EN medio de un escándalo por supuestos lazos del ejecutivo de Honduras, liderado por Xiomara Castro con narcotraficantes, que forzó las renuncias de un sobrino y cuñado de la mandataria al gobierno y al Congreso, ésta designó a la abogada Rixi Moncada como ministra de Defensa.
El narcoescándalo estalló después de que Castro cancelara (el miércoles) el tratado de extradición con Estados Unidos, que permitió encarcelar a unos 50 hondureños ligados al tráfico de droga, entre ellos poderosos políticos, con el argumento de que era una protesta por su “injerencia” norteamericana en la política hondureña. Sin embargo, se despertaron sospechas de que había miembros del gobierno izquierdista vinculados a narcos.
José Manuel Zelaya, sobrino de Castro, renunció como titular de Defensa el sábado, poco después de que su padre, Carlos Zelaya, dimitiera como diputado y secretario del Congreso al admitir que en 2013 se reunió con capos del narcotráfico.
La nueva Mindefensa, muy cercana a la familia presidencial, fue ministra de Trabajo y Energía en el gobierno del marido de Castro, Manual Zelaya, quien fue derrocado en un golpe de Estado en 2009.
La abogada fue juramentada como ministra horas después por la mandataria en la casa presidencial, donde declaró que asumía el cargo con "compromiso ciudadano y profesional en una institución que tiene características esenciales, como son las Fuerzas Armadas".
Moncada, quien no se refirió al escándalo, es vista como favorita para ser la candidata presidencial del partido oficialista Libre en las elecciones de 2025.
La mandataria afirmó que canceló el tratado, en vigor desde 1912 y aplicado desde 2014, para evitar que Estados Unidos lo usara contra militares que le son leales y facilitara un intento de golpe de Estado.
Castro tomó esta drástica decisión al condenar la "injerencia" de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, en asuntos hondureños.
La diplomática había criticado que el ministro Zelaya y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, se hubiesen reunido con un ministro venezolano sancionado por Washington por narcotráfico.
Dogu, quien asistió al acto encabezado por Castro el domingo, dijo que mantiene "contacto cada día con el gobierno" hondureño.
"Éste es mi rol como diplomática, mantener las relaciones con el gobierno y ellos están en contacto con nosotros", declaró a los periodistas, sin mencionar las renuncias ni el fin del tratado bilateral.
El fin del tratado de extradición "es un paso que a nadie beneficia", dijo el analista Roberto Herrera, exómbudsman hondureño.
La cancelación del tratado con Washington induce a pensar que hay funcionarios del gobierno hondureño "vinculados" a las drogas, había advertido el viernes a la AFP el sociólogo Pablo Carías.
El partido Libre, que lidera el expresidente Zelaya, expresó su "apoyo absoluto y categórico" a las "valientes y firmes decisiones" de la mandataria y criticó "las intervenciones injerencistas de la embajada de Estados Unidos".
Por su parte, el principal partido de oposición en Honduras acusó al gobierno izquierdista de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos para protegerse de señalamientos de narcotráfico.
"La denuncia del tratado de extradición por parte del gobierno [...] es para proteger a las personas ligadas al poder" señaladas de tráfico de drogas, dijo el derechista Partido Nacional (PN) en un comunicado.
El gobierno hondureño busca "cegar a la familia Zelaya Castro Sarmiento de la persecución penal por parte de la fiscalía de los Estados Unidos", afirmó el PN.
El PN es uno de los partidos tradicionales de Honduras cuyo exlíder, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue uno de los 50 hondureños extraditados desde 2014 a Estados Unidos, donde fue condenado a 45 años de cárcel por tráfico de drogas y armas.