La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) expresó su preocupación ante la reciente Resolución 2717 de 2024, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se fijó un incremento del 5,36% en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. Según la organización, esta decisión pone en riesgo la atención de millones de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo en el país.
De acuerdo con Afidro, el ajuste no responde a las necesidades reales del sistema de salud colombiano, lo que amenaza la continuidad de los tratamientos, el acceso a medicamentos y, en general, el derecho fundamental a la salud. Un estudio presentado en octubre de 2024 por la asociación y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estimó que para 2025 sería necesario un aumento del 16,4 % en la UPC. No obstante, el incremento anunciado por el Gobierno se sitúa 11,4 puntos porcentuales por debajo de lo requerido.
Catalina Bello, directora de Acceso y Sostenibilidad de Afidro, advirtió que la falta de recursos financieros genera un impacto negativo en toda la cadena de suministro de medicamentos y afecta directamente la calidad de vida de los pacientes. “La salud inicia 2025 con un déficit superior a los 19 billones de pesos, problema que está lejos de solucionarse con esta decisión”, afirmó Bello, destacando que el ajuste proyectado no refleja la realidad actual del sistema de salud.
Ante esta situación, la organización hizo un llamado al Gobierno nacional para facilitar espacios de diálogo con actores del sector salud, gremios y centros de pensamiento, con el fin de justificar aumentos que permitan solventar la crisis financiera del sistema. Propuestas como las de ANIF (16,4 %) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que sugiere un aumento del 16,9 %, podrían ser clave para garantizar la sostenibilidad del sector y el acceso oportuno a los servicios de salud para millones de colombianos.
Contexto crítico para la salud
La UPC es el monto que reciben las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado para garantizar la prestación de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. El desfinanciamiento que enfrenta el sistema pone en jaque la atención a la población y evidencia la necesidad de tomar medidas estructurales para evitar un mayor deterioro en 2025.