Corredores humanitarios en el Darién urge la Defensoría | El Nuevo Siglo
LOS MIGRANTES viven un viacrucis para pasar de un país a otro. /Defensoría
Martes, 15 de Octubre de 2024
Redacción Nacional

LA DEFENSORA del Pueblo, Iris Marín Ortiz, viajó hasta la subregión del Urabá-Darién, territorio que a diario acoge a miles de personas migrantes que pasan por allí antes de adentrarse en la espesa selva.

“Evaluamos lo que está ocurriendo, escuchamos a las comunidades del lugar, a migrantes, a las autoridades, con la finalidad de llamar la atención para que haya una respuesta integral, real y efectiva del Estado”, señaló la defensora.

 

Entre enero y mediados de septiembre de este 2024 fueron casi 305.000 personas con necesidad de protección internacional las que cruzaron el Tapón del Darién (de acuerdo con Migración Panamá). Por ello y como defensora comunitaria en el Urabá-Darién, Narciza Teherán Sierra indicó que la entidad nacional de derechos humanos sigue con el acompañamiento y la atención especializada a las personas migrantes y refugiadas que van en tránsito hacia Estados Unidos.

“Este acompañamiento lo realizamos a través de misiones humanitarias”, y resaltó que los han acompañado hasta la frontera con el vecino país, “lo que nos ha permitido a nosotros tener un contexto amplio de todas estas situaciones que se presentan en ese tránsito por la selva del Darién […], hacer incidencia ante las entidades que tienen correspondencia en garantizar los derechos humanos de esta población”.

Una de las recomendaciones claves formuladas por la Defensoría del Pueblo fue establecer corredores humanitarios que faciliten el tránsito, controlado y seguro, para reducir los riesgos a los que se ven expuestos y proporcionarles protección y atención a través de las rutas que emprenden las personas migrantes.

Igualmente, a través de la Alerta Temprana Binacional, emitida por las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá en abril del 2023, son advertidos los riesgos para migrantes y comunidades en la zona de frontera, donde ejerce dominio territorial el grupo armado ilegal Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el cual impone normas de comportamiento a los lugareños y quienes están en movilidad humana.

Dice Sandra Fernández, presidenta de Asojuntas, encargada de un albergue en Acandí, Chocó −a donde también fue la defensora Iris Marín Ortiz y su equipo de trabajo−, que de paso, expresó su agradecimiento con Dios por la visita defensorial.

“Nos escucharon, se pudieron llevar nuestras peticiones que como comunidad tenemos”, agregó Sandra y dijo que de lo que se trata es de brindarles una acogida y atención más humana a las personas en tránsito, “porque son seres humanos con derechos y merecen ser tratados con dignidad”.

Casos de violencia

De igual manera, se conoció el caso de una joven que salió de su país hace cuatro años, siendo menor de edad, huyendo del abuso, al acoso y al maltrato. Sin embargo, esos episodios de violencia la siguieron hasta Colombia, donde volvió a vivir el mismo infierno.

Su coterránea Yaneth Mar, también desde una de las playas de Necoclí, en Antioquia, afirmó cómo ser migrante le ha traído problemas a ella y los suyos: “tengo un hijo de diez meses, lo tengo durmiendo acá en la calle, en situación de playa, me le ha dado conjuntivitis. Para mí, no son condiciones humanas”.

Al llevar varias semanas varado en la misma población antioqueña, el venezolano Damián Marín, que no ha tenido dinero para el pasaje en lancha que lo lleve hasta Acandí o Capurganá (Chocó) (al otro lado del golfo de Urabá), se toma la vocería por quienes tienen el mismo propósito de continuar su camino hacia Norteamérica. “Hay muchos niños, niñas, personas que están pasando necesidades, enfermedades, personas en situación de discapacidad, mayores, adultos, bebés de meses, enferman mucho, llueve”, indicó Marín.

El problema es que únicamente les venden el paquete completo, el cual tiene un valor de 350 dólares por persona, el equivalente a 1.470.000 pesos colombianos. Incluye, además del pasaje a alguna de las dos poblaciones chocoanas, derecho a albergue y la guía hasta un punto fronterizo selvático entre Colombia y Panamá.

Además, dijo que él y sus compañeros lo único que desean es que el destino no les continúe siendo esquivo, “porque no nos quieren más en la playa. Nos viven sacando. Lo que queremos es irnos, que nos manden una ayudita para irnos, de corazón”.