La Contraloría General de la República adelantó un estudio sobre los recursos públicos que son administrados por las fiduciarias del país, y puso en evidencia que durante el periodo 2010–2016 permanecieron inmovilizados en fiducias recursos públicos por $3,21 billones en promedio anual, lo cual muestra una gran deficiencia en la gestión de estos dineros.

La cifra resulta reveladora si se tiene en cuenta que parte de tales recursos se hubieran podido utilizar para financiar programas y obras en sectores vulnerables, donde se han identificado amplias necesidades de inversión, tales como: vivienda, agua potable y saneamiento básico, salud y educación, entre otros.

Basta con anotar que estos $3,21 billones equivalen al presupuesto asignado al sector Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia 2016.

Además , se encontraron otros negocios con permanencias superiores a los 20 años y elevado valor de los recursos, como el Fideicomiso II Magdalena Medio para contrato de concesión con Invías, por $18.650 millones en promedio mensual durante los últimos 7 años”, comentó el contralor, Edgardo Maya Villazón.

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