Así se ha catalogado el Presidente de Perú, quien, tras reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski, se ha puesto la tarea de lograr una reforma que sirva de base para luchar contra la corrupción en el país. Ya, esta semana, logró un gran paso: el congreso aprobó la moción de confianza, un respaldo a su causa

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EL MIÉRCOLES, en una votación que duró casi dos días, el Congreso de Perú, de mayoría opositora, votó a favor de darle la confianza al presidente Martín Vizcarra, quien ha dispuesto todo su capital político para lograr una reforma que frene de tajo las prácticas corruptas en el país.

Con el apoyo logrado, Vizcarra, un austero mandatario que llegó a la presidencia tras la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, presenta en los próximos días una reforma política que tiene como objetivo acabar con la corrupción en el Perú. ¿Contará con el apoyo del Congreso?

La oportunidad

No es fácil, como lo han experimentado varios mandatarios, cambiar las prácticas corruptas en la mayoría de países del continente. La corrupción, arraigada en la política, en las instituciones, y cuya explicación tiene raíces culturales y sociológicas, es un mal endémico que se niega a desaparecer, pese a la voluntad, muchas veces cuestionada, de los gobiernos de turno.

Perú, de manera descarada, ha visto caer a cuatro expresidentes investigados por sus presuntos nexos con la constructora brasileña Odebrecht. La moral de “la cosa pública”, como califican los abogados administrativistas al Estado y sus obligaciones, está por el piso.

Inevitablemente, al final del túnel (muchos nos construidos), los presidentes se han visto envueltos en un embudo judicial tras las confesiones de Marcelo Odebrecht, quien declaró haber dado en sobornos hasta 29 millones de dólares en Perú. Salvo uno que se encuentra prófugo de la justicia, Alejandro Toledo, todos vienen siendo investigados, tienen medidas cautelares o han optado por terminar con su vida, como Alan García.

Odebrecht ha sido en Perú, y quizá lo será en el resto de la región, un huracán. Ha destruido las bases del Estado de Derecho y la confianza en las instituciones, pero se ha convertido, paradójicamente, en una oportunidad para reformular muchas cosas. Con nombre de fármaco, es el antídoto a una enfermedad.

Decía Mario Vargas Llosa, en su columna en El País de España, que: “Las delaciones premiadas de Odebrecht abren una oportunidad soberbia a los países latinoamericanos para dar un gran escarmiento a los mandatarios y ministros corruptos de las frágiles democracias que han reemplazado en la mayor parte de nuestros países (con las excepciones de Cuba y Venezuela) a las antiguas dictaduras”.

Ese momento, con la mesura que requiere, ha ido llegando paulatinamente entre los peruanos, pero, como ha sido costumbre, encuentra en la clase política una dura oposición, preocupada por las investigaciones en curso y el cambio de las reglas de juego en la política.

Austero

Para modificar el Estado, no basta con voluntad política y un sinfín de propuestas estudiadas con sigilo entre tecnócratas, centros de pensamiento y universidades. Las reformas, quiérase o no, tienen que pasar por el Congreso y es él quien al final le da el visto bueno. El punto, entonces, está en cómo convencerlo para que las apruebe.

No parece ideal, como lo ha mostrado Vizcarra, plantear una relación tóxica con el Legislativo, que conlleve a un choque de poderes. Tampoco es bueno que el Ejecutivo, golpeado por la destitución de su cabeza elegida en las urnas (Kuczynski), pierda capacidad política y quede al servicio de las disposiciones de los congresistas.

Lo importante, como por ahora evidencia el caso peruano, son las formas democráticas, no queriendo decir que por ellas se pierda la iniciativa política del Presidente y el uso que este tiene de esta para llevar a fondo las discusiones sobre corrupción.

Había dicho, unos meses antes, que su objetivo era ser “firme en el combate contra la corrupción y contra todas aquellas acciones que estén reñidas por la ley, vengan de donde vengan y cueste lo que cueste. No va a temblarnos la mano para llevar adelante las medidas necesarias para sacar al Perú de la situación actual”.

Eso ha hecho Vizcarra, sigilosamente. Desde que asumió el poder el 23 de marzo de 2018, este hombre austero y desvinculado de la política tradicional, ha lanzado una osada propuesta de reforma política basada en siete pilares.

Como era de esperarse, la recepción por la mayoría de la clase poluta ha sido negativa. El fujimorismo, agrupado en el partido Fuerza Popular, no ha estado a favor del proyecto, mientras que otras fuerzas políticas, como el APRA del expresidente Alan García, tampoco han mostrado mucho interés.

