UNA muestra fehaciente de la fragilidad de tanto de los apoyos que le permitieron reelegirse como de hasta dónde están dispuestos a llegar para que les cumplan lo prometido, fue la que en el Congreso de Diputados dieron ayer los independentistas de Junts (Junts per Catalunya) al jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez

Los escasos siete votos de ese partido catalán con los que logró hace dos meses un nuevo mandato, tras hacer comprometerse a inéditas sesiones, fueron los que generaron que naufragara la ley de amnistía para los independentistas. Y si bien ese rechazo no significa su hundimiento, dejó en claro que esa minoritaria bancada tiene el ‘sartén por el mango’ y que buscará, como lo ha reiteradamente alertado el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, nuevos “chantajes” al gobierno.

Esta amnistía era la condición innegociable impuesta por los partidos separatistas el pasado noviembre a cambio de sus votos para que Sánchez pudiera seguir en La Moncloa, pese a que en las parlamentarias su partido (Psoe) quedara en segundo lugar, superado por el conservador Partido Popular.

Tras unas herméticas negociaciones tanto en Madrid como en Bélgica, donde se encuentra asilado Puigdemont, se acordó la presentación de esta ley de ‘perdón’ con concesiones tan amplias que permitirá el regreso del líder independentista al país, al igual que mayor autonomía presupuestal para Cataluña y la condonación de su deuda pública, entre otras.

Mientras los conservadores emprendieron una férrea defensa de la democracia y la unidad territorial de España, llevando en varias ocasiones a las calles a multitudes que expresaron su indignación a los acuerdos Sánchez-Junts, el gobierno elaboró la mencionada ley, la que presentó con mensaje de urgencia, convencido de que su escasa mayoría parlamentaria

En un principio, se creía que la ley sería aprobada sin problemas con el apoyo de los diputados socialistas, de extrema izquierda y de partidos catalanes y vascos, que en conjunto logran 177 escaños, frente a los 172 que tiene el bloque de la derecha (PP y Vox). Sin embargo y contra todo pronóstico, fueron los siete votos negativos de Junts que dieron al traste este martes con el primer proyectado si a la amnistía por la negativa del pleno a modificar el texto, lo que esperan lograr ahora que vuelve a una comisión parlamentaria.

Siga a El Nuevo Siglo en WhatsApp: contenido gratis

Este duro revés parlamentario para Sánchez fue consecuencia de que los independentistas catalanes exigieron el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.  Ese inesperado cambio de última hora obedeció a que el lunes dos jueces pidieron prolongar la instrucción de dos casos que podrían salpicar a Puigdemont, uno por presunto terrorismo y otro por mantener supuestamente contactos con Rusia para conseguir apoyo a la independencia de Cataluña, en lo que sea conocido como el “caso Voloh” y que podrían acarrearle al líder independentista una imputación por "traición", un cargo que no está cubierto por la amnistía.

Aunque Puigdemont no forma parte de la lista de investigados en este proceso, cuyos tentáculos han llegado hasta la Audiencia Nacional para nutrir 'Tsunami Democràtic', entre los imputados sí figura su jefe de Gabinete, Josep Lluís Alay. Y, en este caso, algunas de las conductas descritas por el juez Joaquín Aguirre podrían encajar en los mencionados delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.

Estos delitos castigan, entre otros comportamientos, a "los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras".

'Tsunami Democràtic'

El segundo frente judicial que amenaza a Puigdemont es el de la misteriosa organización 'Tsunami Democràtic', que convocó las diferentes protestas de 2019 contra las duras penas de prisión impuestas a dirigentes independentistas, y que incluyeron el bloqueo del aeropuerto de Barcelona.

En este caso, el juez Manuel García Castellón estima que Puigdemont es sospechoso de haber cometido delitos de "terrorismo" al dirigir esta organización en la sombra e investiga dos hechos puntuales: la muerte de un turista francés por un infarto en el marco de los disturbios desatados en El Prat el 14 de octubre de ese año, que cree que es directamente imputable a los responsables de los altercados provocados en el aeropuerto catalán, así como las graves lesiones que sufrieron dos policías por los desórdenes señalando que son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos", atribuyendo además una intención homicida a los responsables de dichas lesiones.

Asimismo, desde el primer momento puso el foco en la directiva europea 2017/541, que establece la obligación de los Estados miembro no solo de perseguir los actos de terrorismo sino de castigarlos, y en otra directiva europea sobre infraestructuras clave (como los aeropuertos).

Esta semana intentó estrechar el cerco al poner sobre la mesa otros tratados para apuntalar su tesis, entre ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, así como sus anexos sobre seguridad de la aviación civil.

Otro de los planteamientos que Junts quiso introducir en el texto de la amnistía fue una especie de 'lawfare' policial que estaría dirigido "la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".

En lo relativo a los efectos sobre la responsabilidad civil y contable, también trató de conseguir que quedasen "extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas" de los actos relativos al 'procés' (condenas a independentistas), incluidas las que estuviesen siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas.

Y, tampoco lograron que la norma contemplara la horquilla temporal que buscaban, del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. Finalmente, el texto abarca los hechos comprendidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.

‘Sánchez, un rehén’

Como una “humillación constante” a la que a diario los independentistas someten a Pedro Sánchez, calificó el líder conservador, Núñez Feijóo, las nuevas exigencias de Junts y recordó que no ésta sino las pasadas votaciones en el Congreso han sido “un calvario" para el jefe de gobierno porque "le han cogido la medida".

Durante su intervención ante el pleno de los diputados, Feijóo acusó a los socialistas de "mimetizarse con el independentismo" y les avisó ha avisado que caminan hacia el "abismo" con la Ley de Amnistía. Dicho esto, dijo que su formación recurrirá esta norma ante los tribunales "por todas las vías" y pedirá la protección de la Unión Europea. "Y seguro que la conseguiremos", ha exclamado.

"Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, es verdad, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles. Señores del Partido Socialista, caretas fuera", ha exclamado el presidente del PP, cosechando un aplauso de la bancada del PP.

Agregó que Sánchez mantiene un Gobierno "con respiración asistida" y ha garantizado que el PP seguirá "defendiendo a los españoles, también a sus votantes", con "igualdad, solidaridad, libertad y justicia, esas banderas" que el PSOE "agitaba" y que "ya no le pertenecen".

También ha subrayado que, en cuanto esta ley llegue al Senado, el Grupo Popular dará "voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación". "Y rescataremos democráticamente a nuestro país de la miseria moral a la que nos están condenando", manifestó a los socialistas.

Para ello, ya modificó el reglamento de la cámara y solicitará informes sobre el texto antes de enmendarlo, lo que obligará al Congreso de los Diputados a pronunciarse de nuevo para su aprobación definitiva.

Así las cosas, los independentistas catalanes volvieron a salirse con la suya y reactivarán la presión para que el gobierno acepte sus nuevas demandas. La duda que sigue rondando es: ¿hasta dónde cederá Sánchez para mantenerse en La Moncloa? /Redacción internacional con agencias