TIENE LA voluntad y las ganas de reconciliar Perú para llevarlo pacíficamente a las elecciones adelantadas del 2024. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte enfrenta una ‘virulenta’ arremetida de la izquierda radical orquestada desde el llamado ‘país profundo’, en la zona fronteriza con Bolivia y presuntamente impulsada por el expresidente socialista de ese país, Evo Morales.

Solo tres días después de que recibiera el espaldarazo del Congreso, que aprobó con una docena de votos más de los requeridos la moción de confianza al gobierno liderado por el primer ministro Alberto Otálora, pese a las violentas en la región del Punto que habían cobrado hasta ese momento 20 vidas, la presidenta peruana enfrentó su primera crisis de gabinete con la inesperada renuncia de tres ministros: Interior, Trabajo y de la Mujer.

Paralelamente los llamados al cierre del Congreso y la exigencia de su renuncia se extendieron, llegando a Lima, mientras que en el sur andino persistían los bloqueos de ruta, afectando la turística ciudad de Cusco y el tren a Machu Pichu.

La reactivada convulsión social tras la tregua de fin de año, toma fuerza no sólo con las marchas, sino porque a ella se han ido sumando voces de mandatarios regionales y locales, que liderados por la bancada de la izquierda radical pretenden la salida de Boluarte del poder e, inclusive, el restablecimiento en el mismo del encarcelado Pedro Castillo.

"¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana", dijo el gobernador de Puno, Richard Hancco.

En el mismo sentido se pronunciaron autoridades de las regiones andinas de Apurímac y Cusco, así como 12 colegios departamentales de abogados y el Colegio Nacional de Profesores.

La parlamentaria opositora Susel Paredes afirmó que la renuncia de Boluarte "se está madurando" y aseguró que la dimisión el jueves del ministro de Trabajo, Eduardo García, "es el principio del fin" luego que éste se apartara por desacuerdos con la forma en que el gobierno maneja las protestas.

Pero el primer ministro, Alberto Otárola no sólo descartado tajantemente la posibilidad de que Boluarte renuncie, sino que firmó el decreto que ella expidió declarando el 2023 como el "año de la unidad, la paz y el desarrollo", frase que se consignará en los documentos oficiales hasta diciembre.

Desde comienzos de la década de los 60, las autoridades peruanas otorgan oficialmente a cada año un nombre, normalmente una frase relativa a los acontecimientos en curso. 2020 fue el "año de la universalización de la salud", mientras que 2022 fue el del "fortalecimiento de la soberanía nacional".

El decreto recoge que, teniendo en cuenta que "el Estado promueve el diálogo transparente en todos los niveles de gobierno (...) resulta necesario declarar el año 2023 como el año de la unidad, la paz y el desarrollo".

De otra parte y argumentando su inconformidad con la tensionante situación y en protesta por las ya 42 vidas segadas en los violentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, el viernes dimitieron los titulares de las carteras de Trabajo, Interior y de la Mujer, siendo de inmediato reemplazados por la mandataria que reiteró su llamado al diálogo al igual que su compromiso por una reconciliación nacional.

Boluarte aceptó la renuncia del titular de Interior Víctor Rojas, a quien sucedió el general de la Policía en retiro Vicente Romero, en tanto que Nancy Tolentino llenó el lugar dejado por Grecia Rojas al frente de la cartera de la Mujer, mientras que Luis Alfonso Adrianzén tomó las riendas de la cartera de Trabajo.

El papel del saliente titular de Interior estaba en entredicho debido al uso de la fuerza por parte de la policía en las protestas en curso, que además de las víctimas (fallecidos y heridos) ha dejado 329 detenidos, entre ellos un menor de edad, que están siendo investigados por haber presuntamente haber cometido "delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos".

El Ministerio Público confirmó que, por el momento y tras un mes de protestas, el balance de víctimas es de 42 fallecidos (entre ellos un policía que fue quemado vivo) y 531 heridos (355 civiles y 176 policías).

