ALGUNOS videos publicados en redes sociales, e informes de la oposición sudanesa, señalan que desde el pasado sábado grupos paramilitares, llamados Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus iniciales en inglés) -administrados por el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad y comandadas en este momento por las Fuerzas Armadas-, llegaron a centros médicos de la capital, Jartum, para ajusticiar a sus mayores enemigos: los doctores.

En un país que se encuentra en el puesto 128 de alfabetización según la Unesco en 2018, aquellos que se gradúan de medicina son respetados y oídos por la población. No extraña que los académicos hayan impulsado la Revolución de octubre de 1964, que marcó el fin del primer régimen militar de Sudán; la Intifada de abril de 1985 -que derrocó al segundo-, y que se hayan convertido en la voz del levantamiento civil contra el régimen de Omar al-Bashir, quien gobernó desde 1989 hasta el 11 de abril de este año.

A los médicos se han unido las mujeres. Desde los tiempos de la colonia, la mujer sudanesa tuvo un papel vital en la vida política de su nación. Hoy organizaciones y colectivos femeninos protestan en lugares como Zalingei y Nyala en Darfur, Port Sudan y Gedaref en el este y Atbara en el norte, mientras que cientos de mujeres han llegado a Jartum provenientes de todas las zonas del país para pedir justicia y paz.

Con Omar Al-Bashir en el poder, se implementó la ley sharía a finales de los años 80 y muchas mujeres fueron excluidas de la esfera pública, sometidas a persecución e intimidación y se les negó el derecho al trabajo. Además, conflictos étnicos como el de la zona oriental de Darfur –que inició en 2003 y hoy sigue vigente- convirtió el abuso y el acoso sexual en contra de las mujeres en una cultura.

Primavera Árabe tardía

A diferencia de sus vecinos Libia y Egipto, los levantamientos populares de la Primavera Árabe en Sudán no tuvieron los mismos efectos.

En 2011, el país atravesaba una compleja independencia de lo que hoy es Sudán del Sur y las demandas sociales se hicieron más evidentes debido a que tres cuartas partes de los pozos petroleros de los que vivía el país quedaron dentro de las fronteras de la nueva nación recién formada.

Con esta independencia, el gobierno de Omar Al-Bashir empezó a afrontar serios problemas como una súper inflación, la escasez de dólares y de servicios públicos de calidad, mientras sus férreos opositores le exigían responder por los delitos contra la humanidad que le fueron imputados por la Corte Penal Internacional en 2009, en relación al conflicto de Darfur.

En diciembre de 2018, el incremento al precio de la gasolina y del pan reverberó los ánimos de los que desde hace muchos años pedían un cambio de gobierno.

Las protestas en contra del presidente poco a poco se empezaron a concentrar en la calle Al Qeyada, contigua al batallón de las Fuerzas Armadas Sudanesas en Jartum, donde los manifestantes instalaron carpas y viviendas improvisadas desde el pasado 6 de abril.

El llamado del pueblo fue oído por el ejército y el 11 de abril Al-Bashir fue sacado del poder. Además, se instaló el Consejo de Transición Militar (TMC, en inglés), que prometió realizar elecciones libres en los siguientes dos años.

A pesar de la retirada del presidente, los civiles permanecieron en la zona adyacente al batallón exigiendo que el TMC entregara el poder a una autoridad civil.

En Al Qeyada se formó una especie de comunidad con grupos de voluntarios que preparaban la comida, brindaban seguridad a los manifestantes (sin armas), enseñaban idiomas a los jóvenes y apoyaban psicológica y médicamente a quien lo necesitara. Incluso, colectivos de jóvenes se tomaron las calles circundantes para hacer grafitis que exigían libertad y paz para el pueblo, en medio del mes sagrado del Ramadán.

Sin embargo, con la excusa de que las protestas estaban siendo infiltradas, desde principios de mayo el TMC, con apoyo de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), empezaron a desmantelar las barricadas levantadas por los manifestantes en varias ciudades y a realizar disparos con munición real.

El pasado sábado 1 de junio, sin mediar palabra, las RSF quemaron los campamentos en Jartum y dispararon a la turba de manifestantes que corrían despavoridos. Según información de la Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA), las RSF entraron a centros médicos cercanos y les dispararon a varios doctores.

Al menos 108 personas muertos y 500 heridas es el saldo de víctimas que ha podido confirmar el Comité de Médicos, en un país donde la televisión y la radio están controlados por el gobierno, y hay graves restricciones a la libertad de prensa, el ejercicio periodístico, el acceso a Internet y las redes sociales.

En Al Qeyada había personas de todas las edades pidiendo un mejor futuro para Sudán; por eso entre los heridos estaría un niño de 5 años y otro de 14. Incluso, varios cuerpos fueron sacados de las aguas del río Nilo que recorren la ciudad.

Debido a la reacción del ejército, los sindicatos y la oposición, en cabeza de la Alianza por la Libertad y el Cambio, llamaron a una huelga general y a la desobediencia civil, mientras la comunidad internacional ha pedido a la TMC que entregue el poder al pueblo.

Aunque el TMC afirmó que llevaría a cabo las elecciones dentro de los próximos nueve meses, la oposición y los sindicatos afirman que seguirán bloqueando el país. El viernes la circulación en las calles de Jartum parecía más fácil que dias anteriores, confirmó la prensa internacional.

Los sudaneses no quieren reemplazar un régimen autoritario con otro y de cara a unas nuevas elecciones, el mayor reto es unificar a un país donde el islam fue usado por el régimen para dividir, la identidad árabe para enriquecer a pocos y la violencia étnica y sexual para aterrorizar a los disidentes. /