En la Comisión Primera del Senado de la República continúa la controversia en torno a los beneficios penales que la reforma al Código de Penal pretende dar a abusadores de niños. Ante tal panorama, los congresistas más radicales que hacen parte de esa célula congresional han explicado que la descongestión judicial es prioritaria, pero sin otorgar subrogados a abusadores de menores.
Referente a este aspecto, las bancadas se han pronunciado de la siguiente manera: el Partido Liberal a través del senador Alejandro Chacón, quien advirtió que “arranca la discusión y es claro que el sistema colapsó y también es cierto que hacen falta más jueces y fiscales. Por supuesto que esto no es sólo otorgando beneficios, sin desconocer que este es un mecanismo para descongestionar, pero la idea no es solo agilizar la justicia, sino que además tenemos que ponderarlo con los derechos del procesado, con los derechos de las víctimas de procesos por delitos contra menores. El proyecto no debe terminar coartando los derechos de las partes, ya que se debe garantizar un juicio justo, porque los sistemas procesales también son para los inocentes, sin que ello implique aprobar mecanismos que abusen de las personas”.
A su turno, el senador Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, dejó claro que no va a apoyar el artículo siete de la reforma a la justicia: “Ojos abiertos, porque la próxima semana veremos los nombres de esos senadores que apoyan la rebaja de penas a secuestradores, violadores y asesinos de niños y quienes nos opondremos a dicho beneficio. Les estaré mostrando cómo se va a votar esa reforma a la justicia y ese artículo que le da rebajas y beneficios a quienes secuestran, violan, torturan y asesinan a nuestros niños. Este año van más de 375 niños que han sido asesinados y usted colombiano y colombiana que está indignado y que dice defender a los niños, esté pendiente de cuáles son esos senadores y senadoras cómplices de un gobierno que desde el día uno les ha dado beneficios a los bandidos”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, afirmó en EL NUEVO SIGLO que lamenta "que la Corte Constitucional haya considerado que la cadena perpetua para violadores de niños era una sustitución constitucional. Creo que el mecanismo pretendía dar un mensaje poderoso: no hay en Colombia un crimen más grave. Sin embargo, el asunto no se limita a un depravado y degenerado asesino; la violencia intrafamiliar alcanzó más de 42 mil casos en lo corrido del 2024. Las más afectadas son las mujeres y luego los niños. El 12,5 % de la violencia intrafamiliar se da contra los niños, y el padre es el mayor perpetrador, con cerca del 36% de los casos, seguido por la madre con el 31 %. La violencia sexual aumentó a septiembre más del 15 %. Lo escalofriante del asunto es que Medicina Legal estima que el 60 % de los casos se da contra menores de edad y el 77 % de los casos ocurren en la propia vivienda. Además, en el 49 % de los casos, el violador es un familiar, seguido por un conocido (25 %) y una pareja o expareja (11 %)".
Una proposición contra la iniciativa
Posteriormente, el senador Humberto de la Calle, de la Alianza Verde, aseguró que “el país entero aún está horrorizado por el crimen cometido contra Sofía Delgado, una menor de apenas 12 años que fue secuestrada, descuartizada y enterrada en un cañaduzal por un hombre que debía estar en prisión por haber violado en 2018 a otra menor. Por esto es urgente que el Congreso apruebe la Ley Sofía, un proyecto que busca proteger a los menores, con una justicia eficiente, que logre identificar a los verdaderos criminales al fortalecer el Banco Nacional de Perfiles Genéticos, administrado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante la toma y procesamiento de muestras biológicas que permitan la creación de más perfiles genéticos, así como la consulta de la base de datos sobre los perfiles creados y sus registros. El proyecto es un esfuerzo colectivo, con diferentes entidades". El congresista insistió en “el llamado a los senadores para que en el próximo debate que se llevará a cabo en la plenaria este proyecto sea aprobado y así continuar su trámite en la Cámara de Representantes. Es una oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la justicia y a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Como parte de la discusión fue presentada una proposición firmada por 120 congresistas, quienes piden la eliminación del polémico artículo 7 que da alivios penales a abusadores de niños, niñas y adolescentes. La propuesta ha surgido en medio de un creciente debate sobre la necesidad de garantizar una justicia efectiva y rápida para los delitos que atentan contra la integridad de los niños. El artículo en cuestión, parte de un proyecto promovido por el Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, ha suscitado preocupación debido a sus posibles implicaciones en casos de homicidio, secuestro y abuso sexual.
Fue firmada por congresistas como la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical; el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, y el representante Julián Peinado, del Partido Liberal. A través de esa proposición se pide que “en relación con la figura de la reparación integral, la concesión de beneficios por allanamientos y la aplicación del principio de oportunidad, entre otras reformas para una Justicia Pronta y Eficaz, se elimine el artículo 7 de mecanismos sustitutivos de beneficios por delitos sexuales y secuestros contra niños, niñas y adolescentes”.
Proyecto de Justicia Eficaz
Como se sabe, la discusión se intensificó tras la reciente tragedia del asesinato de la niña Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca, un evento que ha puesto en el centro de la atención pública la vulnerabilidad de los menores en el país. En este contexto, Arbeláez hizo un llamado a toda la rama judicial para consensuar medidas que permitan una justicia más especializada y eficaz, enfatizando que es fundamental priorizar la protección de los menores.
Durante una audiencia pública reciente, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, defendió la necesidad de la reforma y argumentó que “la víctima va a encontrar respuesta inmediata a su deseo de verdad, justicia y reparación”, mientras que el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, insistió en que no se busca “darle más de lo que corresponde a nadie” y que las rebajas planteadas son “moderadas” en un sistema que tiene penas muy altas. Sin embargo, sus argumentos no han convencido a los opositores, quienes continúan señalando que la reducción de penas en estos casos podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad.
Cabe señalar que tanto el presidente de la Corte Suprema, como la fiscal general y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reiteraron ante los congresistas de la Comisión Primera del Senado que esta reforma no genera ningún tipo de impunidad. Esto fue reconfirmado por la jefa del ente investigador, quien sostuvo que “al lograr sentencias anticipadas y preacordadas, nadie pierde y se da el cierre anticipado de los procesos”. Luz Adriana Camargo señaló además que la propuesta está sujeta a cambios y que no se trata de obligaciones, pues el Congreso está en todo el derecho de ajustar el texto para los debates.