¿Lealtad con el destituido mandatario izquierdista Pedro Castillo? ¿Consciente repudio a la dirigencia política? ¿’Instrumentalización’ del narcotráfico y la minería ilegal al descontento social? ¿Demostración de fuerza de los “terrucos”, como se llama a los pobres de la izquierda, para forzar un real cambio político?

Estas son las principales dudas que ni el novel gobierno de Dilma Boluarte, los parlamentarios, analistas y ciudadanos podido dilucidar, pese a ser las claves tanto para comprender como para manejar la disparada indignación de campesinos e indígenas del llamado ‘Perú profundo’.

El descontento nacido en las entrañas de los Andes del Sur y que estalló en diciembre pasado en la región donde hace siglos nació el imperio inca, ha provocado las mayores movilizaciones sociales del siglo XXI en este país sudamericano, dejando 45 fallecidos, decenas de heridos y cientos de detenidos.

La misma noche en que Pedro Castillo fue destituido como presidente y encarcelado por haber intentado alterar el orden constitucional, sus fieles seguidores en los Andes iniciaron las protestas que con el paso de los días se fueron radicalizando y extendiendo, al punto que desde el jueves se asentaron en Lima, donde se mantendrán al igual que  en las regiones donde los bloqueos de vías han sido permanentes, según anunció el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López.

"La lucha va a continuar en todas las regiones que renuncie a la presidencia Dina Boluarte, se llame a elecciones este mismo año y se realice un referendo para decidir sobre una Asamblea Constituyente”, dijo este líder, cuyo sindicato nacional ha respaldado las protestas en todo el país.

Dina Boluarte, quien fungía como segunda vicepresidenta del Congreso y que estaba distanciada de Castillo, fue por línea constitucional la sucesora de Castillo y al juramentarse dijo que esperaba cumplir su mandato hasta el 2026, lo que se vio forzada a revaluar tan solo dos días después ante la creciente presión social.

Convencida que con el diálogo todo se puede, acordó con el Parlamento convocar elecciones generales para el primer trimestre del 2024, pero ante la persistencia de las violentas manifestaciones y el creciente descontento social, dejó en manos del legislativo anticiparlas aún más, como lo exigen los marchantes.

Aunque dentro y fuera del Perú Castillo evidenció un gobierno caótico, contradictorio, lleno de marchas y contramarchas, sin ninguna gestión pública y varias acusaciones de corrupción, los sectores rurales, empobrecidos y postergados no sólo siguen identificándose con este maestro rural convertido en Presidente, sino que aseguran que se vio forzado a intentar cerrar el Congreso por su “constante maltrato” y “obstrucción” para gobernar.

En consonancia con ello su repudio a los miembros del Parlamento –dominado por la oposición de derecha- muchos de los cuales estaban señalados por diversos y graves delitos, desde corrupción hasta violación sexual.

Para Alonso Cárdenas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya, “el factor más gravitante y raíz de la creciente indignación es el repudio que estos sectores de la población tienen al Congreso (...) es el factor que más ha encendido la situación".

Otros factores fundamentales que explicarían la actual crisis social es el sentimiento de discriminación y mala calidad de vida diaria que se viven estas apartadas zonas del país.

El analista político Mirko Lauer explica que “es un descontento antiguo, complejo. Estas son personas que traen las furias y las penas de haber sido víctimas del sistema feudal, de haber tenido que separarse de sus familias por migraciones internas (en busca de mejores condiciones de vida), de haber sido víctimas de radicalismos y reaccionarismos. El descontento no funciona como programa político sino como un grito de cólera desde el corazón".

Por su parte el historiador Antonio Zapata considera que cuestiones de "identidad" explican también en buena medida las protestas. Los campesinos imaginaban tener a "uno de los suyos" en el poder con Castillo, un maestro rural y líder sindical de origen andino. "Él representaba al Perú rural...(las protestas) están diciendo nos han sacado nuestra oportunidad histórica".

Resalta, así mismo, que el sector campesinado reclama el cierre del Parlamento porque estima que fue el culpable de la ingobernabilidad de Castillo.  "Esa población juzga que no es justo que gobiernen los que han fregado al profesor Castillo", sostiene.

A lo anterior se suma la demanda de una Asamblea Constituyente que elabore una Carta Magna que reemplace a la de 1993, que consagra a la economía de mercado como eje del desarrollo, raíz de las desigualdades sociales desde su punto de vista. Esa era la principal promesa electoral de Castillo.

