La liberación de miembros de la 'Primera Línea' para ser gestores de paz, como lo anunció el Gobierno Nacional, ya tendría los primeros problemas judiciales, como lo señaló la Procuraduría.

A través de una carta, la procuradora Margarita Cabello dio a conocer que existirían irregularidades al momento de la liberación de Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo.

Según la funcionaria, la persona que firmó la carta de libertad de las dos personas de la 'Primera Línea', detenidos por desmanes durante el Paro Nacional, no tenía competencia para hacerlo.

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"En la orden de libertad otorgada a los voceros de paz la semana pasada, encontramos nosotros que quien la firmó es la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, persona que en principio, consideramos, que no tiene competencia para ello, y por eso estamos haciendo las primeras averiguaciones si tenía o no competencia para hacerlo", decía el documento de Cabello, enviado a Jorge Luis Trujillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

Agregó la procuradora que "a nuestros funcionarios no se les permitió entregar información, y tampoco fueron citados para actuar ante el juez respectivo y emitir la opinión correspondiente que deberíamos haber dado".

También denunció que el ministerio público no tuvo oportunidad de obtener información durante el trámite de liberación: "La citada funcionaria judicial tampoco convocó al Ministerio Público a dicho trámite, pero lo que aún es peor, le negó cualquier tipo de información al respecto, lo cual le impidió ejercer su papel oportunamente".

Dejó claro la Procuraduría que seguirá atenta al proceso de las dos personas que recobraron su libertad, en caso de encontrar irregularidades.