El jefe del ente investigador pidió mayor presencia del Estado en esa región

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La Fiscalía General intensificará las investigaciones tras identificar que la guerrilla del Eln está ejerciendo presión sobre las comunidades indígenas en zonas como el Chocó para incentivar los cultivos ilícitos. Así lo expresó el jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez en una visita desarrollada al departamento del Chocó-

Martínez estuvo en Belén de Bajirá, reunido con líderes de la zona donde le presentaron un sinnúmero de quejas y denuncias  

El fiscal General impartió instrucciones para indagar estos graves hechos que atentan contra los derechos y el bienestar de estas comunidades. “El Ejército de Liberación Nacional (Eln) está forzando ahora a las comunidades indígenas a entrar en el negocio de la coca”, aseguró el jefe del ente acusador.

Martínez sostuvo que esta situación sería muy grave porque este territorio tenía un conflicto fundamental de la tierra y ahora se introduciría el problema del narcotráfico de una manera industrial. En este sentido advirtió que “si eso llega a ocurrir, forzando a que existan cultivos adicionales, estaremos introduciendo elementos complementarios del conflicto regional”

“Quiero llamar la atención que las comunidades indígenas han reconocido que han estado entrando en este negocio”, añadió el Fiscal General.

Presencia del Estado

Luego de una reunión con líderes y defensores de derechos humanos en el departamento de Chocó, la Fiscalía lanzó una alerta por el incremento en la tasa de homicidios.

Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, las regiones del Darién y Bajo Atrato, son las más afectadas con los homicidios, allí subió en un 230 por ciento, la mayoría son casos relacionados con la disputa de tierras.

“Un conflicto por las tierras que viene de décadas atrás, pero que se acentuó en el territorio por la presencia del Clan del golfo, Eln y empresarios ilícitos que le apuestan a la apropiación de la tierra”.

El fiscal advirtió que muchas zonas del Chocó sufren de un problema común, la falta de presencia del Estado, que sumado a la salida de las Farc, convirtió los territorios en un escenario ideal para las organizaciones criminales.

“Falta presencia del Estado, claro fuerza pública, pero también de las entidades territoriales y nacionales, pero en especial del Ministerio del Interior, debemos hacer un trabajo conjunto para evitar que los delincuentes se apropien de las zonas”.

Hay un riesgo mayor de acuerdo con el fiscal porque a los reinsertados dela zona de capacitación de Caracolí no les llegan ayudas económicas del Estado y eso, en criterio del jefe del ente acusador, los convierte en un blanco fácil de seducir para grupos criminales como el Clan del Golfo.

Según Marta Mancera, la nueva directora de la Unidad para el desmantelamiento de las bandas criminales de la Fiscalía, ocurre con la complacencia de algunos representantes de esos Consejos que a cambio de millonarios pagos permite acuerdos contractuales que muy poco le deja a la comunidad.

“Son personas que no tiene derecho sobre las tierras y que las están despojando a los ocupantes, a los responsables que son los Consejos Comunitarios y que están haciendo acuerdos ilegales para el manejo de esa tierra”, señaló la fiscal.

Las tierras, no sólo en el Chocó, sino en toda la región de Urabá se convirtieron en un bocado que todos quieren probar, privados o ilegales, para hacerlo se debe según la Fiscalía: corromper a quienes toman decisiones o asesinar a quienes se oponen.

“Vamos a tener tres grandes líneas de investigación que nos va a permitir establecer la responsabilidad de empresarios en el despojo de tierras y los homicidios de líderes sociales… recogimos información importante que será analizada por expertos”.

La Fiscalía dejó en manos de un grupo especial de investigadores la priorización de casos, así como las advertencias al Estado por la seguridad de los líderes que ahora entregan información.