El ente de control encontró responsabilidad fiscal por 4.521 millones de pesos por irregularidades en el contrato entre ambas instituciones para la construcción de una sede en Santa Marta

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La Contraloría General de la República decidió abrir el proceso de responsabilidad fiscal por 4.521 millones de pesos, relacionado con el hallazgo evidenciado en el contrato suscrito entre la Escuela de Administración Pública y Fonade, para la construcción de una sede de la Esap en Santa Marta.

A través de dicho contrato, la Esap le entregó a Fonade la gerencia integral de los proyectos de infraestructura de la Escuela a nivel nacional, aunque en la forma de pago del mismo se hizo exclusiva referencia a la construcción de la sede de la Esap en la ciudad de Santa Marta. El contrato, que tenía un plazo de ejecución inicial de 12 meses, fue prorrogado en 5 oportunidades hasta su terminación en noviembre de 2014.

Los hechos habían sido detectados en una auditoría adelantada por la Contraloría General de la República a la Esap, evidenciándose un hallazgo toda vez que las obras contratadas no cumplían con las normas de sismo resistencia, y a pesar de que las mismas no habían sido avaladas por la Esap, Fonade sí las recibió desconociendo incluso las fallas estructurales.

A pesar de la duración de las obras, y de todas sus prórrogas, al terminar el contrato después de más de 4 años, se siguieron identificando falencias, toda vez que la obra no cumplía con las normas de sismo resistencia, y Fonade se había comprometido, como ejecutor del contrato, a realizar las adecuaciones pertinentes, las que no se llevaron a cabo según pudo evidenciar la Contraloría.

En efecto, según lo evidenció la Contraloría General de la República, a pesar de que las obras no habían sido avaladas por la Esap, Fonade sí las recibió omitiendo sus fallas estructurales.

Según la Contraloría, en el contrato se dio inicio a la construcción de la primera fase de la edificación, que incluía no solo la estructura, sino también la fachada. Sin embargo, al momento de la entrega se evidenciaron elementos estructurales con daños y averías en las placas, y las vigas presentan deformidades y abultamientos.

Al momento de la visita realizada por el equipo de la Contraloría, las obras se encontraban suspendidas, a pesar de que la Esap ya había suscrito un nuevo contrato para el desarrollo de la segunda fase, el cual está igualmente suspendido, sin que el contratista haya podido realizar los ajustes de los precios y demás etapas necesarias para su ejecución.

A pesar de todo lo anterior, Fonade en su condición de gerente del proyecto, sí recibió la obra en tales condiciones de incumplimiento, vulnerando las disposiciones legales que regulan la contratación estatal, afectando el patrimonio de la Esap en más de $4 mil 521 millones de pesos.

Presuntos responsables

Una vez valoradas las pruebas recaudadas por el equipo de la Contraloría, el proceso de responsabilidad fiscal se apertura por más de $4 mil 521 millones de pesos, involucrando en calidad de presuntos responsables tanto al entonces Subdirector Administrativo y Financiero de la Esap, Germán Insuasty Mora, así como al Subgerente Financiero de Fonade, Luis Eduardo Laverde Mazabel. Igualmente involucrados resultaron la firma interventora de la obra, DPC Ingenieros S.A.S., y el contratista de las obras, Oscar Daniel Garzón Forero.

El propio Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, el 22 de junio del año en curso, había solicitado a la Gerencia del Magdalena “disponer del recurso humano necesario para asumir el conocimiento de este asunto, que reviste la mayor importancia para la sociedad”. Así mismo, “total compromiso y dedicación, actuando con la mayor celeridad y rigurosidad”.

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