"PROFUNDAMENTE preocupado" por la detención de la activista y experta en temas militares Rocío San Miguel en Venezuela se declaró el gobierno de Estados Unidos y advirtió que sigue "muy, muy de cerca" la situación.
También la oficina de derechos humanos de la ONU manifestó su "profunda preocupación" por la situación de San Miguel. "Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal", indicó ese organismo en la red social X.
San Miguel, una abogada de 57 años y con doble nacionalidad, venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero a las 05H00 horas locales en el área de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Al momento de su detención se encontraba con su hija Miranda, quien pudo avisar a sus allegados que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) habían detenido a su madre.
Otros cinco familiares también fueron arrestados: dos hermanos, su padre y su exesposo.
Uno de sus abogados defensores lo calificó de "desaparición forzada" pero el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que será imputada por "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración".
"Estamos al tanto de los reportes de que Rocío San Miguel, y creo que un par de miembros de su familia, han sido detenidos. Estamos profundamente preocupados por eso", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
"No voy a entrar en especulaciones sobre lo que pasó exactamente aquí o lo que podríamos hacer como resultado. Pero le puedo decir que estamos siguiendo esto muy, muy de cerca", añadió.
La detención de San Miguel y sus familiares "sigue una tendencia preocupante" de detenciones arbitrarias, apuntó la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, que funciona desde Bogotá.
La Casa Blanca ha elevado el tono varias veces en las últimas semanas contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, al que reprocha el incumplimiento del acuerdo de Barbados alcanzado en octubre con la oposición, que fijó las presidenciales para el segundo semestre del año.
El trato consistía además en levantar la inhabilitación de todos los candidatos a los comicios, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la que pesaba sobre la líder opositora María Corina Machado.
Maduro "tiene que cumplir los compromisos que asumió en otoño acerca de cómo van a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de oposición, e incluso a aquellos miembros de la sociedad venezolana que quieran presentarse como candidatos" a las elecciones, añadió Kirby.
Ante estas reacciones, el fiscal venezolano Saab denunció una "campaña feroz" desde el extranjero, y el ministro venezolano de Exteriores Yván Gil acusó al gobierno estadounidense de "proteger y amparar a los terroristas", también en publicaciones X.
La fiscalía vincula a esta mujer que dirige la ONG Control Ciudadano con "Brazalete blanco", un presunto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Maduro.
Ese ente acusador también solicitará privación preventiva de libertad para el militar retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, expareja de San Miguel, por la "presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos militares y preocupantes a la seguridad de la nación, obstrucción a la "Administración de Justicia y Asociación".
Saab dijo que además de la privativa de libertad contra San Miguel y su exesposo, el Ministerio Público solicitará "medidas cautelares" con presentaciones periódicas para otras cuatro personas.
En enero Washington reimpuso sanciones a la minera estatal de extracción de oro de Venezuela, que había levantado en octubre, y amenazó con hacer lo propio en abril con el sector petrolero y el gas si el gobierno venezolano persiste en incumplir el trato.
Las autoridades venezolanas vinculan a Rocío San Miguel, con una supuesta conspiración contra Maduro. Se desconoce el lugar donde está detenida y las condiciones en las que se encuentra./AFP y Europa Press