ESTADOS Unidos está listo para juzgar por narcotráfico al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en un proceso en el que los fiscales se enfrentan a la paradoja diplomática de presentar pruebas que demuestren que su gobierno mantuvo relaciones amistosas con un dirigente que sabía que era corrupto.

Hernández, a menudo conocido por sus iniciales JOH, mantuvo fuertes lazos con Estados Unidos durante gran parte de sus dos mandatos presidenciales en Honduras, de 2014 a 2022. Al principio, la relación se construyó alrededor de temáticas como el crimen y la seguridad, incluyendo iniciativas anticorrupción, reformas policiales y extradiciones de sospechosos por narcotráfico de alta prioridad.

Pero mientras el gobierno de Hernández ayudaba a Estados Unidos en su lucha contra el crimen organizado en Honduras, autoridades estadounidenses construían un caso en el que Hernández, junto a su hermano y otras personas, realizaban un complot para traficar cocaína.

“Esto forma parte del gran enigma de JOH. Cooperar en asuntos que eran importantes para Estados Unidos y que finalmente contribuyeron directamente a su propia caída”, declaró un alto exfuncionario estadounidense que solicitó el anonimato para hablar con libertad sobre el enjuiciamiento, delicado desde el punto de vista diplomático.

El juicio de Hernández marca la culminación de una amplia y ambiciosa investigación estadounidense sobre crimen organizado que expone las complejidades diplomáticas de abrir casos contra altos funcionarios, especialmente cuando son aliados de Estados Unidos. Comenzará este lunes, luego que el juez rechazara una petición para postergarlo.

De cara al público, la relación entre Estados Unidos y Hernández tiene sus raíces en la imagen de mano dura contra el crimen que cultivó antes de convertirse en presidente.

Como presidente del Congreso hondureño (2010-2014), Hernández respaldó la creación de una fuerza de policía militar e, irónicamente, una enmienda constitucional que permitía la extradición de hondureños, un cambio que curiosamente allanó su propia entrega a la justicia norteamericana, una década más tarde.

A pesar de su imagen pública de luchador contra el crimen, los documentos judiciales estadounidenses sugieren que Hernández podría haber estado implicado en el tráfico de drogas desde mediados de la década de 2000. Los registros indican que la DEA comenzó a investigar a Hernández en 2013, año en que ganó las elecciones presidenciales.

Pero la estatura política de Hernández limitó la capacidad de las fuerzas de seguridad estadounidenses para actuar con base en la evidencia recopilada. Investigar o acusar abiertamente a un líder electo podría dar lugar a señalamientos de injerencia en la democracia hondureña. También podría cerrar la puerta a la cooperación en temas bilaterales importantes como la delincuencia, la migración y el comercio.

“¡Existe la idea de que necesitamos socios!”, dijo Christine J. Wade, profesora de estudios centroamericanos en el Washington College. “Esto ha sido central, creo, en las mentes de Washington durante la última década. Y él es el presidente. Así que es un socio, ¿no?”.

Dudas cada vez más profundas

Las fuerzas de seguridad estadounidenses mantuvieron en secreto sus investigaciones sobre Hernández, mientras éste pulía su imagen pública como aliado de Estados Unidos en la lucha contra el crimen.

Aprovechando esa reputación, supervisó una serie de detenciones y extradiciones de importantes narcotraficantes en sus dos primeros años de mandato. En 2016 apoyó una importante reforma policial y acordó la creación de un organismo independiente anticorrupción respaldado por la OEA.

También respaldó los esfuerzos de Estados Unidos para frenar la migración desde Honduras, que era una de las principales prioridades políticas de la administración del entonces presidente Barack Obama y del vicepresidente Joe Biden.

“Conseguimos mucha cooperación. No obtuvimos una cooperación al 100 %. Y, ya sabes, teníamos los ojos bien abiertos”, dijo el exfuncionario estadounidense.

La posibilidad de que Estados Unidos estuviera investigando a Hernández salió a la luz cerca del final del último mandato de Obama, en octubre de 2016, cuando InSight Crime reveló que el hermano de Juan Orlando, Juan Antonio “Tony” Hernández, era una “persona de interés” en una investigación sobre narcotráfico.

Pero las revelaciones tuvieron poco efecto inmediato en la postura anticrimen de Hernández. Fiel a su imagen, no tomó ninguna medida para proteger a su hermano. Al contrario, proclamó repetidamente que “nadie está por encima de la ley”.

