AUNQUE convencida de que el "diálogo democrático" es la única salida que tiene el país y que su responsabilidad como Presidenta es conducirlo a una transición ordenada a las adelantadas elecciones generales del 2024, Dina Boluarte deja en manos del Congreso la decisión que las mismas se verifiquen este año, como la vía más expedita para acabar con las violentas manifestaciones.

La mandataria, que no contempla renunciar por su "sentido de alta responsabilidad" y porque hacerlo "abriría las puertas a la anarquía", como lo sostuvo su primer ministro, Andrés Otálora, reiteró que el Congreso tiene la autonomía para definir una nueva fecha electoral y que no habría ningún problema con el Ejecutivo si toma tal decisión.

El ministro de Justicia, José Tello, sostuvo que el gobierno “se acoge al marco constitucional…El Congreso ya decidió en una primera votación adelantar elecciones para abril de 2024 y dispone de autoridad para marcarlas este 2023…Para nosotros no habría ningún problema porque nosotros también a la separación de poderes y a las decisiones que pueda tomar el Congreso".

El funcionario destacó que Boluarte, devenida a Presidente tras la captura del izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, ha cumplido con su gestión y valoró como una “decisión valiente” que se mantenga al frente del poder porque, de lo contrario, se generaría una mayor inestabilidad. 

"Dina Boluarte está garantizando que haya un Ejecutivo que conduzca junto con el Legislativo y los demás organismos del Estado y electorales una transición ordenada hacia el año 2024", manifestó el titular de Justicia.

Confiado en que la Fiscalía pueda esclarecer las 43 muertes ocurridas durante las protestas que degeneraron en enfrentamientos con la fuerza pública, a las que se les investiga por presunto “abuso en el uso de la fuerza”, el ministro recordó que la declaratoria del estado de emergencia en el Callao, Cusco, Lima y Puno es una medida para proteger a la población ante situaciones de violencia, hechos que extraoficialmente aseguran están ‘financiados’ por el narcotráfico y la minería ilegal.

Con tan solo 41 días en la Casa Pizarro (sede gubernamental), Boluarte ha enfrentado 31 días de ininterrumpidos bloqueos y protestas que, nacidas en el denominado `Perú profundo’, bastiones del destituido Castillo, llegaron este lunes a la capital, liderados por comunidades indígenas así como por asociaciones de maestros rurales.

El premier Otálora insistió en el lineamiento presidencial de que “la salida es que los peruanos nos entendamos, nos sentemos a conversar y podamos tener un diálogo democrático sobre la base de varias plataformas…La historia nos juzgará, más adelante verá si lo hemos hecho bien o mal. Mientras tanto tenemos la conciencia absolutamente tranquila".

Agregó que un paso al costado de Boluarte sería ceder a las aspiraciones del "pequeño grupo organizado de violentistas, enemigos del Estado" que ha copado las protestas las que, como reseñamos, llevaron a un paro nacional indefinido que comenzó al atardecer de este lunes.

A propósito de las mismas, el ministerio de Defensa de Perú investigaba por el posible ingreso de armamento y municiones por el sur del país para su posterior uso durante las manifestaciones. "Estamos corroborando esa información, si hay indicios e información que conlleva a eso, lo responsable es corroborar esa información y después tomar las acciones correspondientes a eso", sostuvo el MinJusticia.

El funcionario dijo que dichas indagaciones se originaron tanto en las declaraciones de un médico que señaló la existencia de evidencia que en los fallecidos había heridas con características de balas expansivas y fragmentarias, como en una información que en el mismo sentido hicieron llegar el diputado boliviano Erwin Bazan y la diputada chilena Chiara Barchiesi.

¿Ingobernable?

Desde que el izquierdista Pedro Castillo terminó tras las rejas por su frustrado intento de cerrar el Congreso y gobernar por decreto, el Legislativo cumplió la sucesión constitucional, juramentando a quien entonces fungía como su segunda vicepresidenta (la abogada Boluarte) y recientemente, con una docena adicional a los votos requeridos dio la moción de confianza a su gabinete.

