La organización Salvación Nacional presentó formalmente ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una solicitud de investigación contra el senador Carlos Andrés Trujillo González. Esta acción se fundamenta en la posible comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
La solicitud, presentada por Enrique Gómez Martínez, director de la entidad, surge a raíz de múltiples investigaciones y denuncias públicas que señalan la posible participación del senador Trujillo en una estructura ilícita que habría operado dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la administración de su exdirector, Olmedo López Martínez.
Según la organización, los indicios apuntan a que el senador Trujillo, junto con otros actores políticos, podría haber influido en la celebración de contratos y en la gestión de recursos públicos de manera irregular, particularmente en el departamento de La Guajira.
Los hechos que sustentan la solicitud indican que a pesar de tener su base electoral en Itagüí, Trujillo se convirtió en el segundo senador más votado en La Guajira en 2022, en zonas relacionadas con los escándalos de la UNGRD.
En el documento manifiestan que el senador tiene relaciones políticas y familiares, como es el caso de su primo Andrés Camilo González Giralda, quien visitó a la UNGRD antes de las elecciones territoriales de 2023, lo que plantea dudas sobre posibles influencias indebidas.
A su vez, señalan que la empresa encargada de la publicidad de un aliado político del senador Trujillo fue la misma que realizó trabajos para la UNGRD, sugiriendo posibles conflictos de interés.
También sostienen que el actual director de la UNGRD ha declarado públicamente que la entidad está bajo la influencia directa del senador Trujillo, lo que agrava las sospechas de manipulación política en la asignación de recursos.
Finalmente, Salvación Nacional solicitó a la Corte Suprema de Justicia que actúe con diligencia en la investigación de estos graves hechos y que se esclarezca la verdad sobre la posible utilización indebida de recursos públicos en beneficio de intereses particulares y políticos.