La creciente inseguridad y la consolidación del crimen organizado son los principales riesgos políticos que enfrenta América Latina este año donde la mayoría de estos países van a las urnas y los líderes electos enfrentarán, por esos flagelos, una compleja situación.

La mayoría de la región celebrará importantes elecciones, incluidas presidenciales en El Salvador, Panamá, México y Venezuela. En estos comicios, el crimen organizado y la respuesta del Estado prometen ser temas decisivos para los votantes.

Así lo enfatiza un informe del Centro de Estudios Internacionales UC (Ceiuc), un centro de pensamiento chileno, realizado con base en una encuesta regional aplicada a 1.200 ciudadanos. Por segundo año consecutivo, los encuestados sitúan al crimen organizado como el principal riesgo político de la región.

 “El continente no presenta grandes amenazas bélicas, pero cada vez está más asediado por la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, con un deterioro importante los últimos años que le han llevado a transformarse en la región con más homicidios en el mundo”, escribieron los autores del informe.

Bajo ese marco, InSight Crime analiza cuatro elecciones presidenciales clave de este año y cómo el crimen organizado podría influir en lo que suceda en las urnas.

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El Salvador: 4 de febrero

En este país centroamericano está descontada la reelección de Nayib Bukele, que cuenta con una intención de voto del 81%. Su primer mandato se ha caracterizado por sus estrictas medidas de seguridad contra la delincuencia, que comenzaron con la declaración del estado de emergencia en marzo de 2022 tras una oleada de asesinatos cometidos por pandillas.

Los derechos constitucionales fueron suspendidos parcialmente y las pandillas fueron designadas “organizaciones terroristas”. A esto le siguió una extensa operación que acabó con más del 1% de la población tras las rejas, muchos de ellos en una nueva megacárcel de máxima seguridad.

Estas medidas parecieron resonar con la mayoría de los salvadoreños y la estrategia parece haber acabado con la violencia. El país pasó de ser uno de los más mortíferos del mundo en 2016 a registrar 154 homicidios en 2023, lo que representa una tasa de asesinatos de tan solo 2,4 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales de la policía.

La estrategia ha neutralizado, por ahora, a las tres principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, como InSight Crime relató en una investigación reciente. Es probable que los electores recompensen en las urnas a Bukele, quien es calificado como el presidente más popular de América Latina.

Aunque a corto plazo la posible reelección de Bukele no augura nada bueno para las debilitadas pandillas de El Salvador, aún está por ver si los avances en materia de seguridad podrán mantenerse a largo plazo. Las cárceles de El Salvador han sido históricamente caldo de cultivo para la delincuencia y, si bien las autoridades parecen controlar las instalaciones penitenciarias actualmente, no está claro qué ocurrirá una vez que los reclusos queden en libertad.

Además, las propias fuerzas de seguridad encargadas de aplicar las estrictas medidas antipandillas de Bukele han sido acusadas de cometer delitos. En 2022, un informe del Departamento de Estado estadounidense señaló la existencia de pruebas creíbles de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Por último, existe el riesgo de que el gobierno de Bukele, que durante mucho tiempo ha utilizado la crisis de seguridad para centralizar el poder, aproveche su control para participar en actividades delictivas. Varias investigaciones sobre corrupción realizadas a principios del mandato de Bukele fueron detenidas después de que legisladores alineados con el gobierno destituyeran al fiscal general de El Salvador en 2021.

Panamá: 5 de mayo

Los panameños están citados en esa fecha a las urnas para elegir presidente y, por el momento, la ventaja en la intención de voto la mantiene el exmandatario Ricardo Martinelli, recientemente condenado por lavado de dinero. Martinelli enfrenta una pena de 10 años de prisión tras malversar fondos estatales para adquirir acciones personales en Editora Panamá, un conglomerado de medios de comunicación.

Aunque la sentencia es suficiente para inhabilitar su candidatura, Martinelli ha apelado repetidas veces y actualmente continúa su campaña presidencial. En un caso aparte, en 2022, los dos hijos de Martinelli, Luis y Ricardo, se declararon culpables de recibir 28 millones de dólares en pagos de Odebrecht, el desprestigiado consorcio constructor brasileño que sobornó a las élites políticas de toda la región.

