La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) expresó su preocupación ante posibles incumplimientos del Gobierno en varios compromisos firmados en septiembre de 2024. En un derecho de petición dirigido al presidente Gustavo Petro, el Gremio denuncia tres áreas críticas: aumentos en los costos de combustible, la suspensión del programa de modernización vehicular y la falta de medidas de seguridad en las carreteras.
1. Incremento no acordado en los costos del combustible
El acuerdo original estipulaba un aumento controlado en el precio del combustible, con dos incrementos de $400 por galón de ACPM, el primero ya aplicado y el segundo programado para diciembre. Sin embargo, la ACC señala que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propuso un incremento adicional del impuesto al carbono a $750 por galón en la reforma tributaria.
En el derecho de petición, afirma: “nos hemos enterado de la inclusión de un aumento adicional en la reforma tributaria presentada por el ministro de hacienda Ricardo Bonilla... esta alza elevaría el impuesto al carbono a $750 por galón de ACPM, afectando directamente nuestros costos violando lo pactado”. La Asociación considera que este aumento es una violación directa del acuerdo y exige su retiro inmediato de la reforma.
2. Congelación del programa de modernización vehicular
Desde 2004, los camioneros han aportado fondos para la modernización de sus vehículos, alcanzando más de 2 billones de pesos. Sin embargo, el programa ha sido suspendido sin aviso desde hace cuatro meses, afectando a más de 350 camiones postulados para la actualización a modelos Euro VI. La ACC advierte que esta situación pone en riesgo a pequeños transportadores, quienes invirtieron en la renovación de sus flotas bajo la expectativa de recibir beneficios que ahora están en pausa.
En el documento, se solicita: “Como se evitará o compensará por parte de presidencia de la república y de los ministerios de Hacienda y Transporte que estos camioneros caigan en ruina”. Además, piden que se definan fechas claras para la reactivación del programa y exigen respuestas sobre cómo se compensarán los sobrecostos y las pérdidas económicas.
3. Aumento de la inseguridad en las vías
La inseguridad en las carreteras es otro de los puntos críticos abordados por el Gremio. En los últimos tres años, más de 20 conductores han sido asesinados en incidentes relacionados con robos, extorsiones y vandalismo. Aunque en 2023 se acordó aumentar el recaudo para seguridad de $200 a $500 por peaje, el uso de estos fondos ha sido cuestionado por los camioneros, quienes indican que gran parte de los recursos se ha destinado al proyecto VIITS, en lugar de adquirir vehículos blindados y equipos necesarios para su protección. La ACC exige una rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos y la implementación de medidas efectivas para la seguridad de los transportadores en las vías. En su documento, solicitan:
“Desglose de los montos destinados a VIITS provenientes del fondo FOSEVI en los años recientes (2021 al 2024) y lo presupuestado para 2025”.
4. Problemas con el sistema SICE TAC
Finalmente, se denuncia que el sistema SICE TAC se encuentra desactualizado, afectando los pagos a los transportadores, quienes perciben montos inferiores a los necesarios para cubrir los costos reales de mantenimiento de sus vehículos. Según el derecho de petición, “Continúa desactualizado desde el precio de camiones, remolques hasta ítem de mantenimiento en valor y número de componentes”, lo cual impacta directamente en la sostenibilidad económica de los camioneros.
Ante la gravedad de estas problemáticas, la Asociación solicita al Gobierno una respuesta detallada y oportuna. Los camioneros han expresado su disposición al diálogo, pero también su preocupación de que el incumplimiento de estos acuerdos afecte gravemente la sostenibilidad de su gremio. Como concluyen en su derecho de petición: “La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) se mantiene abierta al diálogo y a la búsqueda de soluciones justas para el bienestar de nuestra nación”.