El escándalo que se arremolinaba en torno a “Tony” Hernández tampoco logró descarrilar de inmediato la relación diplomática de su hermano con Estados Unidos después de que Donald Trump asumiera la Presidencia, en enero de 2017. En mayo de ese año, meses después de que “Tony” fuera implicado por primera vez, Juan Orlando realizó una visita de dos días a Washington D. C., donde fue recibido por destacados miembros del Congreso estadounidense, altos funcionarios de seguridad y el entonces vicepresidente Mike Pence.

“Después de que Tony fuera implicado por primera vez, preguntamos (al Departamento de Justicia de EE. UU. y a la DEA), repetida y directamente, si JOH estaba bajo investigación”, dijo el exfuncionario estadounidense. “El presidente, el secretario de Estado y el aparato de política exterior necesitaban saberlo para poder ajustar la política acorde a ello si era necesario. Se nos dijo repetidamente: ‘No, no hay de qué preocuparse'”.

La postura anticrimen de Juan Orlando Hernández y su relación con Estados Unidos empezaron a resquebrajarse tras un controvertido proceso de reelección y crecientes acusaciones de que el presidente estaba implicado en el negocio de la droga.

Hernández comenzó su segundo mandato en enero de 2018, empañado por las acusaciones de que había amañado la votación de noviembre, tras la cual tanto él como su rival, Salvador Nasralla, se atribuyeron la victoria. Estados Unidos se abstuvo de reconocer los resultados durante semanas, pero finalmente emitió una escueta declaración de felicitación, instando a “un diálogo nacional robusto a raíz de las irregularidades electorales”.

Las cosas se pusieron más tensas a finales de 2018, cuando “Tony” Hernández fue arrestado en Miami acusado de utilizar conexiones con policías corruptos y otros funcionarios para traficar drogas a través de Honduras, particularmente por la remota región de Moskitia.

El juicio contra “Tony”, junto con los procesamientos de otros narcotraficantes, expuso acusaciones de que Juan Orlando había tomado millones en dinero de la droga para ayudar a financiar sus campañas políticas a cambio de ayudar a los narcotraficantes mientras estuviera en el cargo.

El presidente negó esas acusaciones, afirmando que se basaban en falsos testimonios de traficantes extraditados bajo su mandato. Pero en los meses siguientes dio marcha atrás a su previa postura anticrimen al negarse a renovar el mandato del organismo internacional anticorrupción y supervisar el debilitamiento de las leyes contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero.

Aun así, Hernández evitó una relación totalmente antagónica con Estados Unidos al cooperar en otros asuntos políticos importantes, como el control de la migración y el traslado de la embajada de Honduras en Israel a Jerusalén.

“Fueron pequeñas muestras de apoyo como esa, congraciándose con la administración Trump en ocasiones, que creo que lo mantuvieron en una posición relativamente cómoda”, dijo Wade.

Sin embargo, la ley hondureña prohibía a Hernández presentarse a un tercer mandato, y en noviembre de 2021, la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro –miembro de la oposición política– ganó las presidenciales. A las pocas semanas, Hernández fue detenido y extraditado a EE.UU.

De cara al futuro

El juicio de JOH plantea la pregunta de por qué Estados Unidos mantuvo durante tanto tiempo una estrecha relación diplomática con un líder presuntamente corrupto y criminal. Pero las pruebas disponibles hasta ahora sugieren que las relaciones diplomáticas y las investigaciones policiales siguieron caminos muy separados.

Estados Unidos ha colaborado anteriormente con socios extranjeros problemáticos y es probable que siga haciéndolo. Pero es raro que fiscales estadounidenses lleven a juicio a antiguos socios después de que dejen el cargo.

Un destacado ejemplo histórico es Manuel Noriega, el dictador de Panamá durante la década de 1980 que fue considerado un aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría, pero que más tarde fue derrocado en una invasión militar estadounidense y encarcelado por narcotráfico.

Estados Unidos también mantuvo sólidas relaciones con Ricardo Martinelli, presidente panameño entre 2009 y 2014. A pesar de la cooperación de Martinelli en materia económica y de seguridad durante su mandato, un remolino de escándalos de corrupción en torno a él y su familia llevó a Estados Unidos a extraditarlo de vuelta a Panamá en 2018, donde fue condenado a más de una década de prisión por blanqueo de capitales, pena que recientemente le fue ratificada y por lo cual pidió y se le otorgó el asilo en Nicaragua.

Aunque Estados Unidos extraditó a Martinelli en lugar de llevarlo a juicio, ese ejemplo, combinado con el juicio por iniciar a Hernández, muestra una mayor disposición de Estados Unidos a volverse contra antiguos aliados cuando comprueba que han delinquido