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Clasismo y centralismo

En la búsqueda de las causas del conflicto para poder visualizar soluciones prontas, pero sobre todo efectivas, politólogos, analistas, parlamentarios y académicos (nacionales e internacionales) han coincidido tanto en sus diagnósticos como en señalar que la salida a la crisis se avizora compleja.

 “La polarización es una de las causas de las protestas; no es ideológica: es la del 'establishment limeño' versus las provincias pobres del sur”, señaló Carlos Meléndez, politólogo y profesor de la universidad Diego Portales en Chile. Añade que esto se explica por el centralismo de Perú, donde las regiones andinas o amazónicas fueron las menos beneficiadas del 'boom' económico de los últimos 30 años.

Del lado del 'establishment' está la economía formal, partidos de derecha, las fuerzas del orden, las corporaciones de medios, las clases altas y medias altas, y la costa norte industrializada del país, mientras que en el otro lado hay una coalición "que tiene sus propios poderes como la economía ilegal (contrabando, narcotráfico, minería), que se imbrican con radicalismos de izquierda, sindicatos y el brazo político de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso", explicó el experto.

A ello se suma "la fragmentación y multiplicación de minipartidos, sin sustento de base social, creando la ausencia de interlocutores".

Para el economista y analista Augusto Álvarez Rodrich, el aumento de la pobreza en los años recientes es la causa real de la indignación regional en el país andino.

 “Tuvimos una importante etapa de crecimiento que empezó a terminar en 2016, en coincidencia con la turbulencia política que se desata ese año con la guerra entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, luego vino la pandemia y la pobreza creció en 10 puntos…Eso exacerbó la situación (en las regiones andinas) y es lo que expresa la desazón que existe en el país, donde tenemos una protesta sin rostro, sin liderazgo", sostiene Álvarez.

Vale recordar que durante la bonanza económica, la pobreza disminuyó de más del 40% a un 10% en tres décadas, antes de dispararse al actual 26% registrado el año pasado.

Las protestas andinas tienen un elemento globalizador: el descontento con las élites. Y el populismo en boga, de izquierda o derecha, está construido sobre el odio a las élites, reflexiona Lauer.

¿Hasta cuándo?

Determinados a lograr sus demandas, los manifestantes tanto en Lima como en las regiones, se mantienen en pie de lucha y se enfrentan con las fuerzas policiales, temiéndose que aumenten las víctimas.

El viernes, y un día después de la llamada “Toma a Lima” donde 38 personas resultaron heridas, centenares fueron arrestadas y se registró el incendio en un edificio histórico que es objeto de investigación, se registraron nuevos enfrentamientos en regiones del norte y sur de Perú.

Los choques se concentraron en las regiones La Libertad (norte), Arequipa y Puno (sur), con bloqueos de carreteras y batallas campales entre los manifestantes, que lanzaban piedras con hondas, y la policía, que repelía con gases lacrimógenos.

En la región de Puno, una turba quemó la comisaría del distrito de Zepita e incendió un puesto aduanero en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, informó la televisión local.

En Arequipa, segunda ciudad de Perú, decenas de pobladores intentaron por segundo día consecutivo de invadir la pista de aterrizaje del aeropuerto, cerrado y resguardado por fuerzas del orden desde el jueves.

En tanto, miles de manifestantes desfilaron nuevamente por la capital coreando:  "¡Dina asesina!","¡Esta democracia no es una democracia!, ¡Dina el pueblo te repudia!".

El gobierno declaró el estado de emergencia en siete de las 25 regiones del país -incluyendo la capital y zonas del norte y sur del país- hasta mediados de febrero, habilitando así la intervención militar junto a la policía para controlar el orden público.

Entre tanto en Cusco, el servicio ferroviario a la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano, seguía sin operar, dejando varados al menos a 300 turistas extranjeros y locales en el pueblo de Aguas Calientes, que se halla al pie de la montaña donde se levanta la famosa urbe incaica.

Los organizadores insisten que no darán tregua hasta lograr la dimisión de la presidenta Boluarte, quien repetidamente ha llamado a la calma, pero también ha sido enfática en indicar que no renunciará ni cederá a los intentos de “quienes quebrar el Estado de Derecho, generando caos y desorden para tomar el poder”.

Como se ve, no existe por el momento un punto de encuentro entre el gobierno y los manifestantes. El retiro de Boluarte no pondrá fin a la crisis social y, por el contrario, podría agravarla ya que con el desprestigio que tiene al Congreso no habría a quien confiarle la transición hacia las elecciones, así sea en el inmediato futuro.