 Perú vivió el viernes su décimo día consecutivo de manifestaciones y ya varias ciudades están incomunicadas por los bloqueos como el caso de Arequipa, segunda ciudad del país y cuna de revoluciones, que no tiene comunicación terrestre con sus vecinas regiones andinas de Cusco y Puno.

En Tacna, a 1.220 km al sureste de Lima y limítrofe con Chile, no han cesado las marchas por lo que este país cerró temporalmente el paso fronterizo.

El jefe de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que culminó el viernes su visita a Lima, l abogado guatemalteco Stuardo Ralón, exigió investigaciones imparciales ante indicios de que elementos de las Fuerzas Armadas hicieron "uso excesivo de la fuerza" en la represión de las movilizaciones.

Demandas políticas

El bloqueo de carreteras, en especial en el sur del país, históricamente marginado, también se han extendido a zonas de la selva. En la región amazónica Madre de Dios, fronteriza con Brasil y Bolivia, hubo el viernes movilizaciones y una turba lanzó piedras causando destrozos en casa de un congresista.

"Cierre del Congreso Ya. Nueva Constitución", "Dina, asesina, renuncia enemiga", son las consignas estampadas en las pancartas que se alzan en marchas y bloqueos, que el jueves y viernes se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunas refriegas con las fuerzas del orden.

Las demandas incluyen el pedido de elecciones inmediatas este año, en lugar de abril 2024, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reclaman desde 2021 los partidos de izquierda y organizaciones campesinas.

A ello se suman la exigencia de justicia y sanción para los responsables de las 42 muertes registradas en enfrentamientos, desde el inicio de las protestas hace cinco semanas.

En medio de la intensa crisis, por el momento sin perspectiva de resolución, en Cusco las autoridades tuvieron que cerrar el aeropuerto por seguridad ante una escalada de protestas violentas desde inicios de esta semana, que provocó además la suspensión de las operaciones del tren a Machu Picchu, atracción turística internacional.

El saldo trágico de muertos provocó un llamado de Estados Unidos a la "moderación" de todas las partes.

Hasta ahora las regiones del norte de Perú, donde están asentadas gran parte de las industrias que son pilares de la economía peruana, minería y agroexportación, se mantienen sin manifestaciones.

Sin embargo, un primer balance sobre las pérdidas económicas por la crisis señala que éstas superan los 300 millones de soles en lo que va del año (unos 78,9 millones de dólares), con un impacto focalizado "muy negativo" en las zonas convulsionadas, según el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras

El gobierno culpa de la situación a "azuzadores profesionales financiados por dinero ilegal". Y, en esa línea, la policía anunció la captura de una dirigente gremial de la región Ayacucho, Rocío Leandro, acusada de financiar las protestas y reclutar manifestantes.

Según un portavoz policial, el general Oscar Arriola, ello confirma la participación de remanentes de Sendero Luminoso pues Leandro perteneció al desaparecido grupo armado maoísta donde se le conocía como "Camarada Cusi".

De otra parte, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, a través de su abogado, publicó una carta en redes sociales en la que solicita una reunión con la misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cárcel en la que se encuentra preso.

"Compatriotas: desde mi arbitrario e ilegal encierro y, ante la visita de la misión de alto nivel de la CIDH publico esta carta donde mi equipo legal y yo solicitamos nuevamente audiencia en el penal de Barbadillo para darles detalles de mi injusta prisión y persecución política", expresó en su perfil de Twitter.

Castillo, que ya solicitó en diciembre una reunión con el organismo, se encuentra interno en la cárcel de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima, desde el pasado 17 de diciembre, después de que el Poder Judicial dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra, por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

En medio de esa brutal arremetida de la izquierda radical, la mandataria peruana de 60 años permanece firme y convencida de que a través del diálogo logrará superar la actual crisis para que los peruanos, pacíficamente, puedan cumplir la transición hacia las elecciones del 2024. ¿Resistirá? Nadie se atreve a contestar.