UN REVÉS democrático muestra el informe “Perspectivas económicas de América Latina 2018: repensando las instituciones para el desarrollo”, presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuya conclusión es, entre otras, que el 75% de los ciudadanos de la región desconfía en el gobierno de su país.

Negativa en comparación con otras partes del mundo, la cifra confirma que cada vez es más clara la desconexión de los ciudadanos con los gobiernos de turno, tendencia que viene en aumento en la región dado los altos índices de corrupción e inseguridad.

Legitimidad del sistema

Los escándalos de corrupción marcan el poco optimismo que tienen los ciudadanos frente al gobierno. Sólo el año pasado Luiz Inacio Lula da Silva, Pedro Pablo Kuczynski  y el vicepresidente Jorge Glas de Ecuador fueron acusados de negociar o recibir componendas a cambios de favores políticos o corporativos usando sus influencias como gobernantes.

La multinacional brasileña Odebrecht ha estado detrás de la mayoría de los casos, pero no es, como algunos creen, el único elemento que explica la tendencia corrupta de algunos gobernantes.

Expertos han dicho que en el continente existe un fenómeno generalizado de poco respeto hacia las instituciones, tanto de los ciudadanos como de aquellos que las dirigen. Son vistas más como órganos de control y dirección que pueden ser moldeables, antes que elementos “sagrados” para el equilibrio social.

Esa falta de “sacralidad” de las instituciones hace que en los gobiernos haya numerosos funcionarios que conciban su lugar de trabajo como un escenario proclive a las dádivas para explotar fines particulares y actuar en detrimento del interés general, fin esencial de cualquier institución.

Ahora bien, el gobierno, entendido como el máximo órgano de representación de la institucionalidad y la política, es permeado igualmente por esta noción, teniendo prácticas antidemocráticas como la corrupción, que dañan el fin último por el cual ha sido escogido: representar a los ciudadanos.

Visto que la corrupción carcome la legitimidad política de cualquier institución, el Latinobarómetro 2016 para las Américas, en consonancia con este último informe de la OCDE, ha dicho que en términos generales “menos de una quinta parte de los colombianos expresa niveles altos de apoyo al sistema político”.

Por sistema político se entiende a todo aquello que dé legitimidad a la democracia y, por tanto, al gobierno. Dice el informe que “la gobernabilidad democrática y la confianza popular en las instituciones democráticas son más fuertes cuando los funcionarios públicos se abstienen de incurrir en prácticas corruptas”.

El año pasado, en otra medición sobre los gobierno de la región, el “Trust Barometer de Edelman” dijo que en Colombia tan sólo el 23% de los ciudadanos confía en los funcionarios del gobierno, cifra que tiene una conexión directa con la desconfianza en el Ejecutivo, 75%, registrada en el informe de la OCDE.

Entre más altos son los índices de corrupción e inseguridad –variable que más adelante se analizará-, menor es el grado de confianza en el gobierno. Calificado por muchas mediciones como uno de los países con prácticas más corruptas, acompañado de Venezuela y Haití, México fue el lugar donde la gente confía menos en los gobernantes (20%).

Según Transparencia Internacional, en un estudio de 2017, América Latina aparece muy mal ubicada en los índices de corrupción, sólo por encima de países africanos y algunos asiáticos.

De 180 países, Venezuela se ubica en el puesto 169 con un puntaje de 18 sobre 100, al tiempo que Paraguay, México, Honduras y Ecuador no superaron los 32 puntos, muy por debajo de lo que se esperaba.

En este ranquin Colombia descendió seis puestos, pasando del 90 al 96, probablemente por las incidencias que han tenido algunos casos de corrupción con los sucedáneos escándalos de Odebrecht, Reficar y Elictricaribe.

Para la OCDE, “la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, tradicionalmente baja en América Latina y el Caribe (ALC) se ha deteriorado en años recientes. La falta de confianza se ha profundizado desde la crisis financiera mundial”.

Este deterioro ha tenido impacto directo en la clase media, que ha crecido bastante mostrándose como uno de los avances en la región. En 2015, cerca del 34,5% de la población latinoamericana se podía considerar como “clase media consolidada”, ya que vivía con diez a quince dólares diarios.

La clase media, en aumento y con mejores tasas de educación, ahora tiene “mayores aspiraciones, así como valores y exigencias diferentes, dado que los ciudadanos de clase media apoyan y reclaman con mayor firmeza el cumplimiento de los principios democráticos”.

Además de la corrupción, otro de los factores que vulnera la confianza en los gobiernos es la inseguridad, en aumento en gran parte de la región. Si bien el conflicto armado en Colombia ha cesado, el crimen organizado asociado al narcotráfico tanto a nivel rural como urbano ha generado nuevas percepciones de inseguridad que tienen un impacto negativo sobre los gobiernos de turno.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (Ccspjp), organización civil mexicana que mide el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, “América Latina ostenta el triste título de ser la región que alberga el mayor número de ciudades más violentas”.

En un informe publicado en marzo, el Ccspjp dijo que de las 50 ciudades más peligrosas del mundo 42 son latinoamericanas. Entre ellas diecisiete están en Brasil, doce en México, cinco en Venezuela, tres en Colombia (Cali, Cúcuta y Palmira) y dos en Honduras.

Asimismo, casi una cuarta parte de la población ha sido víctima de algún delito, demostrando que como entidades del gobierno, las fuerzas de seguridad que gozan de buena percepción han bajado sus índices de apoyo y credibilidad.

Varios informes advierten que estas condiciones llevan a escenarios predilectos para que discursos con un toque populista tomen fuerza. Esta tesis es parcialmente cierta. Si bien en México, López Obrador, calificado como tal, ganó, en otros países como Colombia, Chile y Argentina esta no fue la tendencia. Habrá que ver qué pasa en Brasil.