La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate esta semana el proyecto de ley que instaura la castración química a violadores de niños, una iniciativa que no ha dejado de ser polémica y que ya en otras oportunidades se había radicado en el Congreso, aunque no habían llegado tan lejos en su trámite como en esta oportunidad.

Esta vez la iniciativa contempla que este instrumento se aplicará a la persona condenada solo si la acepta voluntariamente.

La senadora Maritza Martínez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), autora de la propuesta, dijo que “cada hora en Colombia se están violando dos menores, son cerca de 48 menores al día, y por eso se hace urgente traer instrumentos para la prevención del delito y éste es el primero”.

Añadió que “el proyecto establece que cuando paguen la condena, tendrán que quedar registrados ante las autoridades y luego recibirían la castración química voluntaria que va a prevenir que sigan delinquiendo como ocurre hoy”.

La iniciativa crea dos tipos penales autónomos denominados acceso carnal violento contra menor de edad y acto sexual violento contra menor de edad, los cuales tendrán severas sanciones.

El senador Alexander López, del Polo Democrático, ponente del proyecto, indicó que para el delito de acceso carnal violento contra menor de edad la pena “pasará de ser de 18 a 30 años, a una de 25 a 41 años sin ningún tipo de beneficio. Y en el segundo caso, que las penas eran hasta de 24 años, la pasamos hasta 30 años”.

Se crearía además un registro único de abusadores al que tendrían acceso todas las autoridades para monitorear las conductas de aquellos que hayan sido sancionados por delitos contra los niños.

Acerca de esta iniciativa, el exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta le dijo a EL NUEVO SIGLO que “me parece una barbaridad. Me parece que es un tipo casi de acción retaliatoria vengativa que no tiene mayor sentido. Para eso existe un sistema de penas racional en el país. A mi juicio, cuando se cumple adecuadamente con los propósitos del derecho penal, recurrir a una castración química, además de parecer una barbaridad desde el punto de vista humano, me parece que no tiene sentido desde el punto de vista jurídico”.

Añadió Arrieta que “me parece que esto suena más a populismo que a cualquier cosa. O una reacción emotiva frente a un tema de enorme sensibilidad, porque sin pretender, obviamente, desconocer la gravedad del delito, me parece que una sociedad no puede llegar hasta los extremos de castrar químicamente a una persona, porque eso desconocería cualquier principio básico de respeto a derechos humanos. Y uno no puede colocarse a la misma altura del violador”.

No obstante, Arrieta consideró que si finalmente se aprueba que la persona condenada acepta voluntariamente acceder a este tratamiento “en ese momento deja de ser una decisión del Estado para convertirse en una decisión voluntaria. Desde el punto de vista de la voluntad, cualquier persona puede decidir hacer con su cuerpo lo que considere dentro de ciertos límites y parámetros que conocemos. De tal manera que pienso que si una persona toma esa decisión por unas razones personales, es una decisión que se puede tomar. Lo que sí no creo es que el Estado pueda imponérsela a título de sanción”.