Terminado el verano, España transita un otoño turbulento.  Alberto Núñez Feijóo ni Pedro Sánchez cuentan con las mayorías para ser investido como jefe de Gobierno. El segundo, sin embargo, tiene más chances para lograr los escaños suficientes (176) y repetir en el Palacio de la Moncloa, siempre y cuando le conceda una amnistia a los líderes del independentismo catalán, que cuentan con siete escaños claves para darle la continuidad en el mando.

La posible amnistía es vista por la izquierda y sus aliados como una vía esencial para destrabar la situación política en Cataluña, que ya cumple siete años de bloqueos. La derecha, en cambio, la interpreta como una entrega total del Estado español a los caprichos independentistas que buscan, por encima de todo, “quebrar la unidad nacional” y romper el consenso territorial que trajo la transición a la democracia (1978).

Son dos formas de aproximarse al mayor problema que enfrenta España y muestra, además, la difícil discusión sobre la unidad de este país peninsular, incapaz muchas veces de ponerse de acuerdo sobre lo que significa un proyecto común y, en últimas, la idea de Nación. Sánchez lanza esta última carta y tensa aún más un país que ya hace parte de los cinco países más polarizados del mundo, según el Barómetro de Edelman.

Amnistía

En entrevista con El País de España, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, revela que Carles Puigdemont ha exigido para sentarse a negociar para que España reconozca “la legitimidad democrática del independentismo”, “cree un mecanismo de mediación y verificación de cumplimiento de los acuerdos” y haya “un abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”. 

La posible amnistía a los catalanes trae consigo un congelamiento de todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y otros entes judiciales que desde 2017 han sentenciado a Puigdemont y sus aliados por los delitos de sedición -hoy derogado-, malversación agravada y desobediencia por realizar un referendo “ilegal” en 2016 en el que preguntaron si Cataluña debía convertirse en un estado independiente de España.

Hasta el 23 de julio, el jefe del gobierno español se había opuesto a cualquier concesión que pusiera en duda las decisiones judiciale de los tribunales. “Por convicción personal y política y porque la Constitución no reconoce el derecho a la segregación”, dijo cuatro días de las elecciones generales en La Sexta.

Esta posición ha ido cambiando al momento de hacer números y darse cuenta que sin el apoyo de los líderes del procés no puede gobernar. Tampoco es que Sánchez sea un político de férreas convicciones. La flexibilidad, para algunos excesiva, ha sido un elemento esencial en su gobierno. Sus decisiones han demostrado que, en el fondo, siempre ha contemplado la amnistía como un camino viable para solucionar el conflicto en Cataluña.

El año pasado, la coalición de Sánchez en Congreso de los Diputados derogó la sedición con el propósito de eliminar uno de los tres delitos que se la han imputado a los líderes del procés. En retrospectiva, esto demuestra que el líder socialista ya venía allanando el camino para desbloquear la vía judicial y abrir una posible negociación política.

Para varios sectores de la izquierda española la solución al conflicto en Cataluña, es política, y la amnistía es el mayor paso para reconocerlo como tal. “En una democracia liberal, los hechos del procés no habrían provocado una auténtica deriva iliberal del Tribunal Supremo, sino que habría implicado una declaración de inconstitucionalidad por parte del TC y la constatación política de un conflicto político de primer orden”, opina Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional, en La Vanguardia.

Gran acto en contra

El Partido Popular y otros sectores de la derecha española conciben la amnistía como el último eslabón de un quiebre constitucional que Sánchez viene ejecutando a través de alianzas con partidos -vascos, catalanes, navarros- que buscan romper la unidad de España.

A la discusión sobre la posible amnistía se ha unido el conservador exjefe de Gobierno, José María Aznar, quien ha convocado a “un gran acto contra la amnistía” por considerarla “ilegítima”. “Hay que decir de nuevo ¡basta ya!”, ha dicho el líder conservador, recordando el lema que se usaba en las movilizaciones contra ETA durante su gobierno (1996-2004). En respuesta, la ministra del Interior, Isabel Rodríguez, ha calificado las palabras del exmandatario de “golpistas”.

La posición de Aznar es compartida no sólo por derecha. Parte importante de los históricos del Psoe también ven una deconstrucción del régimen del 78 en los planes de Sánchez. Alfonso Guerra, exministro de Felipe González, ha dicho que Sánchez la apunta a una “sistema salchichón”. “Una rodajita son los indultos, otra la eliminación de la sedición, otra la malversación, la amnistía. Después vendrá la autodeterminación y el referéndum”, escribió.

Como Guerra, otros históricos del socialismo español se han alejado del partido por considerar que está en manos de un presidente (Sánchez) que ha pactado con Bildu, agrupación de exmiembros de ETA, y ha motivado la derogación de delitos como la sedición. Entre ellos, se encuentra el máximo líder de la agrupación hasta Felipe González e Iván Redondo, un estratega del partido e hijo de un exministro socialista.

Este sector del Psoe, a excepción de González, hoy parece estar más cerca del PP que del partido de izquierda. En las elecciones regionales de mayo, Guerra apoyó abiertamente a Isabel Díaz Ayuso para la presidencia de la Comunidad de Madrid, en tanto que otros miembros de la izquierda, incluso excomunistas, como Ramón Tamamés, hoy hacen parte de VOX.

Esta disidencia de izquierda coincide con Aznar en que no hay otro camino que presionar a Sánchez desde las calles. Invitan a movilizar a esos 11 millones de españoles que votaron por la derecha en julio para que envíen un mensaje al jefe de Gobierno en el sentido que conceder una amnistía significaría un quiebre del orden constitucional español.

El panorama en España está lejos de esclarecerse. Este 26 de septiembre, Núñez Feijóo comparecerá ante el Congreso de los Diputados sin los votos suficientes para ser investido. Fallida este procedimiento, Sánchez de inmediato buscará que el rey Felipe VI permita su investidura. Y ahí entra Puigdemont a la ecuación: sin sus votos, tampoco Sánchez será investido. España está en sus manos.