Los expresidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff serán enjuiciados por presuntamente pertenecer a una organización delictiva. 

El juez Vallisney Oliveira, de Brasilia, aceptó la denuncia formulada por la Procuraduría General contra los exjefes de Estado en un proceso que afecta a varios miembros del Partido de los Trabajadores (PT) y está relacionado con una red de corrupción al interior de la petrolera estatal Petrobras.

Además de los dos expresidentes, el juez también imputó a los exministros de Economía, Antonio Palocci y Guido Mantega, y al extesorero del PT, João Vaccari Neto. 

En su momento, el entonces fiscal general, Rodrigo Janot, acusó a estos exfuncionarios del PT de haber desviado unos 1.480 millones de reales (USD 387 millones) a través de un sistema de sobornos creado alrededor de Petrobras.

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Los acusados enfrentarán penas de entre tres y ocho años de cárcel por el delito de pertenencia a una organización delictiva. Aunque la condena contra Lula podría ser mayor ya que el ente acusador lo considera "el gran ideólogo" de la red de corrupción.

Lula fue condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la investigación de ‘Lava Jato’. 

El líder brasileño fue hallado culpable de recibir un lujoso apartamento en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Pablo, como parte de pago de un soborno realizado por la constructora OAS, la cual recibió millonarios beneficios de contratos con la petrolera estatal Petrobras.

En un comunicado, el PT negó las acusaciones y atribuyó todo el proceso al "delirio acusatorio" de Janot: "Quienes actúan como una verdadera organización fuera de la ley son sectores politizados de la Fiscalía y del sistema judicial, que persiguen al PT y a sus líderes con acusaciones sin pie ni cabeza. Trabajan cotidianamente para excluir al PT de la vida política brasileña, valiéndose de mentiras y abuso de poder".