Y si bien desde ese día comenzaron las esperadas protestas de los ‘castillistas’ se creyó que con el pasar de los días las mismas acabarían, máxime cuando cedió a los pocos días, previa consulta con el Parlamento, a adelantar las elecciones generales. De suyo se aspiraba a que el país, pacíficamente, iniciara esa transición y diera un espaldarazo a la misión que encomendaron a la primera mujer en dirigir la Casa de Pizarro.

Pero por motivos que van desde la presunta injerencia política del exmandatario boliviano, Evo Morales hasta la posible financiación de grupos narcotraficantes y de la minería ilegal, las manifestaciones no sólo se crecieron, sino que degeneraron en violencia, lo que llevó a que perdiera apoyo ciudadano en todo el país.

Así lo revela la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) según la cual el 71 por ciento de la población peruana rechaza la gestión de la presidenta Boluarte frente al 26 por ciento que cree que actuaron adecuadamente.

El estudio depara igualmente mala nota para el Congreso, que tiene una desaprobación del 88 por ciento y un 9 por ciento de aprobación, ocho puntos más de desaprobación que hace un mes.

En cuanto a las protestas, un 60 por ciento de los peruanos considera justificadas las protestas de diciembre -72 por ciento entre los jóvenes- mientras el 35 por ciento considera que no tienen justificación. El 50 por ciento se siente identificado con las protestas y el 46 por ciento, no.

El 44 por ciento cree que los actores más importantes de las movilizaciones son los grupos de ciudadanos espontáneos u organizados y un 27 por ciento la atribuye a colectivos violentos o vinculados a grupos terroristas.

Un 66 por ciento desaprueba que Castillo haya intentado perpetrar un golpe de Estado, mientras que el 30 por ciento sí lo aprueba.

El estudio se basa en entrevistas realizadas entre el 7 y el 12 de enero y tiene un margen de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado.

Un segundo estudio publicado este domingo y elaborado por IPSOS Perú en exclusiva para 'Perú21' apunta a que el 52 por ciento de los peruanos cree que deben adelantarse las elecciones a diciembre de este año, incluso si eso significa que se aprueben pocas reformas políticas.

La encuesta de IPSOS confirma la desaprobación del 71 por ciento para Boluarte. También rechazan la gestión del primer ministro, Alberto Otárola, (61 por ciento) y del presidente del Congreso, José Williams (62 por ciento).

En cuanto a las reformas políticas, el 57 por ciento defiende que la elección del presidente y el Congreso sean cada cuatro años frente a los cinco años actuales, una opción continuista que apoya el 40 por ciento de los peruanos.

¿Otra marcha de los 4 suyos?

“Vinimos para que oigan nuestra voz”. Bajo esa consigna decenas de indígenas llegaron  a Lima para unirse a la “toma de la capital”, que comenzó a registrarse desde el domingo con la participación de campesinos de varias regiones del sur del país.

"Ingresamos por  los cuatro conos de Lima (norte, sur, este, oeste.)  Nos movilizamos pacíficamente y evitamos incidentes", sostuvo Jimmy Mamani, presidente de la Asociación de Centros Poblados de la provincia El Collao, una zona aymara de la región de Puno, fronteriza con Bolivia

“Buscábamos una marcha de los cuatro suyos", explicó en alusión a la masiva marcha de tres días que proviniendo de los cuatro rincones del Perú, en julio de 2000, desembocó en la caída del régimen autocrático de Alberto Fujimori (1990-2000) en noviembre de ese año.

Insistió que "no es justo que el Ejecutivo no pueda escuchar nuestros pedidos, ellos hacen oídos sordos. La verdad uno ya está molesto y a estas alturas dialogar con ellos es algo que no se puede".

La plataforma de pedidos de los indígenas es igual a la de los campesinos y ciudadanos del sur profundo: renuncia de Boluarte, elecciones inmediatas y convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Paralelamente se mantuvieron los bloqueos de carreteras que han marcado la pauta desde el inicio de las protestas a comienzos de diciembre. Ayer permanecían sin paso 99 tramos de carreteras en diez de las 25 regiones del país andino.

Como se ve, la tensión en Perú es alta y si bien la única salida inmediata es anticipar aún más las elecciones generales no lo es la renuncia de Boluarte porque debe garantizarse, como ella señala, la transición pacífica y ordenada hacia la nueva cita de las urnas./Redacción internacional con agencias