El 2018 registró la tasa de homicidios más alta en los últimos años, tras las políticas para dar de baja a los capos de la droga. 

Desde que el gobierno mexicano implementó una estrategia militar hace 12 años para descabezar a los carteles de la droga, las tasas de homicidios dolosos crecieron gradualmente, año a año, desatando una “epidemia de violencia” nunca antes vista.

Este problema de "salud pública" ahora se vuelve más grave en el país azteca, luego de que faltando unos días para que concluya el año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicó al 2018, sin contar aún diciembre, como el periodo más violento con 30.499 carpetas de investigación de este delito de alto impacto.

En 2017 fueron 29.324, en 2016 se registraron 23.953, y luego 20.762 en 2015.

Sumado a ello, en 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró una tasa porcentual de 25 asesinatos por cada 100.000 pobladores, lo que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) significa una “epidemia”.

Sus parámetros establecen esta alerta cuando un país ha rebasado las 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, en un contexto donde se tiene como consecuencia “un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”.

La doctora Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) también califica el fenómeno como una epidemia:

“Estamos frente a una epidemia. Antes de 2006 todavía estábamos en el nivel número uno, es decir, en el menor de 10, y ahora estamos en el nivel tres, arriba de los 20. Se triplicó la tasa de homicidio, se ve la gravedad y la pérdida de tantas vidas humanas”.

Dicho incremento, a decir de Azaola, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), se debe al debilitamiento del modelo de seguridad pública, supeditado al sector castrense, y también a una creciente “descomposición” de la sociedad por falta de políticas públicas.

“No se han fortalecido las instituciones que tendrían que combatir y hacer frente a esta incidencia delictiva, principalmente las policías y procuradurías. Continúa el fenómeno delictivo creciendo de cierto modo natural cuando no hay consecuencias ante los hechos delictivos. No los hay porque hay un alto grado de impunidad, eso propicia que se sigan cometiendo”, abunda la profesora.

Por otro lado, afirma la investigadora que, para atender esta situación, son “inapropiadas” las políticas sociales, económicas, culturales y educativas. “Hay una deficiencia en el sistema educativo, falta de ciudadanía, cultura de la legalidad. Hace que cada vez más gente sea proclive a cometer esos graves delitos”.

¿Otra vez militares?

Durante la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de este año, una de las promesas fue el retiro programático de las fuerzas armadas y fortalecer las instancias policíacas y de procuración de justicia, mediante una Guardia Nacional, diseñada y comandada por fuerzas civiles.

Esto se propuso luego de los resultados de dos sexenios, los de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, que arrojaron un saldo de más de 250.000 homicidios dolosos, según cifras oficiales.

Sin embargo, durante la presentación de la iniciativa en el Congreso mexicano, se propuso reformar 13 artículos constitucionales que, en resumen, de acuerdo con organizaciones y un asesor del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador consultados por la Agencia Anadolu tres semanas atrás, otorgan el mando operativo a los militares.

“No es la política adecuada en la medida que tendría que asegurarse el fortalecimiento de las instituciones civiles, las policías y las procuradurías, y eso sigue sin estar programándose en el nuevo gobierno; hubo una reducción de los recursos que obtendrá la Procuraduría General de la República, y las policías y es más como trasladar la responsabilidad a los militares quienes ya la han venido ejerciendo”, explica Azaola.

La antropóloga especializada en violencia e instituciones policiales y penitenciarias, no augura “buenos resultados” si se continúa con esa política de seguridad que, según comenta, ahora tiene “el agravante de que va a gozar del respaldo legal para poder intervenir en tareas de seguridad que no son de su competencia”.