Con 57 activistas asesinados en 2017, Brasil es el líder mundial, por segundo año consecutivo, de la violencia contra los defensores de derechos humanos y socioambientales, de acuerdo con los datos de un informe publicado este martes por la ONG internacional Global Witness.

El documento indica que 207 activistas murieron en unos 22 países, el 60% de ellos en América Latina. En Filipinas, que ocupa el segundo lugar en el ránking, se registraron las muertes de 48 activistas, el mayor número documentado en un país asiático. Colombia se queda en el tercer puesto, con 24 muertos. México y Perú tuvieron un aumento en los asesinatos con respecto al año anterior: pasaron de tres a 15 personas asesinadas, y de dos a ocho, respectivamente.

La ONG señala que el año 2017 fue el más violento para los defensores del medio ambiente. Según el informe, activistas fueron ejecutados por oponerse a proyectos forestales, agroindustriales o propuestos por empresas de minería. El balance, dice Global Witness, todavía está por debajo de la realidad, ya que muchas de esas muertes no son registradas por las autoridades. Entre las víctimas están líderes locales, encargados de proteger la flora y la fauna salvajes, o "personas comunes" que defienden sus tierras.

El documento destaca, sin embargo, que los activistas no son las únicas víctimas de esta situación y que en todo el mundo “personas que luchan contra las grandes corporaciones, grupos paramilitares o el propio gobierno para preservar el medio ambiente sufren ataques o son asesinados”.

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En Brasil, el informe menciona el ataque a la comunidad de los indios Gamela, en el estado de Maranhão, noreste del país, que dejó 22 heridos en 2017, incluyendo niños. Machetes y rifles fueron usados para expulsar a los indígenas de sus tierras, en un territorio bajo protección forestal. En un verdadero acto de salvajismo, a algunos de los indígenas se les cortaron sus manos y otros sufrieron intentos de descuartizamiento. Meses después, ninguno de los responsables fue juzgado, "lo que refleja la amplia cultura de impunidad y la falta de acción para defender a los activistas y comunidades", señala el informe.

Global Witness critica que "en lugar de actuar para acabar los ataques, el gobierno del presidente Michel Temer y el Legislativo están debilitando las leyes y las instituciones que protegen las tierras y los derechos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, facilitan las acciones de las grandes empresas, que no parecen preocuparse con la devastación humana y ambiental perpetrada por sus actividades, que aceleran la explotación de ecosistemas frágiles”.

Fuentes del Gobierno de Michel Temer, que se encuentra de viaje en México, donde participa de la cumbre de la Alianza del Pacífico, se han negado a comentar las acusaciones hechas en el informe.