Llegó al poder hace cuatro años como un presidente millennial con un discurso que dijo no era populista sino la interpretación de las necesidades del pueblo. Hoy, por su política de mano dura contra las pandillas -para lo que declaró un estado de excepción- es considerado por un sector de la población y la comunidad internacional como un ‘dictador’.

Se trata de Nayib Armando Bukele Ortez, el mandatario de El Salvador, quien dijo buscará la reelección en 2024, anuncio que abrió un debate interno en torno a la legalidad de esa inédita postulación ya que teóricamente está prohibida por la Constitución, pero está avalada en reciente sentencia por la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces son afines al jefe de Estado.

Con un inédito respaldo ciudadano del 88%, notable mejora en la seguridad, avances económicos, implementación del bitcoin -sistema a través del cual se manejan las elevadas remesas para una mejor ganancia-, Bukele tiene todo a su favor para lograr otros cinco años en el poder.

Sin embargo, su deseo reeleccionista choca con la oposición política que advierte que la reelección está claramente prohibida en la Carta Magna y, por tanto, nada ni nadie, máxime el Jefe de Estado, tiene derecho a violarla.

Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, una ONG que fiscaliza la corrupción, el mandatario salvadoreño "no puede buscar la reelección pues la Constitución se lo prohíbe, y (...) hacerlo es ir en contra del ordenamiento jurídico y no respetar las leyes, aunque eso no es nada extraño por parte de él".

Sin embargo, para el exministro de Justicia Francisco Bertrand, respetado abogado constitucionalista, Bukele "está habilitado a buscar la reelección, tomando en cuenta la decisión de la Sala de lo Constitucional que es inapelable".

La Constitución salvadoreña, en vigor desde 1983, establece a lo largo de seis artículos la teórica prohibición de dos mandatos presidenciales consecutivos, lo que hasta ahora había obligado a los jefes de Estado a estar únicamente cinco años en el poder.

La Carta Magna, de hecho, aboga por "la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República" como algo "indispensable" para el buen funcionamiento político. "La violación de esta norma obliga a la insurrección", señala de forma explícita.

Sin embargo, Bukele tiene como principal asidero una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que, en mayo de 2021, valoró el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la actual Carta Magna para justificar su reinterpretación.

La máxima instancia judicial del país, remodelada por orden de la Asamblea Nacional -controlada por el oficialismo-, interpretó que la voluntad de un presidente por presentarse "implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que en ese momento ejerce la Presidencia", no necesariamente que sea reelegido.

Para los magistrados, los constituyentes sólo buscaban "proteger" que la hipotética reelección viniese precedida de "elecciones libres e igualitarias", es decir, que si Bukele quería un segundo mandato debía "necesariamente" someterse a las urnas y pulsar la opinión de la ciudadanía.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró tras esa sentencia que los dictámenes de la Corte Suprema son "inapelables y de obligatorio cumplimiento", dando a entender que permitiría la inscripción de un presidente para unas elecciones que pudiesen dar pie a un segundo mandato consecutivo.

¿Dimitir antes de elecciones?

El Gobierno puso sobre la mesa un proyecto para reformar la Constitución, sin que por ahora se haya abierto un debate sobre la introducción de un apartado específico para eliminar el límite de un mandato. Al anunciar su futura candidatura, Bukele tampoco ha dicho que sea esta la vía que quiera utilizar.

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Todo apunta a que el presidente se agarrará a la sentencia del Supremo, aunque para ello debería tener en cuenta un requisito expreso por el que debería dejar el cargo al menos seis meses antes de iniciar el nuevo periodo. Durante este tiempo, la Presidencia la asumiría el vicepresidente, en este caso Félix Ulloa.

Ulloa, en quien Bukele ha delegado precisamente la reforma constitucional, ya ha planteado públicamente esta posibilidad en los últimos meses.

La Alianza Nacional El Salvador en Paz, que ya organizó las protestas contra Bukele que tuvieron lugar el jueves, durante la conmemoración de la fiesta de independencia, defendió en twitter el "derecho a la insurrección" tras conocer las intenciones del presidente, dando a entender que habrá nuevas movilizaciones.

Bukele, sin embargo, se ha adelantado a las posibles críticas tachando de "hipócritas" a quienes, desde países desarrollados, puedan criticar su deseo de seguir en el poder otros cinco años más. "Todos ellos tienen reelección".

Para el mandatario, que una nación desarrollada lo critique por su decisión de buscar la reelección "sería una protesta hipócrita".

"Prácticamente todos los países desarrollados tienen la reelección", dijo Bukele que leyó un listado del FMI de 39 países desarrollados que tienen contemplada la reelección, entre los que mencionó a "Andorra, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia (...), Estados Unidos".

También esgrimió que "las prohibiciones de reelección solo están en países de tercer mundo" e insistió que quiere seguir con las reformas que emprendió al asumir el cargo el 1 de junio de 2019. Argumentó que buscará reelegirse “para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que, por primera vez en la historia, hemos demostrado que es el correcto".

El jueves en la noche hizo su anuncio a través de un mensaje radiotelevisado a la nación con ocasión de la fiesta patria. “Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República", 

En las elecciones del próximo año, los salvadoreños además de elegir presidente, deberán votar por una nueva Asamblea Legislativa y los consejos municipales de los 262 municipios del país.

Insistiendo que su decisión generará críticas de la comunidad internacional, especialmente con Estados Unidos que reiteradamente ha cuestionado actuaciones e interferencia en los poderes de Bukele, como cuando con ayuda de sus aliados en el Congreso, destituyó a magistrados de una sala de la Corte Suprema y al fiscal general, lo que fue calificado por Washington como "antidemocrático", sostuvo que "no son ellos los que decidirán, sino (...) el pueblo salvadoreño”.

La candidatura para cinco años más en el poder generó protestas en distintos lugares de San Salvador, donde al parecer los mismos grupos que el jueves se manifestaron contra el gobierno, con pancartas donde se leía “alto al régimen de excepción de Bukele dictador", se leía en una pancarta de los protestantes, así como gritos de “libertad, libertad”.

Para el excoordinador general del opositor e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González –el que inicialmente militó Bukele- “el régimen de excepción ha servido para violar derechos humanos de muchos inocentes, no todos los detenidos son delincuentes y eso al gobierno no le importa. Debe parar ese régimen”.

Como se sabe el régimen de excepción con el que el gobierno ha enfrentado a las pandillas, que permite detener sin orden judicial, opera desde hace meses –con seis prórrogas- y ha permitido llevar a la cárcel a no menos de 52 mil presuntos pandilleros.

Bukele asegura que con esta "guerra" rompió el círculo vicioso que esas bandas tenían para subsistir, aunque reconoció que persisten las causas que generan ese flagelo, por lo que paralelamente inició una ambiciosa reforma al sistema educativo. Al mismo tiempo destaca que este año los presos señalados de pertenecer a esas organizaciones criminales pasaron de 16 mil a 66 mil, siendo el 70% integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). De los Sureños hay un 17.7% de la población reclusa, Revolucionarios 12.7%, y el restante de las pandillas Mao, MS503, Máquina y Mirada Locos Sureños. 

Bukele, a sus 41 años, quiere otro mandato para cortar de raíz este flagelo de la delincuencia y avanzar en la recuperación económica de El Salvador, la que tímidamente ha despegado y espera reforzar con créditos internacionales.