La elección de Martinelli podría suponer un paso atrás para un país que en los últimos tiempos ha progresado en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en octubre de 2023, tras esfuerzos por reforzar controles, Panamá salió de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluye a los países que no hacen lo suficiente para combatir el lavado de dinero.

Dada la previa condena de Martinelli, su elección podría reducir la voluntad del gobierno de hacer frente a los grupos de delincuencia organizada que históricamente han utilizado Panamá para evadir impuestos y blanquear dinero.

México: 2 de junio

Los mexicanos elegirán a su primera mujer presidenta el 2 de junio. La ganadora se enfrentará de inmediato a profundos retos de seguridad, caracterizados por grupos criminales cada vez más diversos e integrados horizontalmente, un auge del narcotráfico y una corrupción endémica que penetra en el corazón del Estado mexicano.

Además, dos tercios de los mexicanos encuestados consideran que la inseguridad es el peor problema del país, un aumento frente a un tercio hace tres años, según una encuesta de Reforma.

Aunque la tasa de homicidios descendió ligeramente, se mantuvo escandalosamente alta en 2023, con 22,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos preliminares del gobierno mexicano. Otros delitos como la extorsión están cerca de su máximo histórico, y el país sigue luchando contra una crisis de desapariciones forzadas.

La gran desconfianza en las fuerzas de seguridad -que se han visto implicadas en repetidas ocasiones en casos de corrupción, ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos- ha impedido que muchos mexicanos denuncien los delitos.

Durante la campaña, Claudia Sheinbaum, la candidata favorita y protegida del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, ha compartido la retórica del presidente, centrada en abordar las causas profundas de la delincuencia. Sin embargo, las acciones de AMLO a menudo han diferido de sus palabras, pues su administración ha optado por una mayor militarización en lugar de un enfoque a largo plazo para abordar las causas subyacentes de la crisis de seguridad del país.

Venezuela: sin fecha

La presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que celebre elecciones presidenciales este año es cada vez mayor. Bajo el liderazgo autoritario de Maduro, la economía de Venezuela empeoró y el crimen organizado floreció, lo que ha llevado a más de 7 millones de personas a huir del país.

El éxodo ha sido beneficioso para los grupos criminales que controlan el territorio a lo largo del corredor migratorio hacia Estados Unidos, muchos de los cuales extorsionan a los migrantes por el privilegio de dirigirse al norte.

Venezuela es también un exportador de delincuencia organizada. El Tren de Aragua, la banda más conocida del país, ha aprovechado el éxodo migratorio para obligar a los migrantes a endeudarse, explotarlos sexualmente y enviar a los líderes de las pandillas a distintos países, lo que en última instancia les ha dado acceso a lucrativas economías criminales.

La línea que separa el crimen organizado del Estado es cada vez más difusa, y los delincuentes y el gobierno colaboran con frecuencia. Los grupos políticos armados, conocidos como colectivos, colaboran con el gobierno para amenazar a los líderes de la oposición y coaccionar a los venezolanos para que voten por ciertos candidatos. Encuestas recientes sugieren que los colectivos podrían resultar esenciales si el gobierno de Maduro tiene alguna esperanza de aferrarse al poder. Los índices de aprobación de Maduro siguen siendo bajos, en torno al 28%, según Consultores 21, una consultora con sede en Caracas.

Las elecciones de Venezuela, si se celebran, representan un comodín en el mapa electoral de América Latina. Cualquier gobierno que salga elegido tendrá que enfrentarse a instituciones deterioradas y a sofisticados grupos criminales íntimamente ligados a funcionarios del Estado.

Sin embargo, esa convocatoria está en vilo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, cooptado por el régimen, confirmara el viernes la inhabilitación política por 15 años tanto a la candidata única de la oposición, María Corina Machado como a los líderes Henrique Capriles y Juan Guaidó.

Machado reaccionó en X: "el régimen ha decidido acabar con el Acuerdo de Barbados" con esta decisión, pero aseguró que "lo que no se acaba" es su "lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”.