Un enfrentamiento se presentó en la plenaria de la Cámara por el incremento en el impuesto predial en Ibagué entre el representante por el Tolima, Miguel Barreto, del Partido Conservador, y el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Juan Antonio Nieto.

El representante Barreto dijo que “dejamos en evidencia la cadena de errores que ha cometido la administración municipal, la falta de planeación. Nunca se evidenció, nunca se pensó y se planeó la consecuencia que iba a tener la actualización catastral”.

Dijo además el legislador que, “por el contrario, en el año anterior subieron las tarifas del impuesto predial en Ibagué”.

Agregó que, “a pesar de que se hizo una actualización catastral, Ibagué sigue manteniendo la tasa del predial por encima de otras ciudades como Medellín y Bogotá en los estratos 1,2 y 3”.

Barreto expresó además que “se evidenciaron otros problemas como en Bogotá, en Tunja, en Santander, en Floridablanca, en Barranquilla”.

Sostuvo que “hay protestas, hay denuncias, cacerolazos que hoy quedaron en evidencia en el Congreso y quizás unas posibles soluciones a este caos socioeconómico”.

Concluyó que “hoy los colombianos entendieron y visualizaron unas posibles soluciones por parte de las administraciones municipales”.

Por su lado, Nieto manifestó que, “básicamente, lo que hicimos fue mostrar cuál es la orden que la ley da para que se realice una actualización del catastro”.

Indicó el funcionario que “nos interesa que la situación de Ibagué, como la de otros municipios, se pueda solventar”.

Además dijo que “el IGAC ha hecho un ejercicio técnico jurídico absolutamente transparente y sano. A Ibagué le corresponde hacer algunos ajustes especialmente al estatuto tributario”.

Nieto dijo de la misma manera que “el caso de Bogotá, o cada caso es diferente; en el caso de Bogotá es totalmente diferente, porque las tarifas son diferentes, depende de los rangos que se establecen, Tunja es diferente”.

Añadió que las entidades territoriales con población igual o superior a 500.000 habitantes, los esquemas asociativos territoriales, las áreas metropolitanas y la RAPE (Región Administrativa y de Planificación Especial), son los únicos que pueden ser delegatarios en materia de catastro en Colombia.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el IGAC se encargarán de fijar los mecanismos de seguimiento, evaluación y control a este proceso de delegación.

“Esto no significa que el IGAC ya no será la autoridad nacional catastral del país, ya que continuará con la formulación de la política pública en materia de catastro; la regulación y determinación de las normas técnicas; la vigilancia, seguimiento, control y evaluación; y la administración de la base nacional de información catastral”, recalcó Nieto.

Las entidades que quieran asumir el reto de asumir la formación, actualización y conservación catastral, deben contar con una capacidad financiera, operativa y administrativa.

Según Nieto, las zonas rurales de San José del Guaviare e Inírida son las más atrasadas en materia catastral, ya que aún no han sido formadas. Entre tanto, sus áreas urbanas padecen de una desactualización de ocho años en el caso de la capital del Guainía y siete en la del Guaviare.

En Arauca, el panorama de desactualización catastral data de quince años en la zona rural (2001) y once en la urbana (2005). En Yopal, tanto lo urbano como lo rural sufren de una desactualización de seis años.

Villavicencio saca la cara por su parte urbana, ya que la última actualización fue en 2012. Sin embargo, su zona rural ya está en saldo rojo, con siete años de desactualización.