Organismo de control envió copia del estudio a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía 

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Más de 30 incumplimientos en el manejo del relleno de Doña Juana por parte del concesionario CGR, “que generan un grave perjuicio para la salud de los habitantes del sector, un incalculable daño ambiental y unas condiciones de habitabilidad indignas para un ser humano”, encontró la Personería de Bogotá.

Señala el organismo que mientras que los habitantes de la zona tienen que soportar olores nauseabundos y una nube de moscas por los incumplimientos, se detectó que algunas facturas fueron pagadas por la UAESP al contratista, sin aval de la interventoría. Por las múltiples irregularidades detectadas se envió copia del informe a la Contraloría Distrital, Procuraduría y Fiscalía.

Se determinó la existencia de un estudio de la Universidad Nacional que señala que el relleno está sobre una zona de reserva natural (páramo), hecho prohibido por la ley, así como sobre un sector de recarga acuífera (agua).

“Se evidenció que no controlaron totalmente aparición de roedores, moscas, olores, tratamiento de lixiviados, residuos, control de gases, fumigación constante y aplicación de cal, como estaba previsto en el contrato. Desde hace varios años no cuentan con un permiso de vertimientos, realizando esta acción de manera irregular sobre el río Tunjuelo”, señala el estudio.

Agrega que desconocieron la medida de compensación relacionada con la siembra de 10.000 árboles, meta que solo llegó a un 0.17% en 2016 y va en un 10.28% en 2017; ni se presentó una solución que garantizara la desaparición gradual de 300.000 toneladas de residuos mixtos.

“El Relleno incumple con el perímetro de no habitabilidad de personas en un tramo mínimo a un kilómetro. Desde 2014 debían adquirir los predios señalados como franja ambiental, pero a la fecha no se han llevado acabo, por el contrario, algunas de estas zonas de protección inhabitables están ilegalmente pobladas. Tampoco se ha realizado la adquisición de los bienes inmuebles donde se encuentran las fuentes hídricas con las que se alimentan los acueductos veredales”, dice la Personería.

Entre tanto, los  aforos y tomas de muestras de la calidad del agua cruda de los acueductos comunitarios no se realizaron en 2014 y 2015, por parte de la EAB. Los incumplimientos en los muestreos y monitoreo de la calidad del aire, por parte del concesionario, imposibilita conocer los nuevos contaminantes y los riesgos para la salud.

Indica que de 2012 a 2016, de la meta del Plan de Desarrollo de reducir el 30% los residuos sólidos transportados y dispuestos en el relleno, solo alcanzó un 0.13%; y de la tarea de aprovechar el 20% del volumen de residuos sólidos recibidos, lograron el 8.54%. No se cumplió la meta de la localización de zonas para el manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición de residuos, cuyo nivel de avance fue de 33.33%, a 2016.

Al evaluar los indicadores formulados para la disposición final se encontró que no existe ningún proceso que cerciore la aceptabilidad del prestador del servicio, ya que las labores realizadas corresponden a un tercero (CGR), encargado de trabajar temas de compactación, represamiento, cobertura y aprovechamiento. Tampoco se atendieron las recomendaciones de la interventora, al momento de solicitar a la UAESP el inicio de procesos sancionatorios por incumplimientos del contratista.

La Personería detectó que no se encuentran soportes en algunas facturas canceladas al concesionario que indiquen que la interventoría avaló la realización de esos pagos, no obstante, la UAESP realizó los giros de recursos.

La Unidad no cuenta con hojas de vida de indicadores completamente diligenciadas para las diferentes acciones establecidas en su Plan de Acción, lo que no permite observar el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos, generando una falta de garantía en la evaluación y seguimiento a su gestión.

“Hay incoherencias en el registro de los datos por parte de la UAESP que evidencian incumplimiento. Increíblemente, la Unidad Administrativa no conoció el estado financiero del concesionario, lo que impacta el incumplimiento de sus deberes y obligaciones”, dice.

Explica que no se realizó la actualización del estudio epidemiológico para determinar la incidencia de las enfermedades infecciosas ni el censo para saber las necesidades de la comunidad y protegerlos en caso de urgencias o desastres. Hace ocho años no se hacen.

“Se incumplió el deber de realizar el 100% de cobertura del servicio de alcantarillado de las veredas Mochuelo Alto y Bajo, a la fecha solo construyó un pequeño tramo. Se benefició solo a 20 niños del sector, de un total de 120 para estudiar en el jardín infantil “El Aliso del Mochuelo”. Los demás 100 cupos fueron designados a alumnos de otras zonas. No construyó un jardín infantil en el barrio Paticos”, prosigue.

La UAESP tenía proyectado recibir $28.000 millones, a enero de 2016, de la venta de los bonos CER’s (certificados de la reducción de emisiones), pero solo recogió $5.000 millones, lo que no permitido cumplir con el Plan de Gestión Social para la recuperación territorial, social, ambiental y económica de la zona de influencia del relleno.

“No se cumplió con el programa de proyección poblacional que certifica las inmigraciones y emigraciones del sector por parte del concesionario, ni se elaboró un diagnóstico participativo para conocer las necesidades de las nuevas comunidades, ni se realizaron las múltiples capacitaciones técnicas programadas”, reseña.

En general, la Personería encontró que aún está en vilo la solución al sistema de tratamiento, tecnología, ubicación de los residuos y una óptima preservación del ambiente, además, continúa violando los derechos fundamentales de la población que habita en la zona.