Nicaragua llamó este lunes a consultas a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica, en rechazo a señalamientos "injerencistas", informó la presidencia, luego de que sus gobiernos criticaron las detenciones de líderes opositores.
"El gobierno ha llamado a consultas a embajadores ante Argentina, Orlando Gómez; Colombia, Yara Pérez; México, Juan Carlos Gutiérrez y Costa Rica, Duilio Hernández, en reciprocidad (...) a llamados similares de los gobiernos mencionados", expone una misiva leída por la vicepresidenta de Nicaragua y primera dama, Rosario Murillo.
Argentina y México retiraron a mediados de junio a sus embajadores de Managua, Costa Rica, congeló el nombramiento de su representante y Colombia hizo lo propio el mes pasado en medio de una ola de arrestos a opositores al gobierno de Daniel Ortega, entre ellos siete aspirantes a la presidencia para las elecciones del 7 de noviembre.
Murillo criticó "los constantes e inmerecidos señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos, de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países" en temas que conciernen al pueblo y gobierno de Nicaragua.
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Nicaragua expreso su rechazo "categórico" a lo que calificó de "imitación caricaturesca" de quienes "se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado".
Al menos 31 líderes opositores han sido detenidos desde junio, en su mayoría por "traición" a la patria.
Ortega, un exguerrillero de 75 años, gobierna desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas.
A la cabeza del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) aspira a asentarse en el poder por cinco años más junto con Murillo, de 70 años, quien lo acompaña en la vicepresidencia desde 2017.
La Unión Europea (UE) ha sancionado con restricciones migratorias y financieras a Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno por su responsabilidad en las "graves violaciones de los derechos humanos" en Nicaragua.
La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno de Ortega, en protesta por la represión que mantiene contra sus opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.