Esta semana, la revista “The Economist” publicó su índice sobre niveles de democracia en el mundo, con unos resultados preocupantes que demuestran un aumento de los regímenes autocráticos o semiautoritarios. Aunque las cifras revelan un deterioro a nivel mundial, confirman una tendencia que se viene viendo desde hace una década y que con el pasar de los años ya parece pasajera para muchos. Ciudadanos, gobiernos y organismos conocen el estado de las cosas y hacen poco por cambiarlo, salvo contadas excepciones.

Una de estas excepciones es Uruguay. Sí, siempre Uruguay, diría Mario Benedetti. Este país, que fue pionero en proponer el “bono verde”, ahora propone la posibilidad de generar bonos atados al “cumplimiento de metas democráticas”, que, en el caso uruguayo, como muestra el índice de la revista inglesa, es uno de los más altos del mundo.

Sobre esta propuesta, un panel de expertos se reunió esta semana en Washington, en el foro “La influencia de Wall Street en la democracia en América Latina” (traducción propia de inglés a español).

Finanzas y autocracias

En el foro, varios de los asistentes presentaron propuestas innovadoras que vale la pena analizar si la intención es proteger las democracias o, mejor, dotarlas de una serie de incentivos que sirvan para frenar el avance de los regímenes iliberales.

“¿Hasta qué punto cada uno de nosotros está financiando regímenes autocráticos a través de nuestras inversiones o fondos de pensiones?”, ha preguntado Marcos Buscaglia, autor del libro “Más allá de la cartera ESG: cómo Wall Street puede ayudar a que las democracias sobrevivan” y asistente al foro.

La pregunta de Buscaglia es provocadora y revela la relación tensa entre las finanzas y la libertad financiera y los regímenes autocráticos o semiautocráticos. En los últimos 10 años, varios casos muestran como los inversores apostaron por países donde había un ambiente propicio para los negocios, a pesar de que eran –o son– gobernados por autocracias o semidictaduras.

El presupuesto es que al inversor poco le importan las condiciones democráticas de un país a la hora de invertir. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, un flujo importante de capital extranjero y local fue destinado a proyectos de cobre, por las facilidades que daban el régimen para invertir en Chile. “La fantasía más desbocada de los ideólogos hipercapitalistas no es ampliar la democracia, sino restringir su alcance o incluso extinguirla”, escribe en su libro, “Capitalismo fragmentado”, Quinn Slobodian, en referencia a los hipercapitalistas que en los años 1980 decidieron invertir en Hong Kong por sus bajos impuestos, independientemente de sus condiciones políticas y democráticas.

Unos 40 años después, el sueño de Hong Kong ha quedado en pausa y con esto ha quedado demostrado que las condiciones políticas y democráticas importan más de lo que se cree. El presidente chino, Xi Jinping, ha bloqueado las libertades en esta ciudad de casi 8 millones de personas con la ley de seguridad, trayendo consigo un mal ambiente para los negocios. En su momento, Hong Kong fue visto por los inversores como la máxima expresión de un proyecto liberal, opuesto a la China, donde al final también terminaron llegando.

La llegada de los inversores a la China, que comenzó con la apertura económica decidida por el reformista Deng Xiaoping a mediados de los 1980, se consolidó por el enorme potencial que tenía su economía, siendo la que más creció en el mundo por décadas. Este país, sin embargo, ha demostrado que, a pesar de que en su momento haya habido una oportunidad ideal para invertir, siempre hay que tener en cuenta el sistema político del cual se desprenden la seguridad jurídica, las políticas impositivas y otras tantas reglas.

“Mucha gente invirtió masivamente en China hace unos años y están arrepentidos hoy. La riqueza que se generó en China casi no volvió a los inversores en el mercado de valores. Lo mismo pasó en Rusia en los últimos años”, dijo Buscaglia en el foro en Washington. ¿Dónde quedó esa riqueza? ¿Por qué no retornó a los inversores?

Estas y otras preguntas son esenciales para insistir en la idea de que los sistemas democráticos, con sus imperfecciones y desafíos, terminan siendo favorables a los inversionistas porque respetan, por lo general, las reglas de juego bajo las cuales se ha hecho la inversión. De ahí la necesidad no sólo de publicar índices sobre el cumplimiento de las reglas democráticas, sino buscar incentivos que generen en los países la necesidad de cumplir con tales reglas para lograr mayores y mejores ingresos.

Uruguay, recompensado

Uruguay, como Costa Rica o Chile, han salido bien posicionados una vez más en el indicador democrático publicado esta semana. Sobre este rendimiento, Nicolás Saldía, analista sénior de  The Economist  Intelligence Unit –área de consultoría e inversiones de la revista británica–, planteó que “la mejor manera de promover el reforzamiento democrático es que los países emitan bonos, créditos o préstamos vinculados esos objetivos (democráticos)”. “Uruguay –y otros– debería recibir algún beneficio de los mercados globales y de los principales países del mundo. También debería tener acceso preferencial a sus mercados”, dijo el analista.

En línea con esta lectura, la ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, ha solicitado a los organismos internacionales que tengan en cuenta el cumplimiento ambiental de su país y también incluyan en su valoración el cumplimiento de las reglas democráticas.

La propuesta de la ministra Arbeleche, además de innovadora, no parece tan alejada de la realidad. En Wall Street, cada vez más asesores y financieros tienen en cuenta los índices democráticos de los países para asesorar a sus clientes.

Uno de estos asesores, Phillipe Bolopion, jefe de Tobain Inversiones y otros de los participantes en el foro de Washington, ha venido trabajando desde hace años en un indicador llamado “riesgo autocrático”, lo que le ha permitido “maximizar los ingresos” de sus clientes, a partir, también, de otro valor de estudio que es el origen de los proveedores de países que son democráticos, pero se proveen de bienes y servicios de aliados no democráticos.

Aunque ya existen estos indicadores, todavía no se ve claro cómo volver una realidad el “bono democrático” y así incentivar en muchos países el cumplimiento de las reglas democráticas. Unos años atrás, los bonos “verdes” eran impensables, hasta que, como comentó Buscaglia, “el discurso cambió, como ocurrió con los ESG”.

“Los bonos ESG no aparecieron porque Wall Street se volviera amable con el medio ambiente, sino por las presiones hacia ese rumbo de inversiones”.

La hora de los bonos “democráticos” parece cerca y Uruguay puede ser el pionero en fijarlos en el mercado internacional.