El controvertido informe, realizado por expertos independientes, pedía la liberación de tres separatistas que están presos

El gobierno español explicó este viernes que presentó sus quejas a las Naciones Unidas y pidió la revisión de un informe de un grupo de expertos designados por este organismo considerando "arbitrario" el encarcelamiento de los líderes independentistas catalanes.

La portavoz del gobierno Isabel Celaá reprochó que contiene "errores y distorsiones" y que dos de los autores presentan "conflicto de intereses" al haber trabajado con el abogado de los independentistas en este caso.

El controvertido informe, realizado por expertos independientes designados por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra pero que no hablan en nombre del organismo, fue publicado el miércoles y pedía la liberación de tres separatistas presos.

Se trata del exvicepresidente regional Oriol Junqueras y los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, todos ellos juzgados en el Tribunal Supremo por el intento de secesión de Cataluña en 2017 y encarcelados por más de un año y medio.

El gobierno regional de Cataluña, todavía en manos de los independentistas, aprovechó el informe para reclamar este viernes a Madrid que "adopte las medidas necesarias para la inmediata liberación".

Por su parte, el embajador español en Ginebra presentó dos "notas verbales" a las Naciones Unidas a raíz de esta opinión.

En la primera "solicita la revisión de la opinión de este grupo por los errores y distorsiones que contiene" y en la segunda "alega que ha habido conflicto de intereses", explicó Celaá.

Según ella, dos de los autores del informe, un mexicano y un surcoreano, habían trabajado previamente como relatores junto a Ben Emmerson, un abogado británico que llevó el caso ante las Naciones Unidas en nombre de los independentistas.

Esto "hubiera exigido su abstención en el tratamiento de este caso", dijo Celaá.

Además, aseveró que los autores "parecen desconocer el delito con el cual están inculpados" los encarcelados.

Los tres, junto a otros nueve procesados, están siendo juzgados por la organización de un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre prohibido por la justicia. El informe, en cambio, asegura que la votación fue legal.

La portavoz también acusó a los expertos de ignorar la "separación de poderes", subrayando que el gobierno no puede involucrarse en los procedimientos judiciales ni reclamar su liberación.

Además, reprochó al grupo de publicar deliberadamente el informe a pocos días del fin del juicio en el Tribunal Supremo, previsto para el 12 de junio.

Por su parte, la portavoz del gobierno regional Meritxell Budo advirtió a Madrid que incumplir con estas recomendaciones "es un desistimiento de sus obligaciones como poderes públicos".

El informe aseguró que el encarcelamiento de los tres independentistas vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.