La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en la contratación directa de ayudas humanitarias para atender a la población víctima del conflicto armado en ese departamento, en el marco de la pandemia por covid 19.  

De acuerdo con la investigación, se habrían presentado sobrecostos y un detrimento patrimonial en la adquisición de los kits de ayudas, pues se hicieron pagos superiores a los que el mercado del lugar establecía.

Al parecer, se habría pagado más de $ 84 millones de pesos, “dineros de los que se privó este departamento de invertir en una de las múltiples necesidades que tiene”.

El ente territorial optó por contratar a una empresa que no vendía los productos requeridos, pese a que en el Chocó se encontraban proveedores dedicados a la venta de estos y que, además, los ubicaban en los sitios a entregar.

A juicio del Ministerio Público, el gobernador tuvo la posibilidad de minimizar los costos o que por lo menos, estuvieran ajustados a los valores reales de los bienes, con los que incluso podría haber abarcado un mayor número de beneficiarios pero, prefirió adjudicar sin justificación alguna el contrato a la cuestionada empresa. 

Además de cuestionar la experiencia del contratista, y el hecho de que en el negocio bilateral no se determinaron los municipios en los que se entregarían las ayudas.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta reprochada como falta gravísima a título de culpa gravísima.