La plaza que lo encumbró como un político popular, en 2006, cuando perdió las elecciones presidenciales con Felipe Calderón y decidió acampar en ella, ha sido testigo, esta vez, del masivo grupo de ciudadanos que rechazan la deriva semiautoritaria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (Amlo).

El domingo pasado, más de 700,000 mexicanos marcharon en la Plaza del Zócalo y frente al Palacio Nacional -y otros tantos en 100 ciudades de México- contra las reformas de Amlo, entre ellas modificar las instituciones electorales. Aunque el eje de las movilizaciones ha sido la defensa de las autoridades electorales, también las protestas han sido contra el proyecto hegemónico del presidente mexicano de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, en las que no podrá participar, pero ha designado a una sucesora, Claudia Sheinbaum, como encargada de continuar con la “cuarta transformación” o ese modelo de país que ha propuesto desde que llegó al poder en 2018.  

El proyecto emancipador de Amlo está chocando con miles de personas que también son pueblo, pero pueblo y ciudadanos a la vez, que no han perdido el sentido crítico cuando se trata de pedir un respeto por los valores democráticos, más allá del estado de opinión y la popularidad bajo la que gobierna el presidente mexicano.

“Ciudadano es lo contrario a una marea o un coro. Ciudadano es una persona, es decir, un individuo con alma, razón y libertad, no un autómata”, escribió el historiador, Enrique Krauze, en Letras Libres, quien además fue uno de los líderes de la marcha del domingo pasado.

La marcha por la democracia también ha sido una jornada electoral anticipada. Fue una especie de presagio de lo que podría pasar en las urnas el próximo 2 de junio.

¿Quiénes son los opositores?

Para entender estas movilizaciones, vale la pena mirar, con detenimiento, como la manifestación pública en México ha sido una tradición desde hace décadas. A pesar de tener un sistema político de partido único durante 75 años, en el que gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -la dictadura perfecta le decían-, los mexicanos se han organizado en diferentes periodos históricos para exigir el respeto por las instituciones, en especial cuando algún presidente ha querido erosionar el orden democrático, como está, según los opositores, pasando ahora.

El domingo pasado, en la Marcha Ciudadana por la Democracia, convocada por Unidos -una plataforma ciudadana opositora-, miles de ciudadanos se congregaron en El Zócalo vistiendo camisas, banderas y cachuchas color rosado. Se hacen llamar “la marea rosa”.  Esta ha sido la última de muchas movilizaciones convocadas. Una de ellas, muy recordada, fue la del 13 de noviembre de 2022, en la que más de 500,000 mexicanos acudieron a la céntrica estatua del Ángel, en la avenida Reforma, para oponerse a la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por la convocatoria y las condiciones políticas, algunos analistas dicen que estas marchas de 2024 se parecen a las de 1968, cuando diferentes grupos ciudadanos, entre ellos estudiantes y sindicatos, marcharon contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que estaba, según Krauze, “enceguecido por el poder”.

Más allá de si Díaz Ordaz y Amlo se parecen, lo cierto es que el nivel de apoyo ciudadano que se evidenció en las manifestaciones estudiantiles de 1968 y las de ahora es parecido y muestra un hilo conductor sobre la fortaleza de los movimientos ciudadanos en México.

INE y deriva autoritaria

El INE ha sido el eje central de las marchas ciudadanas en los últimos dos años en México. El presidente López Obrador ha presentado tres proyectos de ley que buscan eliminar la principal autoridad electoral del país y, en su reemplazo, quiere crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que tendría mayor injerencia del gobierno y menos competencias; también tiene como objetivo eliminar a diputados y senadores plurinominales; elegir consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por voto popular; disminuir de 11 a siete el número de consejeros electorales y su periodo de permanencia de nueve a seis años.

Para los opositores, los tres intentos de Amlo de eliminar el INE y el TEPJF demuestran que no cree en la independencia del Poder Judicial y en los órganos autónomos -como éste-. Estas dos instituciones han sido los principales obstáculos para que Amlo no pueda continuar en el poder, ya que en México no se permite la reelección.

“La autonomía del INE así como su estructura institucional han sido fundamentales para asegurar las alternancias”, explica el jurista mexicano, Enrique Quintana, en El Financiero. “El debilitamiento de la autoridad electoral, con el pretexto de que gasta mucho dinero, es la premisa para debilitar la posibilidad de la alternancia”.

Bloqueado por no tener mayorías calificadas en el Congreso para aprobar la reforma electoral, Amlo ha intensificado su discurso contra todo lo que represente oposición a su proyecto refundacional. La abnegación a lo distinto ha sido un rasgo esencial y típico del presidente mexicano, que ve la política entre blanco y negro, entre pueblo y élites, una visión que, sin duda, se asemeja a lo que se entiende como populismo.

Sobre esta faceta acrítica de Amlo, que algunos ya califican de autoritaria, la analista del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, Catalina Pérez Correa, escribe en The Washington Post (versión en español) que: “la administración de López Obrador ha procurado la centralización del poder, el debilitamiento de los contrapesos constitucionales y ha menoscabado el pluralismo”.

La transformación democrática que prometió López Obrador se desvanece en medio del uso discrecional y arbitrario del poder, con una nula rendición de cuentas. Porque el representante del pueblo no le rinde cuentas a nadie.

Precisamente, Lorenzo Córdova, expresidente del INE, desde la Plaza del Zócalo, el domingo, dijo que México: “está frente a un proyecto de regresión autoritaria”.

Pero ese proyecto, por más popular que sea, tiene al frente a millones de mexicanos que pertenecen a la marea rosa y no están dispuestos a entregar su libertad a cambio de una transformación que representa una involución democrática.