JUAN Sebastián Chamorro es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a los empresarios y diferentes sectores de la sociedad civil en la mesa de diálogo con el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua.

¿En qué ha cedido el gobierno en lo que va del diálogo?

El gobierno ha utilizado todas las tácticas dilatorias posibles para presentar una realidad totalmente diferente a la que nosotros vemos. En las últimas sesiones hemos visto un ataque más directo contra la Alianza. El canciller Denis Moncada habló de una supuesta fabricación de muertos, creación de asonadas, planes preconcebidos.

Sin embargo, lo que pasó realmente fue una explosión de rebeldía popular por varias razones. Los reclamos ambientales son una parte. La reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es otra. También el maltrato a funcionarios públicos. Hay descontento con las estructuras partidarias en los barrios y en las municipalidades con las alcaldías. Realmente, no había forma de preconcebir un plan tan amplio, que además ocurre al mismo tiempo en varias ciudades donde se tuvo que replegar la policía. 

-Mientras se abre el diálogo, en las calles cada vez se reprime con más fuerza la protesta social. Los asesinatos de civiles no paran...

El gobierno ha tratado de utilizar el diálogo como una herramienta de propaganda para hacer ver como si no fueran los responsables. La Alianza ha hecho que se mantenga esa aclaración de los hechos y que se mantenga una agenda bien concentrada en la justicia y la democratización. De democratización se ha hablado relativamente poco, porque el gobierno ha alargado todo el tema de DDHH, pero insistimos mucho en el cese de la represión y en que vinieran los organismos internacionales. El informe de la CIDH fue claro en decir que el Estado es responsable de las muertes y que lo respalden 12 países en la OEA es muy importante.

En la OEA, el canciller no negó esa posibilidad ni reiteró lo que había dicho al inicio del dialogo, que todo tenía que hacerse por el orden constitucional existente y por lo tanto el adelanto no era una opción. Eso lo veo como un signo al menos esperanzador. 

-¿Qué implica el adelanto de elecciones?

Un montón de cosas, entre estas la remoción del Consejo Supremo Electoral en pleno, sus magistrados, las 800 personas que trabajan ahí. Esa es una institución totalmente corrupta. Como quedó también claro en el reporte de la CIDH, hay una serie de temas tecnológicos e institucionales en los que hay que trabajar para hacer elecciones.

Si van a ser elecciones adelantadas, hay que ver si se hacen con Ortega como presidente o sin él. Ahí estamos en una conjetura sobre otra conjetura. Recordemos que también podría pasar que Ortega opte por la vía venezolana y decida simplemente quedarse en el poder e instaurar una dictadura.

-¿Cómo fue esa conformación de una alianza que de repente abarca una gran diversidad de sectores económicos y sociales?

Cuando se convocó al dialogo nacional, el gobierno empezó a plantear la creación de mesas sectoriales, con el interés de diluir la conversación en diferentes temas, y empezaron a proponer gente del Estado para esas mesas. A nosotros también nos empezaron a llamar y empezamos a agruparnos. Al grupo que se conformó le llamamos Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, porque lo primero es llevar a la justicia a los criminales y luego la democratización.

-¿Cómo hizo Ortega para tener a los empleados de su lado durante tanto tiempo?

En los años 80, tres conflictos lo llevaron al fracaso electoral: Estados Unidos, que le montó la guerra con la contra. Los empresarios, a quienes estaba confiscando y se había echado encima al Cosep. Y la Iglesia Católica. En 2007 Ortega gana de nuevo la presidencia y entiende de manera pragmática que tiene que recomponer esos conflictos y convertirlos en alianzas. Entonces se casa por la iglesia, trae a su círculo al cardenal Obando, que había sido su más fuerte crítico, ahora como figura de reconciliación. Luego se reúne con los empresarios y dice que vamos a hacer un modelo en el que participen el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Y con EEUU, persiste en un discurso antiimperialista, pero colabora con temas de seguridad, con lucha contra el narco, aprovecha y administra muy bien el TLC con ese país.

¿A qué se refiere cuando dice que cayó la cooperación venezolana?

Nicaragua recibió USD4500 millones de cooperación de Venezuela en los últimos 7 u 8 años. Era un arreglo difícil de superar. Nicaragua le compra petróleo, se refina acá, se vende en la gasolinera. El 50% del a factura petrolera se pagaba a 25 años, con una tasa preferencial. El otro 50%, el país lo pagaba de contado pero en forma de productos, de exportaciones de carne, café. Entonces, con los primeros 50% que se pagaban a 25 años, se pagaban subsidios. Con el otro 50%, se hacía circular el dinero entre los productores para exportar. Era un acuerdo inmejorable, excepto porque era con Venezuela. Eso alimentó mucho la capacidad del gobierno de mantener clientelismo político a todos los niveles. Pero empieza a caer el precio del petróleo, baja de USD110 a USD30, esa cooperación desaparece y el gobierno empieza a tener problemas de liquidez y se mantienen las expectativas de la gente por los subsidios que se venían dando. Eso empieza a mermar la capacidad del estado para resolver las cosas inmediatas. 

-¿La opción venezolana de atornillarse al poder si es viable para Ortega?

No puede hacer lo de Venezuela porque no está sentado en un pozo de petróleo, que es como tener dinero líquido. Nicaragua no lo tiene. Hasta para comprar municiones para reprimir va a tener problemas. Esta crisis sociopolítica tiene expresiones económicas que afectan el financiamiento del estado. Y son dos países distintos: en Nicaragua ya han botado a un dictador y saben que se puede.

Además, una de nuestras preocupaciones era que la mesa de diálogo enfriara la protesta popular, pero en realidad pasó lo contrario. El gobierno cometió el error de decir que nosotros estábamos paralizando al país, matando a mujeres embarazadas, etc. Comenzó a atacar y estigmatizar los “tranques” (barricadas), pero lo que mostró fue una gran debilidad que la gente notó y empezó a formar más barricadas, como forma de protesta y de defensa ante la represión. Ese factor no se está dando acá como se dio en Venezuela. Además, la cantidad de muertos aquí ha crecido de manera mucho más rápida. En dos meses fueron al menos 212. Y hay un montón de desaparecidos de los que no se sabe nada.

-¿Puede suceder que la represión siga hasta que la oposición decida armarse?

Cada día que Ortega reprime, la ventana del diálogo se va cerrando y la de la violencia se va abriendo.

¿Qué tan hábil es Ortega en la mesa de diálogo?

Ha mostrado habilidad y astucia política en su carrera. Pero eso lo ha ido perdiendo y una serie de decisiones que tomó en 2016 lo refleja. Entre junio y agosto de 2016 expulsó a dos estadounidenses de Homeland Security, a un académico del World Collegue, entre otros. Al mes siguiente, le quitó la diputación a alrededor de 30 diputados de la Asamblea Nacional, simplemente los sacó. Y después nombró a su esposa candidata a vicepresidenta. Ahí esto empezó a verse no como una revolución sandinista, sino como un asunto familiar. Esa acción terminó por debilitar la estructura del FSLN como partido, generó descontento internamente.

Creo que ahora lo único que hace Ortega es negociar una solución con las armas en la mano, mostrando la represión como su carta en el diálogo.

La extensión de esta entrevista fue modificada de la original