La Procuraduría General de la Nación insta a la Alcaldía de Ibagué a cumplir sin demora con la entrega de ayudas humanitarias a las víctimas del conflicto armado interno en la región, enfatizando la importancia vital de garantizar su acceso a necesidades básicas como educación, salud y empleo.

En un comunicado dirigido a la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario de Ibagué, Carolina Hurtado Barrera, la Procuraduría expresó su profunda preocupación por el creciente número de quejas recibidas por parte de las víctimas del conflicto armado en la zona. Estas quejas señalan el incumplimiento en la entrega de mercados y asistencia, derechos fundamentales que deben ser protegidos y garantizados por las autoridades competentes.

"Persiste el incremento en la recepción de quejas por parte de víctimas que manifiestan que la administración municipal no les está suministrando los mercados ni la asistencia a la que tienen derecho legalmente", señala el comunicado de la Procuraduría. Esta situación refleja una grave vulneración de los derechos de estas personas y demanda una respuesta inmediata por parte de las autoridades locales.

La Procuraduría no solo insta a garantizar la entrega de mercados y asistencia básica, sino que también exige la implementación de acciones estratégicas orientadas a brindar asistencia integral en áreas cruciales como educación, salud, generación de ingresos y orientación psicosocial. Estos aspectos son fundamentales para asegurar el bienestar y la dignidad de las víctimas del conflicto.

Además, la Procuraduría ha solicitado a la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario de Ibagué que detalle los motivos de la suspensión en la entrega de las ayudas, si existe un contrato para tal efecto, la fecha prevista para el inicio de la ejecución del mismo, así como el valor y los rubros incluidos en el presupuesto destinado a cumplir con esta obligación.

Es crucial recordar que la Procuraduría actúa como defensora de los derechos de los ciudadanos más vulnerables, velando por la seguridad, dignidad y bienestar de quienes han sido afectados por el conflicto armado. Su intervención busca garantizar que las autoridades cumplan con su deber de proteger y asistir a esta población vulnerable, anticipándose a cualquier situación que pueda afectar sus derechos fundamentales.