La Corte Constitucional admitió una demanda interpuesta por el senador Mauricio Gómez Amín contra el cobro de valorización en la Vía al Mar, proyecto que conecta Barranquilla y Cartagena, y la Circunvalar de la Prosperidad. Esta medida busca que el impuesto sea declarado inconstitucional por presuntas violaciones a principios como la irretroactividad de los tributos y la buena fe.

Esta acción fue impulsada por el senador Mauricio Gómez Amín, quien argumenta que la contribución, establecida en el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, vulnera principios constitucionales como la irretroactividad de los tributos, la unidad de materia y la buena fe de los ciudadanos. El senador anunció la admisión de la demanda durante un evento público, destacando que esta representa “una oportunidad para que el Caribe se una y defienda sus derechos”.

"Hace cinco minutos, la Corte Constitucional admitió la demanda del ciudadano Mauricio Gómez Amín contra la valorización. El magistrado Antonio José Lizarazo acaba de admitirla," informó, reiterando que esta medida busca frenar el impacto económico negativo que el impuesto tendría en la región.

En el mismo evento, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar expresaron su respaldo a la demanda. Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, afirmó que los gremios se unirán para apoyar la acción, argumentando que la medida afectaría tanto a empresas como a ciudadanos. “Vamos a coadyuvar desde los Intergremiales de Atlántico y Bolívar esa acción constitucional que ya fue admitida, para sumar esfuerzos y unirnos en esa batalla jurídica,” declaró Cepeda Tarud.

El cobro de valorización, anunciado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), afectaría a 143.000 predios en 10 municipios de Atlántico y Bolívar, según el Ministerio de Transporte. Aunque la entidad inició jornadas de socialización para informar a los ciudadanos sobre la contribución, la demanda busca detener este proceso. El director de Invías, Juan Carlos Montenegro, explicó que la medida incluye la publicación del censo predial y descuentos para facilitar el pago. Montenegro aseguró que el propósito es que “los propietarios o poseedores hagan la verificación de la información asociada”, y que se espera que los primeros recibos de pago se emitan a partir de la primera semana de noviembre.

La demanda también ha recibido el respaldo de Camacol Atlántico. Jorge Segebre, presidente de la junta directiva de Camacol Atlántico, criticó el proceso calificándolo de “improvisado e ilegal en este momento”. En sus palabras, “es inaudito que después de soportar el impacto de las alzas del costo de la energía eléctrica, ahora se pretenda cobrar una valorización sobre una vía que se comenzó a construir hace 40 años”, y subrayó que la medida afectará a constructores, desarrolladores y propietarios de la región.

Además de la acción admitida por la Corte Constitucional, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, ha liderado una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Meisel ha llamado a los sectores del Caribe a respaldar las acciones legales en curso, señalando que “hay que respaldar todos los procesos porque son ante receptores distintos y no sabemos cuál es el que puede darnos una luz en esto”.

Los demandantes enfatizan que el impacto del cobro de valorización podría ascender a 2.4 billones de pesos, cifra que, según el senador Efraín Cepeda, supera la inversión regional asignada en el presupuesto para el Atlántico y el recaudo de renta anual de la DIAN en los departamentos de Atlántico y Bolívar. “Este monto supera tanto la inversión regional asignada en el presupuesto para el Atlántico como el recaudo de renta que la DIAN obtiene en cualquiera de los dos departamentos durante un año,” resaltó Cepeda.