La mayor preocupación de Panamá, por mucho tiempo, había sido ser parte de la lista “gris” de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que incluye a todos los países considerados paraísos fiscales. Sin embargo, la misma organización decidió retirar de la lista al país a finales de octubre, sin generar el efecto esperado. Rápidamente, la decisión se ha visto opacada por masivas protestas contra un proyecto minero y la peor sequía en 50 años.

Si uno le pregunta a un analista de riesgo cómo ve a Panamá en este momento, probablemente responda que el país enfrenta varias crisis al mismo tiempo o una policrisis, una palabra que se ha vuelto común en juntas directivas, gobiernos o instituciones académicas y de investigación, para explicar las convulsas dinámicas geopolíticas e internacionales contemporáneas y sus consecuencias para el mundo de los negocios. En realidad, el término viene del Foro Económico Mundial, de este año en Davos.

El país, de un lado, vive las mayores movilizaciones en 50 años por la concesión de un proyecto minero que ha generado el rechazo de miles de ciudadanos que exigen algo más que el bloqueo del proyecto y demandan un debate nacional sobre el modelo productivo nacional.  El fenómeno del “Niño”, del otro lado, ha causado históricas disrupciones en el Canal de Panamá -su principal fuente-, afectando los ingresos estimados en miles de millones de dólares.

De ser un país altamente favorable para los negocios, por sus bajas tasas impositivas y una consolidada seguridad jurídica, hoy en Panamá predomina la incertidumbre. Una parte de los panameños, siguiendo el patrón de las protestas que han sacudido a la región en los últimos cinco años, exigen transformaciones económicas y sociales, aunque en ellas se mezclan múltiples demandas.

Cobre Panamá

Todo comenzó el 20 de octubre. Ese día, el gobierno de Laurentino Cortizo aprobó un contrato que concede por 20 años a la minera canadiense First Quantum Minerals la explotación de cobre en la mina Cobre Panamá, que contribuye a un 5% del producto interno bruto (PIB). En rechazo a la concesión, miles de ciudadanos se han movilizado y dicen que las autoridades no consultaron a las comunidades del lugar donde se lleva a cabo el proyecto, que además está en un área protegida.

Semana tras semana, las protestas han convocado más gente y hoy son comparadas con la ´Cruzada Cívica Nacional`, en 1987, cuando una mancha blanca de miles de panameños salió a las calles contra la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, que finalmente fue derrocada en 1989.

Los manifestantes, bajo el lema “Panamá sin minería” y al ritmo de “Patria”, un himno salsero de Rubén Blades, piden que el gobierno impulse un proceso de diversificación económica apostándole a sectores como el turismo, la agricultura y el medio ambiente. Son las mismas demandas que se han oído en el resto de América Latina, con ciudadanos movilizados a nivel nacional y local que exigen, desde Chile hasta México, un reordenamiento del aparato productivo de sus países. Estas demandas, deseables y necesarias, también tensionan a los países que se ven enfrascados en debates maximalistas con posiciones extremas contra la explotación de minerales, petróleo y gas o a favor de los derechos de las multinacionales y empresas estatales que se encargan de ello.  

Al menos en el caso panameño, la Constitución dice que todos los yacimientos minerales son propiedad del Estado y sólo pueden extraerse mediante concesión. El gobierno afirma que negoció con First Quantum Minerals la concesión de la mina de Cobre Panamá por los beneficios económicos que le trae el país, dándole el derecho a extraer el mineral en una extensión de 32,000 acres en Donoso.

En carta dirigida a las autoridades panameñas, la presidente de la empresa, Bonita To, dice que Cobre Panamá representa la mayor inversión privada en la historia del país, es casi el 5% del PIB y ha creado más de 40.000 puestos de trabajo. Menciona, también, que la explotación minera se hace “de manera ambientalmente segura”.

El contrato de concesión entre First Quantum Minerals y Panamá está siendo objeto de un control de constitucionalidad por parte del Tribunal Supremo, que tendrá la última voz sobre si se declara inconstitucional algunas partes o la totalidad del contrato. Si frena el proyecto, seguramente la compañía acudiría a tribunales de arbitraje internacional donde se suelen dirimir estas diferencias jurídicas.

El “Niño”

El 30 de octubre, en medio de las masivas movilizaciones, el Canal de Panamá comunicó que por las faltas de lluvias reduciría las franjas horarias de reserva de 31 buques diarios a 25, con la posibilidad de que se reduzca a 18. La decisión empezó a correr desde el 3 de noviembre hasta el 3 de febrero.

Detrás de las precipitaciones está el fenómeno de “El Niño”, que ha hecho que Panamá experimente las lluvias más bajas desde 1950 y el segundo año más seco desde que hay registros. A causa de estas condiciones climáticas, se han generado restricciones para los buques que alargan los tiempos de espera para acceder al Canal, lo que, según FD Intelligence, le podría costa a Panamá hasta 200 millones de dólares en ingresos perdidos.

La disrupción en el Canal , causada por “El Niño”, que ha llegado al mismo tiempo que las marchas contra el proyecto en Cobre Panamá así como el desafío migratorio por el Tapón del Darién demuestran que, de la noche a la mañana, un país que gozaba de una moderada tranquilidad en una región convulsa ha pasado a enfrentarse a múltiples crisis, revelando que los países hoy pueden repentinamente verse amenazados por escenarios críticos que requieren medidas preventivas, políticas y técnicas que, como se evidencia, no han estado en el orden de prioridades panameñas.

Si en estos días alguien quiere conocer qué significa policrisis, el caso de Panamá es el ejemplo ideal para comprobar como toda cambia inesperadamente y de pronto aparecen varias crisis.