La Contraloría General de la República determinó 2 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $14.981 millones, por irregularidades detectadas en contratos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC.
Las anomalías se evidenciaron en cobros relacionados con la prestación del Servicio ininterrumpido de Vigilancia Electrónica para las Personas Privadas de la Libertad, PPL, con detención domiciliaria, prisión domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad (SVE) a nivel nacional, que está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, NPEC.
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El hallazgo de mayor cuantía por $14.652 millones, se determinó luego de una visita efectuada al Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual -CERVI, donde se solicitaron los archivos soportes en formato Excel y PDF, de la facturación y pago de todos los meses de 2022, y como resultado se encontraron registros que corresponden a cobro por servicio diario de monitoreo correspondientes a dispositivos inactivos, pero que se consideraron “efectivamente monitoreados”.
Esto ha sido ocasionado porque el código fuente, que genera estos reportes y que constituye el soporte para el cálculo del monto de facturación mensual del servicio, no ha sido examinado, ni verificado, por parte de la Interventoría; evidenciando deficiencias de seguimiento y control en las labores de la Interventoría, y la Supervisión.
Como consecuencia, se han efectuado cobros por parte del contratista y pagos avalados por la interventoría por concepto de servicios de dispositivos inactivos, que no corresponden con lo establecido contractualmente. Esta observación se configura como hallazgo con presunta connotación disciplinaria y fiscal.
Además de estos hallazgos, la Contraloría identificó 34 hallazgos administrativos en total, de los cuales 7 podrían tener implicaciones disciplinarias y 2 muestran un daño al patrimonio público por casi $15 mil millones. Todos estos casos serán remitidos a las instancias correspondientes para su debida investigación y trámite, según la entidad.