NUEVAS pruebas adelantará la Fiscalía para seguir avanzando en las investigaciones por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, por las chuzadas a las comunicaciones de dos extrabajadoras de la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, así como por el uso del polígrafo en una de ellas. Todos estos hechos se produjeron después de que la entonces funcionaria denunciara inicialmente el robo de 4.000 dólares de su residencia.
El teniente coronel Dávila apareció el pasado viernes sin vida en su vehículo, en la zona de Teusaquillo en Bogotá, en un aparente caso de suicidio, según lo que señalaba el propio presidente Petro con base en las primeras investigaciones, en donde entre otras se tiene el testimonio del conductor del oficial, quien dijo que éste le pidió que fuera a comprarle una botella de agua, y que cuando regresó delante del él se descerrajó un disparo en la sien; además de las cámaras de seguridad del sector.
Dávila era el jefe de la Sala de Anticipación, ubicada en el edificio de Impuestos Nacionales, a escasos metros de la sede presidencial, en donde en el piso 13 hay equipos de interceptación de comunicaciones, con el fin de prevenir eventuales situaciones que puedan poner en peligro al jefe de Estado.
La Fiscalía investiga si en esta dependencia algunos policías de la seguridad de la Presidencia de la República hicieron las interceptaciones a las dos mujeres que trabajaban para Laura Sarabia: Marelbys Meza, exniñera del hijo de la funcionaria y otra colaboradora que realizaba labores domésticas.
Precisamente, la semana anterior, agentes del CTI de la Fiscalía llevaron a cabo una inspección a la Sala de Anticipación.
En la indagación por la muerte del teniente coronel Dávila fueron citados por la Fiscalía a declaración jurada el abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República.
El llamado por parte del organismo público a Del Río se da después de que tras la muerte del oficial, el abogado dijo en Twitter que éste lo había contactado para pedirle ayuda, pues, supuestamente era perseguido.
“Un hombre valiente que quería defender y que me buscó pidiendo ayuda. Su gran temor era la persecución por parte de Fiscalía”, dijo Del Río.
Agregó que “el día 6 (de junio) se hizo una inspección en el piso 13 frente a la Casa de Nariño atendida por él (Dávila) donde fue amenazado. El día 8 me reuní con él y me dio detalles de la amenaza y la persecución”.
Aseguró el abogado que “el jueves pasado me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación”.
Del Río, también expresó (ayer) ante la citación que le hizo la Fiscalía para escuchar su declaración, que “no tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa (Francisco, el fiscal general) y los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila”.
Se espera el examen forense de Medicina Legal al cuerpo del oficial, donde debe aclarar las circunstancias de su muerte y si, efectivamente se trató de un suicidio.
El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reiteró ayer que los indicios muestran que el teniente coronel Dávila se suicidó.
“Todos los elementos recogidos en la escena, ‒lo que hemos podido conocer‒, nos llevan a esa afirmación. Había cámaras en el sector, la Fiscalía recuperó los vídeos, hubo una inspección al vehículo, hubo entrevistas, etcétera. Todo lo que se realiza en situaciones como esta y por todo ese conjunto es que afirmamos que se trata de un suicidio”.
EL NUEVO SIGLO preguntó a Medicina Legal cuándo entregará dicho informe, respondió que lo enviarán directamente a la Fiscalía para anexarlo a la investigación.
Por la interceptación ilegal a las líneas de la exniñera y una extrabajadora de servicios domésticos de la exjefa de gabinete de la Presidencia, la Fiscalía indaga la posible configuración de los delitos de fraude procesal, falsedad en documentos públicos y violación ilícita de comunicaciones.
Por este caso fue citado a interrogatorio, el 15 de junio, el capitán de la policía Carlos Andrés Correa Loaiza.
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El polígrafo
Tras la denuncia que hizo Sarabia en enero pasado ante la Fiscalía por la pérdida de 4.000 dólares, que explicó, correspondían a los viáticos que le pagaba la Presidencia por los viajes en que acompañó el jefe del Estado, personal de seguridad de la Casa de Nariño decidió llevar al polígrafo a Marelbys Meza, quien hace unas semanas declaró a medios que la condujeron contra su voluntad y la intimidaron diciéndole que era una ladrona y que allanarían su casa, a pesar de que ella insiste en que no cogió esa plata.
La Fiscalía informó que por el posible uso irregular del polígrafo al servicio de la Presidencia de la República se abrieron dos líneas de investigación distintas para establecer si se configuraron los delitos de abuso de autoridad, peculado por uso, entre otros.
“En uno de esos frentes investigativos fueron citados a interrogatorio el capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de Oficina de Polígrafo; el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, poligrafista; y el coronel Carlos Alberto Feria. Las diligencias están previstas para el próximo 21 de junio”, detalló el organismo.
También fueron citados a declarar el 20 de junio por este caso Harold Rondón, conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignado a la exjefa de Gabinete de la Presidencia de la República; Andrés Fernando Parra, esposo de Laura Sarabia; y la subintendente Luisa Calle, que hace parte del esquema de seguridad de la exjefa de Gabinete.
Citados Sarabia y Benedetti
La exjefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia Torres, fue citada a entrevista por parte del fiscal que investiga la pérdida de un dinero en su lugar de residencia. El procedimiento está fijado para el 22 de junio.
En tanto que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti Villaneda, fue citado a declaración jurada el próximo 23 de junio, para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del presidente Gustavo Petro Urrego.
Benedetti indicó en unos audios de WhatsApp que le envió a Sarabia, cuando él era embajador en Venezuela y ella jefe de gabinete, que si revelaba sobre más de 15.000 millones de pesos que aseguró consiguió en la costa norte para la campaña, todos irían presos.