisis. "Puedo decir sin excesivo optimismo que las discusiones que hemos tenido con cada parte por separado progresan".

Las protestas en Sudán empezaron en diciembre cuando se triplicó el precio del pan y se convirtieron después en un movimiento político.