Opinión negativa emitió la Contraloría General de la República sobre el manejo contable en la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y en consecuencia la auditoría financiera concluyó con el no fenecimiento de la cuenta de la entidad.

A través de un comunicado, la Contraloría informó que como resultado de una autoría financiera realizada a la ART, una de las entidades que maneja recursos destinados para atender la implementación del acuerdo de paz, el organismo de control llamó la atención sobre algunas situaciones detectadas allí en materia contable, de contratación y de orden administrativo, sobre la cuales se deberán realizar acciones de mejoramiento.

La ART maneja en especial los recursos relacionados con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Se trata del primer ejercicio de auditoría que se lleva a cabo a esta entidad, que fue creada en 2016 como parte de la reestructuración del sector administrativo de Agricultura y Desarrollo Rural, y del que también nacieron organismos como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre otros.

Dada la trascendencia de la labor de esta entidad, la Contraloría estudió lo concerniente a la administración y al manejo de los recursos destinados a la implementación del acuerdo de paz, y, aunque no se detectaron hallazgos de orden fiscal, recomendó hacer seguimiento y corregir los aspectos mencionados.

En torno a aspectos concretos detectados en la auditoría, se encontró que el 75% de los contratos suscritos por la entidad lo fueron por sumas menores a los 40 millones de pesos y que el 86% fue contratación directa.

Asimismo, se detectaron fallas en el seguimiento y monitoreo al personal del área de Tesorería, para el giro de recursos de asociaciones beneficiarias, así como en el sistema de información de la entidad, dado que no se coordinó entre áreas misionales, legales y de presupuesto, para liberar algunos recursos que no se utilizarían.

La Contraloría evidenció que en algunos contratos no se encuentran soportados los gastos por concepto organizacional, lo cual impide demostrar su ejecución real y su relación con el objeto de los convenios. Ello denota debilidades en la estructuración de los convenios, al pactar pagos y actividades no susceptibles de sustento, y de la supervisión, al certificar ejecuciones y desembolsos sin corroborar los soportes.

Otro aspecto que se encontró fue el concerniente a la imputación como gasto público social de algunos rubros presupuestales que no debían ser tenidos como tal. Se denomina así a aquel gasto que se destina a la satisfacción directa de las necesidades de los beneficiarios.

La Contraloría encontró que en varios casos se tuvieron por ejecutadas algunas sumas bajo esta categoría, sin serlo; y en otros, se estaban reconociendo como gasto público social aquellos que tenían orden administrativo u operativo.

Tal situación no permite tener un panorama preciso acerca de la verdadera profundidad de este tipo de gasto en la entidad.

De igual manera, se evidenció que el rubro correspondiente a gastos de operación de la entidad alcanzó un porcentaje total del presupuesto del 37,08%.

Finalmente, la Contraloría objetó a la ART el haber establecido reservas presupuestales sin que existieran compromisos reales, es decir, sin el lleno de los requisitos legales, con lo que se originó una distorsión en la ejecución presupuestal.

La Contraloría observó también que se presentaron algunas deficiencias de orden administrativo y de planeación en la celebración de convenios con organismos multilaterales y de orden internacional, tales como la firma de convenios sin las debidas autorizaciones o la asunción de compromisos a nombre de otras entidades del sector público sin contar con autorización legal para ello.