El juicio político a la Corte Suprema y la ampliación del alto tribunal figuran entre los 27 proyectos incluidos en la convocatoria que hizo este viernes el gobierno argentino a sesiones extraordinarias del Congreso, un tema que crispará el ambiente político en un año electoral.

Las sesiones extraordinarias se desarrollarán entre el 23 de enero y el 28 de febrero, según el decreto publicado en el Boletín Oficial que lleva la firma del presidente Alberto Fernández.

Tras la convocatoria, el Frente de Todos (peronismo de centroizquierda) presentó formalmente en la Cámara de Diputados el proyecto para promover el juicio político por "mal desempeño" de la Corte, a la que acusan de alinearse con la oposición, en un año que estará marcado por los comicios generales de octubre.

Juntos por el Cambio (derecha), el mayor bloque opositor, anticipó su rechazo a la iniciativa al considerar que el gobierno "atenta contra el orden republicano" y amenazó con paralizar el Congreso.

El oficialismo cuenta con la mayoría simple necesaria para abrir en comisión la etapa de investigación, que puede extenderse 60 días.

Sin embargo carece de los dos tercios de votos necesarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para avanzar en la acusación y en la eventual destitución de los cuatro magistrados de la Corte. La quinta plaza está vacante.

El proyecto sostiene que la Corte "ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas" a los poderes ejecutivo y legislativo.

El conflicto entre el ejecutivo y la corte escaló en diciembre cuando el Tribunal Supremo falló en favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una puja por el reparto federal de los fondos provenientes de la recaudación de impuestos.

El presidente lo consideró "un fallo político de cara al año electoral", en referencia a los comicios generales de octubre para los que el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se perfila como un presidenciable por la oposición.

El proyecto de juicio político cita unos chats filtrados a la prensa, que dejaron expuesta una relación directa entre el vocero del presidente de la Corte y un ministro del gobierno capitalino que luego pidió licencia.

"Retórica hostil" 

Al asumir en diciembre de 2019, Fernández prometió impulsar una ampliación de la Corte y una reforma judicial que no tuvo avances concretos, temas que incluyó en el llamado a sesiones extraordinarias.

El gobierno propone ampliar la Corte de 5 a 15 miembros con equidad de género, un proyecto aprobado en septiembre por el Senado pero que se frenó en Diputados. También impulsa cambios en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y destituye jueces, así como abordar la demorada designación de un procurador general.

El impulso al juicio político a la Corte fue calificado de "atropello al Estado de derecho" del gobierno argentino por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en su informe de 2022, divulgado esta semana.

En Argentina "la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho", señaló la ONG basada en Washington.

La crítica cayó mal en el gobierno de Fernández, con buena llegada a los organismos humanitarios argentinos.

"La justicia argentina es la que socava el estado de derecho cuando un grupo de jueces se reúne con un empresario periodístico y con funcionarios para organizar fallos judiciales y después armar intentos de encubrimiento", reaccionó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en rueda de prensa.

La portavoz hizo referencia a un polémico viaje, que tuvo lugar el 13 de octubre, compartido por un grupo de jueces, fiscales y un funcionario de la ciudad, que volaron en avión privado a la estancia del millonario británico Joe Lewis, en la Patagonia. Luego salió a la luz un supuesto chat entre ellos en el que acordaban estrategias para ocultar el encuentro.