3350 familias están confinadas en zona rural de Bojayá, Chocó | El Nuevo Siglo
“El control territorial y social ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia es cada vez mayor. Foto: Defensoría del Pueblo
Martes, 21 de Mayo de 2024

De acuerdo con lo establecido por la Defensoría del pueblo, un total de 12 comunidades campesinas e indígenas del municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, vienen siendo víctimas de estructuras al margen de la ley, las cuales han recrudecido su accionar indiscriminado desde comienzos de este año.

”Son 3347 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo Embera. Así lo pudo establecer nuestro equipo de la Regional Chocó, la Personería Municipal, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó en una misión de verificación hecha en el territorio”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Las familias, que forman parte de las comunidades Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó, están afectadas por la instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores de edad, amenazas a lideresas y líderes sociales y profesores, torturas contra indígenas por supuestamente pertenecer a diferentes grupos armados ilegales, acoso sexual contra mujeres.

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Según la entidad, las mujeres mencionan que son requisadas y despojadas de sus pertenencias íntimas, lo que les causa un gran sufrimiento emocional. Además, se señala que tienen miedo de hablar sobre lo que les está sucediendo debido a las posibles represalias.

El Defensor del Pueblo expresa su indignación por esta situación y hace un llamado a la institucionalidad y a los cuerpos de seguridad del Estado para que actúen y protejan el derecho a la dignidad humana, tal como lo establece la Constitución.

Restricciones a los productores de plátano

Otro hecho es la restricción para sacar del territorio la producción de plátano. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia impiden que les entren recursos a los pobladores que dependen de ese comercio porque, según la denuncia, los señalan de destinarlos a otros grupos armados ilegales.

“Es una clara infracción al derecho internacional humanitario, enmarcado en los Protocolos de Ginebra, la lamentable situación. Lo que está sucediendo afecta a los pueblos indígenas y su autonomía ancestral, pero también a los campesinos de Bojayá y sus alrededores”, expresa Camargo Assis.