El hoy Jefe de Estado, sin embargo, se la ha jugado por seguir adelante. La semana pasada, teniendo minorías en el Congreso, jugó una ficha que pocos usan, salvo aquellos que realmente quieren reformar el Estado; muchos le llaman a esto voluntad política.

Para legitimar la reforma, Vizcarra presentó una moción de confianza. La Constitución de Perú prevé que esta figura puede ser usada por el Ejecutivo para buscar el respaldo del Parlamento dos veces y ya, un año atrás, Kuczynski la había ordenado, conllevando a que de ser negativa obligaba al Mandatario a renunciar de inmediato.

Los días previos a la moción de confianza que se votó el miércoles en Perú fueron de alguna manera parecidos a aquellos en los que Alberto Fujimori, en medio de su guerra contra el Sendero Luminoso, mandó a cerrar el Legislativo. Al mejor estilo del caudillo, Vizcarra también amenazó con “cerrar el Congreso” si la moción no era efectiva.

Al final de 15 horas en plenaria, Vizcarra recibió el respaldo de 77 congresistas que le dijeron sí a que continúe con su plan de reformar la política peruana. Pero otros 44, casi todos de Fuerza Popular, partido liderado hasta hace poco por la encarcelada Kiko Fujimori, votaron en contra.

¿Qué tiene la reforma?

En Perú, se especuló por algún tiempo que el Gobierno iba a bogar por una Asamblea Constituyente con unos lineamientos específicos en justicia. La idea, sin embargo, fue desechada por Vizcarra, quien propuso cambiar la política peruana a través de una gran reforma.

Esta consiste en seis ejes temáticos que en términos generales buscan darle más herramientas al país para combatir la corrupción. Entre ellos se destaca en cambiar el órgano encargado de levantar la inmunidad parlamentaria, la imposibilidad de que un condenado sea candidato y la obligación de que los partidos hagan elecciones primarias en las que pueda participar cualquier ciudadano.

Uno de los objetivos de la reforma, por lo que algunos congresistas han sido reacios a respaldarla, es la modificación  del sistema de partidos, que incluye su financiación, sus políticas internas y el rol del sistema electoral.

Para ello, Vizcarra y su equipo de técnicos plantea que se debe modificar el voto preferente y, a cambio, se deben establecer listas alternadas y paritarias, que obliguen a los partidos a tener una base programática mucho más sólida y evite que los candidatos a cargos de elección popular no se movilicen por su interés individual.

En esa misma línea, la reforma propone que, para evitar que algunos congresistas se  cuelen en el Legislativo por los fueros que conceden la figura parlamentaria, la Corte Suprema y no el Parlamento sea el órgano encargado de levantar la inmunidad parlamentaria.

Explica Percy Medina, en su columna en El Comercio, que “no está en discusión la eliminación de la inmunidad, sino qué entidad sería la encargada de levantarla. Y parece haber consenso en la necesidad de garantizar con esta regulación que las y los congresistas no puedan ser perseguidos por las opiniones y votos que emitan”.
 

Ambiente de aprobación

No será fácil el camino que viene en el Congreso para Vizcarra. Aparte de contar con minorías, esta semana, en medio del debate a la moción de confianza, se ha conocido que algunos parlamentarios persisten en evitar que se investigue el ex Fiscal General de la Nación y otros dos congresistas por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

Pedro Chávarry, ex Fiscal y quien ha evitado que se abran varios casos frente a supuestos sobornos de la constructora, ha recibido el respaldo de miembros del APRA y Fuerza Popular que, como ha denunciado el ministro del Interior, Salvador Del Solar,
“ha venido operando un vergonzoso blindaje -no cabe calificarlo de otra manera-” a este.

Esto, luego que la Comisión Permanente aprobara que se deba investigar por el presunto delito de encubrimiento real al Fiscal Supremo, pero rechazara los cargos de encubrimiento personal, organización criminal, y su destitución e inhabilitación por 10 años, dice El Comercio.

Ante las dificultades en el Legislativo, que está conformado por 130 legisladores de los cuales más de la mitad son opositores, Vizcarra debe presentar su reforma política que será estudiada por la Comisión Constitucional.

El 42% de popularidad, de acuerdo a Pisos, tampoco goza de un amplio respaldo del pueblo, aunque se espera que su imagen favorable suba luego de haber sido respaldado en la moción de confianza del miércoles pasado.

Es inevitable que así lo sea, ya que su mayor índice de popularidad (66%) se presentó en diciembre de 2018, cuando presentó cuatro reformas constitucionales para luchar contra la corrupción.

“Limpiador” o “reformador”, Vizcarra saca provecho de la crisis, para cambiar la política peruana. ¿Lo permitirá el Congreso? Parece que sí. Ya lo respaldó en la moción de confianza.